Ya no discuten las medidas ni tienen ninguna fuerza electoral que traslade con posibilidades de imponerse los preceptos que resguarden sus negocios y proteja a sus directivos procesados y acusados de hasta delitos de lesa humanidad.
Para colmo, algunos partidos políticos se dan cuenta del perjuicio en el cual incurrieron y se están animando a desprenderse de su agenda y extorsiones. Ante tanto consenso, arrecian las denuncias de corrupción K, ese placebo para los desprevenidos y por el que, a la vez, es necesario aclarar: si hay un funcionario corrupto, debe ir preso. Pero no por medio de campañas orquestadas sin pruebas, para luego acusar a la Justicia de corrupta cuando emita el previsible fallo de absolución o cierre de causa directamente ante la ausencia de alguna prueba de valor judicial, no un armado forzado como el de anoche en lo de La Nata para acusar a gente que tuitea (como si fuera un delito y convirtiendo una práctica habitual -uso de "fotos falsas" como avatar- en indicio de un tufillo reprochable). En eso están. Les importa Twitter y "la corriente de opinión que provoca", en palabras del showman estrella de Magnetto, el débil.
Y todo termina en que es bancado por nuestra plata, como si los medios privados también no lo fueran (desde pauta oficial hasta la compra de los productos de las marcas que en ellos publicitan, para no hablar de la legítima elección de un gobierno de cómo administrar los fondos públicos y qué política de comunicación seguir). Otra vez: la pureza de lo privado, lo indigentemente sucio de lo público.
Hoy Clarín continúa con esta saga de Corrupción Total para demonizar los logros de la administración K: "Una extraña empresa, formada por tres santacruceños que aportaron dinero para la campaña presidencial de Cristina Kirchner y estarían vinculados al ministro de Planificación Julio De Vido, será la encargada de levantar 10.000 viviendas en Venezuela , en el estado de Carabobo. El proyecto se anunció el 1° de diciembre de 2011, en un emotivo acto entre la presidenta y su par venezolano Hugo Chávez. Pero podría convertirse en un escándalo por una sencilla razón: cuando se realizó el anuncio, la empresa beneficiada todavía no existía. Tuvo que ser creada días después".
Por supuesto que va el informe sobre el programa de La Nata de anoche (¿se dan cuenta? Clarín y La Nación, cada domingo ponen a un empleado a hacer una crónica sobre un programa de tele...) y ahí pegadita nomás otra denuncia: "El 14 de diciembre, el ministro Julio de Vido informó que tres consorcios presentaron sus ofertas para la construcción de la represa Garabí-Panambí, el ambicioso proyecto hidroeléctrico que se ubicará en el tramo del río Uruguay compartido entre Argentina y Brasil. Dentro de uno de esos tres competidores figuraba la misteriosa Consular SA, integrada por los agrimensores santacruceños seleccionados también para construir viviendas en Venezuela. Cuando el 8 de marzo se completó el proceso de preadjudicación, resultó ser este grupo el elegido.
“Nosotros ya sabíamos el resultado de ese concurso”, reveló con resignación un empresario que intentó competir con el Consorcio Energético del Río Uruguay, que además de Consular y Latinoconsult se integró con Engevix Engenharia SA, Grupo Consultor Mesopotámico, IATASA e Intertechne Consultores SA. El proyecto Garabí-Panambí, ideado en 1972, tendrá un costo para ambos estados de 4.600 millones de dólares".
Mientras reitero que es necesario investigar estos hechos (si corresponde), pongo el acento en la preponderancia adrede de estos titulares por arriba de cualquier otro (van der Kooy lo escribía ayer: "Esto de YPF ya va a pasar"). Y La Nata no está solo en esta patriada que busca refundar el periodismo de denuncia de los 90's junto a TNmbaum, época en la cual no había una adscripción a la política como motorizadora y vehiculizadora de cambios de la vida cotidiana sino todo lo contrario. Inclusive, periodistas de esta línea son los que repetían el "no te metás en política" y circunscribían (circunscriben) la participación política a denuncias en la Defensoría del Pueblo o a la creación de una ONG defensora de los Derechos del Consumidor.
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