Las distribuidoras, con aval del Poder Ejecutivo Nacional, han comenzado a cortar el servicio público de gas a hogares que no lo pueden pagar. Los primeros casos se vieron en la provincia de Mendoza, en lo que es una flagrante violación al fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que obliga a las licenciatarias de distribución del servicio de gas por redes a abstenerse de realizar cortes en el suministro ante imposibilidad de pago por parte de los usuarios en todo el territorio nacional.
Según informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante la Cámara de Diputados, desde enero de 2017 y hasta febrero de 2019 fueron dados de baja en la provincia de Mendoza unos 1.476 usuarios del servicio de gas natural por redes. Añadió que dicha provincia registró durante 2018 unos 8.991 cortes en el suministro, de los que sólo se restablecieron 7.213 -esto es, el 80 por ciento del total-, quedando un 20 por ciento restante aún sin conectar.
¿Los motivos? Por un lado, razones de seguridad (fallas de técnicas y de instalación), por el otro, facturas impagas. ¿Qué significa lo anterior? Nada más y nada menos que el reconocimiento oficial de un impune delito cometido por las distribuidoras gasíferas. Al admitir la sucesión de cortes por falta de pago, Marcos Peña -y con él todo el Ejecutivo Nacional- está dejando al descubierto el accionar ilegal de las empresas, entre ellas, Ecogas, propiedad del amigo presidencial, Nicolás 'Nicky' Caputo, según denunció el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo.
Sergio Procelli, abogado y representante legal de Consumidores Argentinos, advirtió que "actualmente se encuentra vigente la medida cautelar del expediente "Consumidores Argentinos - Asociación para la Defensa, Educación e información de los consumidores c/ P.E.N. y otros s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" que prohíbe los cortes de gas a las distribuidoras de todo el país. Esta cautelar, que inicialmente tuvo un plazo de 90 días, fue ratificada el 4 de junio de 2018, y sin plazo de finalización considerado. La misma se encuadra en una problemática de atención a los más vulnerables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 inciso 2 de la ley 26.584, que establece que cuando hay sectores vulnerables involucrados la cautelar puede extenderse más allá del límite de los 90 días". -¿Qué debe hacer el usuario si le llega el aviso de corte o le han cortado el servicio?
-Es la empresa distribuidora la que debe demostrar, si pretende cortar el servicio por falta de pago o deuda, que la persona está en condiciones de pagar y que su incumplimiento no es producto de su vulnerabilidad. Para eso debe elaborar una información sumaria respetando el derecho del usuario a exponer su situación, de manera previa y respetando incluso el proceso que el reglamento del usuario establece. Cualquier corte que se haga sin respetar este proceso es violatorio de la medida cautelar y factible de ser sancionado con multa de entre mil y cien mil pesos. Para el caso de que se hubiere procedido el corte, debe solicitarse la reinstalación con costos para la empresa. -¿Cómo pueden denunciarse los incumplimientos a la cautelar de parte de las distribuidoras?
-Desde Consumidores Argentinos hemos instalado un link en nuestra página para que nos acerquen los casos y poder adjuntarlos al expediente por incumplimiento. También se puede consultar la Red Nacional de Multisectoriales contra el tarifazo.
"El juez Bonadio tuvo una causa en contra de los dueños de este diario, que tuvieron que recusarlo. Fueron víctimas de todas las mismas cosas que pasan (con Cristina Kirchner). En ese momento, el diario se encolumnó diciendo que era una barbaridad la actuación del juez Bonadio porque había violado una de las garantías básicas que es la de juez imparcial. ¿Por qué a unas personas esas garantías se les tienen que respetar y a otras no?", preguntó Carlos Beraldi, abogado de la ex primera mandataria, de visita en La Nación+, el canal del matutino porteño.
De esa forma, el facultativo recordó cuando Bartolomé Mitre y Julio Saguier, director y presidente del directorio de La Nación, fueron procesados por Claudio Bonadio luego de que el ¿ex? espía Jaime Stiuso los denunciara por opiniones vertidas en columnas editoriales que cuestionaron la actuación de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) en la causa por el atentado en la AMIA. Bonadio tuvo a su cargo el expediente por las fallas en la investigación del ataque a la mutual judía hasta que lo apartaron por serias irregularidades. Varias columnas de La Nación cuestionaron, a lo largo del tiempo, el desempeño de "uno de los jueces más denunciados en el Consejo de la Magistratura", lo califica el diario al festejar, en 2009, que la Cámara Federal acababa de apartarlo de la demanda empezada por Stiuso.
En su fallo sobre la recusación contra Bonadio, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler consideraron que estaba en juego la garantía que tiene todo ciudadano a ser juzgado por un tribunal imparcial. En la práctica, esa garantía se ve vulnerada, explicaron, siempre que "existan motivos que justifiquen la desconfianza" de los acusados en el juez. Ese temor de parcialidad -completaron- "no puede ser mitigado o neutralizado por otros medios que no sean el apartamiento del magistrado".
La Cámara sostuvo además que la propia conducta de Bonadio, que no había aceptado la recusación, fortaleció la postura de la defensa. "El tono escogido por el doctor Bonadio para ventilar las dudas que sobre él se dijo tener no hizo más que robustecerlas", afirmaba el fallo.
Cristina Kirchner, en 2016, advirtió "cómo ha cambiado la opinión de estos medios periodísticos sobre su actuación cuando no son ellos las víctimas de sus arbitrariedades", en referencia a Bonadio, a quien recusó por "enemistad manifiesta".
David Jiménez se curtió cubriendo guerras, desastres y revoluciones durante casi dos décadas antes de ser nombrado director de El Mundo (España). En un libro de reciente publicación, el corresponsal del New York Times (Estados Unidos) ofrece un relato único sobre cómo respira la vida en una redacción —sus personajes, rivalidades, traumas y éxitos—, cómo funciona el juego de favores entre los medios y el poder y qué precio pagan quienes se niegan a participar en él. Presidentes, reyes, ministros, banqueros, capos del dinero, comisarios y periodistas protagonizan esta crónica sobre los secretos inconfesables del periodismo y los hilos que gobiernan España, que puede servir de referencia para analizar qué sucede en Argentina con esas mismas relaciones.
Aquí, uno de los capítulos más descarnados del libro de Jiménez:
"Los periodistas ni siquiera podíamos acogernos a la excusa de la necesidad: todo había empezado cuando la prensa vivía en la abundancia y los regalos de empresa colapsaban cada Navidad los servicios de mensajería de las redacciones. Jamones, cajas de vino, puros Montecristo, tarjetas regalo de El Corte Inglés y cestas con caviar incluido se acumulaban junto a las mesas de los redactores jefe y en los despachos del 'staff'. Entre las anécdotas legendarias del oficio, uno de los grandes veteranos contaba el día que una conocida marca de electrodomésticos obsequió con un televisor a cada uno de los asistentes a una rueda de prensa. Al final del reparto sobraba uno, así que un compañero preguntó si podía llevárselo también.
Y se marchó con dos televisores. Las comidas gratis en los mejores restaurantes, los coches prestados indefinidamente y los créditos a intereses inimaginables para el resto de los mortales estaban a la orden del día. Un ex consejero del Banco Popular me contó que la política de la empresa era «tener contentos a los periodistas de Economía» con hipotecas por debajo del mercado, para asegurarse una cobertura amable. El banco terminó yéndose a pique tras haber mantenido durante décadas la imagen de ser el mejor gestionado del país.
Era un sistema en el que los jefes se llevaban la mejor parte del botín, pero donde siempre había algo para la infantería. —¡Viaje por la jeta a Tanzania! —gritaba alguien en mitad de la redacción—. ¿Quién lo quiere? —¡Comida en el Ritz! —¡Rueda de prensa de una marca de relojes: igual cae uno!
Llegó un momento en que el diario tuvo que recordar a los redactores que aquellos viajes contaban como vacaciones y no como coberturas, por mucho que al volver se escribiera una crónica al dictado de la oficina de turismo.
Aunque la crisis había terminado con la barra libre, la fiesta continuaba para la aristocracia del oficio. Los periodistas estábamos tan convencidos de nuestra excepcionalidad, de formar parte de una casta privilegiada que merecía un trato preferencial, que una de las reporteras más célebres del país, que en su día había trabajado en 'El Mundo', llamó en una ocasión a la Comunidad de Madrid para pedir que enviaran a los bomberos a su casa porque se había dejado las llaves dentro. Cuando le sugirieron que avisara al cerrajero, se sorprendió como solo podía hacerlo alguien que perteneciera a un gremio que había perdido todo contacto con la realidad: —Eso me costaría una pasta.
Todo aquel mundo de ventajas había empezado antes de mi marcha como corresponsal a Asia, pero durante mi ausencia se había desmadrado. Los sobresueldos para informadores estaban ahora a la orden del día, pagados por agencias de comunicación, clubes de fútbol, partidos políticos y grandes empresas como Telefónica, que durante la presidencia de César Alierta llegó a tener subvencionados a 80 de los más conocidos informadores del país. (…) Comprarse un periodista no era posible en España, pero como dice el dicho afgano sobre la corrupción: del alquiler se podía hablar. (…)
En mitad de la precariedad, y con miles de despidos en las redacciones, una tertulia podía bastar para ganarse a un periodista. Moncloa forzaba el despido de periodistas incómodos, utilizaba la publicidad institucional para castigar a los desobedientes y controlaba las tertulias políticas en radios y televisión, que se habían convertido en el principal centro de debate del país y tenían grandes audiencias.
El control del Gobierno de Mariano Rajoy había llegado a tal punto que sus dos principales facciones, lideradas por la vicepresidenta Santamaría y la secretaria del partido, María Dolores Cospedal, batallaban por colocar en las tertulias al mayor número de afines para atacarse mutuamente, prueba de que en política el fuego más letal es siempre amigo. Era una guerra donde se humillaba al tertuliano enviándole mensajes con las consignas a repetir, se exigían lealtades ciegas y se destruían o promocionaban carreras a capricho, incluidas las de algunos de Los Inspirados, la nueva generación de columnistas que se abría paso imitando a sus mayores.
Una de las encargadas de mantener el reparto mediático entre las familias del poder era la secretaria de Estado de comunicación Martínez Castro, conocida como el bulldog de Moncloa por las broncas que echaba a directores de medios y periodistas. Sus mensajes eran legendarios en el oficio y no tardé en recibir el primero de ellos quejándose por una viñeta en la que nuestros humoristas gráficos, Gallego & Rey, bromeaban sobre la vinculación del presidente Rajoy con la corrupción del partido. —¿Qué sentido de actualidad —decía la secretaria de Estado de Comunicación en un texto al que le faltaban tildes—, qué alusión a algo noticioso, qué golpe de humor tiene esta viñeta? Yo sólo veo ganas de denigrar al presidente, sin la menor justificación ni en su conducta ni en la actualidad.
Cuando comenté el mensaje con el 'staff' me dijeron que les parecía suave. Lo normal era que Castro incluyera insultos, pero no debía tener aún suficiente confianza conmigo y me trataba con "cariño". Hacía 18 años que no ejercía el periodismo en mi país, pero habían bastado unos días para entender que algo fundamental había cambiado en mi ausencia. El poder había dejado de temer a la prensa y ahora era la prensa la que temía al poder. (…)
Algunos capos del periodismo capeaban la crisis aparcando las sutilezas para abrazar directamente lo que en las redacciones se conocía como el periodismo de trabuco. El sistema sostenía a nuevos diarios digitales que operaban haciendo a empresas e instituciones públicas ofertas que no podían rechazar: o ingresaban una determinada cantidad de dinero en publicidad o serían golpeados con informaciones comprometedoras, a menudo inventadas.
La primera vez que supe de la existencia del periodismo de trabuco fue a través de dos directivos de un gran banco, que se me quejaron amargamente de tener que pagar mordidas publicitarias. Cuando sugerí que denunciaran la situación, o incluso que me aportaran las pruebas para que lo publicáramos en 'El Mundo', me miraron sorprendidos: —Todo el mundo paga —dijo uno de ellos. —¿Todo el mundo? —Piensa que para una gran empresa no es dinero, unos pocos miles de euros. Pero las consecuencias de no hacerlo pueden ser graves si propagan un rumor que dañe la imagen de la empresa o de su presidente. (…).
Los Acuerdos, como se conocían los pactos negociados por la prensa tradicional con las grandes empresas al margen de las cifras de audiencia o el impacto publicitario, nos habían salvado de la ruina durante la Gran Recesión. Era un sistema de favores por el que, a cambio de recibir más dinero del que les correspondía, los diarios ofrecían coberturas amables, lavados de imagen de presidentes de grandes empresas y olvidos a la hora de recoger noticias negativas.
El grado de sumisión dependía, en el caso de la prensa escrita, de la beligerancia de la empresa y de la capacidad de resistencia del director de turno. Ahora que me encontraba en el otro lado de la barrera, me preguntaba si mantendría mi decoro periodístico con la misma determinación que cuando era un simple reportero sin responsabilidad en la marcha del periódico. El diario vivía la situación financiera más delicada de su historia y no podía permitirse perder las campañas de sus principales anunciantes.
Al principio opté por mantener una distancia con los grandes capos del dinero que me ahorrara dilemas morales. No se trataba de eludir el contacto, sino de evitar que esas relaciones tuvieran una cercanía que comprometiera nuestra cobertura del Ibex. La línea no era nítida, pero parecía evidente que ir a las bodas de las hijas de sus directivos, tomar el sol en la cubierta de sus yates o dejar que te pagaran viajes de lujo suponía cruzarla.
Con el tiempo acepté encuentros con varios presidentes de grandes multinacionales, tras asumir que no podía escapar del papel institucional que se esperaba de mí. No tardé en darme cuenta de que no servía. Una de mis primeras citas con el poder económico fue un desayuno con el presidente de una multinacional energética, que hizo una encendida defensa de la independencia del periodismo, asegurando que 'El Mundo' era un periódico necesario que políticos y empresarios querían acallar. Pero no él, según me dijo. —Vaya —pensé—. He aquí un tipo con el que quizá podría llevarme bien.
La reunión tocaba a su fin y mi anfitrión concretó sus halagos en mí, asegurando que mi proyecto era importante y que quería ayudarme. —¿Hay algo que pueda hacer por ti?
Me quedé en silencio, sin saber si debía pedir que redujera la factura de la luz de San Luis, un millón de euros adicionales en publicidad o información confidencial sobre los expolíticos —incluidos los expresidentes Felipe González y José María Aznar— que habían cobrado de los consejos de administración de empresas energéticas sobre las que habían legislado. —Hmmm… Nada, gracias —dije tras un largo silencio. Mi anfitrión insistió: —Sé que lo estáis pasando mal y creo que debemos apoyar a un director joven y moderno como tú, sobre todo ahora que arranca tu proyecto. ¿Seguro que no hay nada que pueda hacer por ti? ¿Algo fuera de Los Acuerdos?
Volví a declinar la oferta y durante el viaje de regreso me pregunté si no había hecho el gilipollas. Podía haber sacado algo y, si más adelante me pedía un favor, recordar su encendida defensa del periodismo independiente.
Empecé a padecer el incordio de las llamadas de la élite económica del país, porque una vez te conocían podías estar seguro de que llamarían. Sus peticiones me parecieron bastante inocentes al principio. Borja Prado, el presidente de Endesa, de quien me habían advertido que era clave en mi supervivencia porque era «el hombre de los italianos en España», llamaba para pedir ser incluido en 'Vox Populi', la sección de las páginas de Opinión en la que sacábamos una foto tamaño carnet de personajes del día, con una flecha para arriba o abajo y un comentario elogioso o crítico sobre algo que hubieran hecho.
Me costaba entender que alguien que ganaba una fortuna y dirigía una multinacional con miles de empleados le diera importancia a aquel pedacito de periódico, pero ni era mi trabajo resolver los misterios insondables del ego humano ni me causaba mayores problemas satisfacerlo: dos centímetros del diario difícilmente me comprometían a nada. Pablo Isla, presidente del imperio Inditex y Zara, pidió en una ocasión si podíamos llevar más discretamente una noticia sobre su hijo Santi, que tenía una banda de rock y el humor de haber llamado a su anterior grupo Sin Blanca. «Por preservar la intimidad de la familia». Me pareció bien, porque la información había estado toda la mañana en la portada de la web y no era relevante. Otros presidentes se limitaban a enviar un mensaje los días que tenían Junta de Accionistas, pidiendo que por favor recogiéremos la noticia de sus resultados. Sabía que tarde o temprano tendría que lidiar con peticiones más comprometedoras y batallas más importantes.
La mayor de ellas no tardó en llegar.
El más poderoso entre los presidentes del Ibex era César Alierta. Había construido un formidable entramado de poder e influencia utilizando Telefónica, una de las grandes empresas del país, como su cortijo personal. Se podía caminar por los pasillos de las plantas nobles de su sede y ver en las puertas de los despachos los carteles con los nombres de sus colocados: exministros tanto del PP como del PSOE (Trinidad Jiménez o Eduardo Zaplana), familiares de dirigentes políticos (Iván Rosa Vallejo, marido de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría), cercanos a la realeza como el ex jefe de la Casa Real Fernando Almansa e incluso la realeza directamente. El cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin, fue enviado por Alierta a Washington con un generoso sueldo en cuanto empezó a tener problemas con la justicia.
Me costaba entender que alguien que ganaba una fortuna y dirigía una multinacional con miles de empleados le diera importancia a aquel periódico Tener una larga lista de empleados vip no solo engrasaba los contactos del presidente de la corporación con el poder, sino que enviaba a futuros candidatos la señal de que también a ellos podía esperarles un despacho con sueldo de seis cifras — siete, incluso— si se portaban bien. Alierta había organizado, además, una asociación de grandes empresarios que, bajo el inofensivo nombre de Consejo Empresarial de la Competitividad, había sido concebida en 2011 como un poder fáctico en la sombra. Entre sus impulsores estaban, aparte del presidente de Telefónica, el entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín; el hombre fuerte de La Caixa, Isidro Fainé; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el del BBVA, Francisco González.
El Ibex era un enemigo que no querías tener. Yo estaba a punto de sumarlo a una lista que empezaba a ser demasiado larga".
"Comportamientos culturales que cuestan erradicar", se había quejado esta semana, antes de irse a Alta Gracia (Córdoba) a descansar, agobiado por tantos malos pronósticos y ex sumisos que ahora se le animan hasta con su candidatura presidencial.
La banca del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo, le permite maniobrar en medio de la tormenta y seguir haciendo lo que más les gusta a sus asesores más cercanos: despotricar contra el kirchnerismo y su herencia cultural, depositaria de todas las excusas para el fracaso que nunca se va a admitir.
Nada puede hacerse en lo que queda hasta las elecciones, sólo tratar de conformar a los socios radicales para que no retiren la red de comités en todo el país. El fixture provincial le va a seguir dando malas noticias, sólo maquilladas por los medios coautores de uno de los timos más fabulosos de los últimos tiempos.
La ocurrencia no es nueva pero sí atrevida y sin miramientos hacia los sufrimientos que está padeciendo gran parte de la sociedad argentina: seguir entreteniendo con el juguete K, mientras todo se desmorona, no acercará soluciones a la administración de la cosa pública, pero sí consuelo a seguidores y alimento al relato diario de que en el país, si pasan cosas malas, siempre será culpa de los chorros K que se robaron todo, incluso el récord de riesgo país, o que al vecino de cualquier punto del país le quede a más de 200 kilómetros poder conseguir el asado a 149 pesos.
Asignarle a los K una dosis del (seguro) fracaso de las medidas anunciadas acercaría la posibilidad de experimentar en vivo una campaña del miedo M, ya que no alcanza con asegurar que si vuelve Cristina "cambia la Constitución, y arma a los barras bravas, a su Vatayón Militante de presos comunes, a los motochorros y a grupos de narcotraficantes para que maten a sus opositores", como provocó, en febrero, Jaime Durán Barba en Perfil.
Los malabares de los cerebros de la comunicación presidencial y sus cómplices mediáticos (¿alguno se está bajando?) tienen poco tiempo para reparar en los pesares que les hacen pasar a millones de argentinos, a los que siguen soñando vietnamitizar como en las elecciones del 2015 y 2017, regadas de tantas promesas incumplidas que muy poco se podrá contra-argumentar en los venideros debates a los que tendrá que exponerse el Presidente.
Mientras tanto, el kirchnerismo, en esos mismos lares, se va corriendo de sus extremos, sin dejar de marcar las enormes diferencias entre los Precios Esenciales (?) macristas y los Precios Cuidados K y subrayar que el anuncio en carne de los asustados Sica, Dujovne y Stanley casi no alcanza a 2 novillos por provincia, más allá de la poca disponibilidad de bocas de expendio en todo el territorio nacional.
El periodista Gabriel Sued, esta misma semana y en La Nación, adelantó algunos de los lineamientos en los que supuestamente el kirchnerismo ya está pensando para un eventual tercer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, de la que se quejan los periodistas más anti K por su nuevo silencio, justo en medio de la grave crisis que atraviesa el país: así es más difícil atacarla, más si Comodoro Py comienza a sacar el pie del acelerador en las causas judiciales que comprometen a la ex primera mandataria.
"Con la reactivación de la economía y la recomposición de salarios y jubilaciones como objetivos más urgentes, proyectan un "gobierno de reconstrucción nacional", más parecido al de Néstor Kirchner que a los de la propia Cristina, tanto en su plan económico como en su estrategia de construcción política. "El desafío principal va a ser estabilizar el país, que hoy está desbarrancado, después de casi cuatro años de neoliberalismo", dijeron a LA NACION voceros del Instituto Patria, y afirmaron que existen motivos para esperar una suerte de reedición del primer kirchnerismo. "Las condiciones en que va a quedar el país en diciembre de 2019 son más parecidas a las de 2003 que a las de 2015. Por eso habría que recurrir a políticas más parecidas a las que aplicamos en ese momento", manifestaron, y pusieron como ejemplo el freno al aumento de tarifas. La propuesta actual no es congelar sino desdolarizar el precio de los servicios", escribió el lunes Sued, de buena relación con el kirchnerismo.
Adelantó que no habrá "ministerio de la venganza", como azuzan rabiosos periodistas macristas; tampoco, cadenas nacionales ni "patios militantes"; no se intentará una reforma constitucional que desate nudos liberales que luego terminan ahogando a los gobiernos populares; se abandonará la lucha contra los monopolios, como Clarín, ahora, más grande, luego del intercambio de favores con Cambiemos; tampoco volverá el enfrentamiento con "el campo", luego de que algunos dirigentes se dieran cuenta que "nunca más tenemos que confundir al pequeño y mediano productor de la Argentina con los grandes terratenientes de las cerealeras".
Quien expresa mejor esa "moderación K" es Axel Kicillof, la figura que más retiene el voto de CFK, que aspira a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, más ahora que los intendentes del Conurbano están intentando digerir su enorme popularidad y procedencia extraperonista (hasta se animan a rumorear una fórmula con Verónica Magario, intendenta de La Matanza)
"Y ahora, ¿qué? Desengrietar las ideas para construir un país normal" se llama el libro que acaba de publicar, con entrevistas que le realizan el guionista Pedro Saborido y los periodistas Carlos Pagni, Alejandro Bercovich, Ingrid Beck, Ángela Lerena y Noelia Barral Grigera. En él, AK afirma que "el neoliberalismo de Macri o ser Venezuela no son las dos alternativas que tenemos. Ese es un falso dilema", y no tiene problemas en reiterar que será necesaria una renegociación del acuerdo con el FMI.
"Muchos me preguntan: 'Con este desastre, ¿qué medidas tomarías? ¿Pondrías el cepo?'. Hay que volver a ciertos objetivos y no encolumnarse detrás de un programa de medidas puntuales. El peronismo se ha movido siempre por objetivos, no se ha enamorado de medidas, ni de tiempos exactos. Hay que plantear algunas cosas muy sencillas. Queremos tener industria nacional, que la gente tenga un laburo, que llegue a fin de mes. La enseñanza de 2001 en adelante es que ante una devaluación muy fuerte hay que tener una política fiscal y monetaria expansiva, de lo contrario, no camina. Y Duhalde no lo hizo, lo hizo Néstor", recuerda.
"Yo hablo con varios empresarios arrepentidos, y con ellos nos encontramos a gusto porque uno también está reformulando, haciendo el balance, la autocrítica. Estamos viendo cómo podemos darle a esto una forma que sirva para llegar a acuerdos más fuertes y que se puedan sostener en el tiempo, pese a las naturales tensiones", promete Kicillof, abanderado de lo que un periodista ultramacrista denunció como la operación Santa Cristina, el mismo que encabeza la última arremetida de los cerebros comunicacionales de Cambiemos, cada vez más radicalizados, aunque jueguen con la suerte del país.
En medio del agravamiento de la crisis socioeconómica desatada por las medidas decididas por el Fondo Monetario Internacional e implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, flaquea la denominada causa de los cuadernos, utilizada por el oficialismo para distraer la atención de la sociedad y, a la vez, atacar al kirchnerismo, principal sector opositor del país.
Además de conocerse el revocamiento del procesamiento del dueño de Techint, Paolo Rocca -que se había quejado de que no podía viajar a Estados Unidos-, un grupo de abogados criticó y pidió auditar el polémico mecanismo del “arrepentido”, justo cuando hasta una ex abogada de Leonardo Fariña confirmó que el ex valijero fue guionado por el actual ministro de Justicia Germán Garavano y actuales funcionarias macristas y periodistas antikirchneristas.
La causa que se inició con unos escritos de Oscar Centeno -ex chofer del detenido ex funcionario K Roberto Baratta- llegó a tener más de 30 encarcelados, entre ex funcionarios y empresarios de renombre, pero al menos 20 de ellos ya fueron puestos en libertad, mientras Centeno, el lunes, llevó 9 hojas con nuevos recuerdos que escribió en los últimos días a medida que va recordando, según aseveró.
Hoy hay catorce imputados y procesados en calidad de “arrepentidos”, de los cuales sólo dos están presos: Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, y José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo.
Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex dueño de Iecsa, también era “arrepentido”. Admitió que hizo “aportes a las campañas de 2013 y 2015 del Frente para la Victoria”. Y aseguró que su ex CEO, Javier Sánchez Caballero, pagaba coimas por órdenes suyas. Siempre estuvo libre, y esta semana, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó su falta de mérito.
La última excarcelación fue la de José María Olazagasti, ex secretario del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien continúa detenido procesado por esta causa y otras.
En la actualidad, además, hay en total 12 personas que permanecen en prisión. Entre ellas, el único empresario es el cordobés Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroingeniería, quien viene insistiendo infructuosamente con obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Ferreyra rechazó la idea de convertirse en arrepentido, a diferencia de otros hombres de negocios, porque –dijo– no tiene delitos para reconocer. Por su prisión preventiva no revocada, la familia del cordobés le inició una causa al juez Claudio Bonadio y al fiscal Stornelli por privación ilegítima de la libertad.
“Ferreyra relató que a él le han denegado la excarcelación porque se negó a hablar en contra de los denominados ‘mugrientos’, la expresión que empleó el fiscal Stornelli en referencia a Néstor y a Cristina Fernández de Kirchner”, denunció Eduardo Barcesat, abogado del dueño de Electroingeniería.
Agregó que Ferreyra reiteró ante el juez que “no va a cometer falsedad alguna” para conseguir su libertad, y que “personalmente le es absolutamente inviable tomar una postura de falsía como demandaba el ministerio público (Stornelli) para, en su caso, opinar a favor de la excarcelación. Es decir, una extorsión”.
Además, recordó que Electroingeniería, junto a un consorcio chino, “ganó las licitaciones públicas de las dos mayores obras hidroeléctricas de Santa Cruz, cotizando 800 millones de dólares menos que la empresa ligada al grupo Macri, como Iecsa” y que aún hoy quieren “desplazar a esa UTE para hacerse de las obras públicas”.
La instrucción de la congelada causa está a cargo del juez Bonadio y de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Stornelli fue denunciado por un empresario agropecuario por presunto espionaje ilegal y extorsiones en una asociación ilícita con el falso abogado ya detenido Marcelo D’Alessio y funcionarios y periodistas anti K.
Por ello, Baratta recusó al fiscal y ahora la Cámara Federal porteña debe definir en los próximos diez días si Stornelli continúa en la causa o es apartado.
"Lenín Moreno es el actual presidente de Ecuador. Entre 2007 y 2013 fue, además, vicepresidente de ese país.
Julian Assange es el fundador de "WikiLeaks", un portal que, bajo la bandera de la libertad de expresión, publicó información que a Estados Unidos le parece confidencial, como las atrocidades cometidas en Irak y en Afganistán.
Para el país del norte, Assange es un "terrorista". Lo ha acusado de traición y de difundir documentos secretos poniendo en riesgo la seguridad. A fuerza de verdad, varias autoridades norteamericanas han postulado públicamente que Julian Assange debía morir, así, sin rodeos. En consonancia con ello, las acusaciones formales que le dirigieron en EE.UU. prevén penas que llegan hasta la ejecución pública.
La trama que derivó en su asilo fue compleja. Frente a todas estas imputaciones, Assange pidió protección en Suecia, pero le fue denegada. En el país nórdico, Julian fue víctima de una operación judicial que lo llevó a ser perseguido por dos graves acusaciones: una de violación y otra de abuso sexual. Algo similar a lo que ocurre en Argentina: un fiscal dice que no ha habido delito, corren al fiscal, el que toma nuevamente el caso anula lo actuado con anterioridad y pide su captura.
Assange partió hacia Londres y golpeó las puertas de varias embajadas, que le rechazaron su pedido de auxilio.
Salvo la sede de la República de Ecuador en aquella ciudad, que le dio asilo. La decisión era previsible: Latinoamérica recorría un período de formación de Patria Grande, un proyecto de integración en armonía con el respeto por los Derechos Humanos y la oposición democrática a la hegemonía de las potencias centrales. Rafael Correa era el presidente y Lenín Moreno era el vicepresidente.
Algunos años más tarde, Lenín Moreno alcanzó la presidencia de Ecuador, en representación de ese mismo partido nacional y popular en el que había acompañado a Correa.
Nada hacía prever que Moreno, antiguo militante de la izquierda revolucionaria y promotor de la puesta en marcha del período más intensamente democrático de la historia de Ecuador, tomara -como presiente- el rumbo político que evidenció, desde el primer día, su gobierno iniciado en 2017. Su actuación destacada en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad había merecido reconocimiento internacional. Desde 2013 hasta 2017, Lenín fue parte de programas de inclusión social desarrollados por las Naciones Unidas y la Unesco.
Sin embargo, como un moderno Judas tan sólo impulsado por el afán de poder y de dinero, Moreno viró completamente el timón de su ideología y comenzó a gobernar de forma despótica. A la vez, y porque resulta así de necesario para la implantación del orden neoliberal, suprimió libertades, instaló la censura y multiplicó el accionar represivo de las fuerzas armadas y de seguridad.
En el día de hoy, Lenín Moreno permitió que Interpol ingresara a la Embajada de Ecuador en Londres y se llevara a Julian Assange, en uno de los actos de perjurio más infames, aberrantes y despreciables de toda la historia de América del Sur. Aquel "ven, refúgiate en mí, que nada te pasará" se tradujo, por obra de la ignominia de este traidor abyecto, en la construcción de un coto de caza cerrado que permitió al poder real simplemente tomar al perseguido y llevárselo.
Assange será encarcelado en EE.UU. Será torturado. Se lo obligará a delatar a sus colaboradores. Aun si resistiera los tormentos, hay altas probabilidades de que sea condenado a muerte. El verdadero "delito" de Julian fue el de haberse expresado, haber puesto a disposición de todo el mundo información que -de otra forma- nunca llegaría a conocimiento de nadie. Ni siquiera vendió o negoció esa información: la "colgó" en un portal de Internet. Pero el neoliberalismo, que es un modelo ideado por perversos, tiene en los patologizados su herramienta más efectiva.
El repulsivo delator Lenín Moreno es uno de esos alcahuetes nublados por el mesianismo y enfermos de codicia inmoral.
Llevado por esa miseria que lo constituye, ha cometido esta imperdonable deslealtad propia de los innobles más despreciables, entregando el cuerpo desnudo de aquel a quien él mismo prometió proteger.
Con esta perfidia, el orden liberal de Latinoamérica suma otra bolsa de desperdicios a su monumental Basurero de la Vergüenza, y prepara una mancha más de sangre inocente en el envilecido prontuario de infamia y servilismo que ha sabido labrarse a través de la historia". Fuente
Ecuador: desopilantes acusaciones del canciller del impostor Lenín Moreno contra Julian Assange, fundador de Wikileaks.
No es stand up.
Reiteramos: no es stand up. pic.twitter.com/mphaomhIc0
En junio próximo, según los aumentos en los servicios públicos anunciados por el gobierno nacional, la incidencia del pago de los mismos por parte de los usuarios llegará al 26% del sueldo mínimo, vital y móvil, cuando en 2015 representaba sólo el 6%. Según un estudio del colectivo EPPA (Economía Política para la Argentina), la canasta de servicios públicos aumentó considerablemente su peso en los ingresos de la población (tanto en el salario medio como el salario mínimo). En el año 2015, la participación de la canasta en el salario mínimo era de 6,3 puntos porcentuales, mientras que en el año 2018 esta ratio llega a 23,5% (incluyendo los gastos en transporte). Esto representa un aumento de casi un 300% en tan solo tres años.
Pero además, luego de los aumentos que se anunciaron para el año corriente y teniendo como horizonte temporal el mes de junio próximo, se estima que la canasta llegue a significar el 26% del sueldo mínimo. Sin los gastos en transporte, el peso de la canasta en él ("la canasta energética") fue 16,3% en 2018 y pasará a 18,3% hacia junio de este año.
"En este contexto de tarifazos, la Argentina está sufriendo un notable incremento de la población en condiciones de "pobreza energética", ya que el peso del gasto de los servicios públicos en el ingreso se ha multiplicado con creces", advirtió EPPA.
"Hace poco más de tres años, Argentina se posicionaba como el país de la región con las tarifas de los servicios públicos más accesibles. Sin embargo, la política de "recomposición tarifaria" del gobierno de Mauricio Macri llevó las tarifas locales a niveles incluso más altos que los de los países con estructuras históricamente liberalizadas. En términos porcentuales, Argentina aumentó 20 puntos de incidencia tarifaria en relación a 2015. Es decir, el peso del gasto en servicios como porcentaje del salario mínimo más que se cuadruplicó en poco más de tres años", describió el colectivo de economistas.
Nuestro país superó a Chile en el ranking de cuánto representa el pago de estos servicios esenciales. Así, mientras Chile supo ser el país más caro de la región, gracias a una sostenida estabilidad nominal, hoy logró reducir el peso tarifario. Actualmente, Argentina ya se posiciona 1,6 puntos porcentuales por encima del país trasandino. Por su parte, también se amplió la distancia sobre Brasil (+5 puntos), Perú (+6,2 puntos) y Ecuador (+6.6 puntos).
Un dato muy importante del informe de EPPA: el gobierno de Cambiemos paga más en subsidios a las empresas energéticas que lo que hacía el kirchnerismo, cuando el relato de la administración macrista es que con el tarifazo se reducen esas partidas y así se tiende a reducir el déficit de las cuentas públicas.
Sin embargo, en 2018, la ejecución presupuestaria base caja arrojó un gasto en subsidios energéticos de 177.887 millones de pesos, lo que representa un incremento del 41,6% respecto de 2017, o unos 52.234 millones de pesos adicionales. Si se compara dicho incremento con otros rubros, se advierte el fuerte salto relativo, ya que todo el Gasto Primario tuvo una suba del 24,4%. Más: Macri, entre un final a lo Martínez de Hoz o lo Alfonsín
"La venta de la mayoría accionaria del Multimedios La Capital a manos de dos empresarios de la comunicación de Rosario y Santa Fe conforma un aglomerado mediático oligopólico, con sus consecuencias para el acceso a la información y la libertad de expresión. ¿Quiénes son y qué tienen los nuevos dueños del Decano?
La venta por parte del Grupo América del 60 por ciento de las acciones del Multimedios La Capital a una sociedad liderada por Gustavo Scaglione (Televisión Litoral-Daminato) y diario El Litoral-Consultora Arcadia permitió la conformación del más grande grupo de medios de comunicación del interior del país. La sociedad se quedó con las porciones mayoritarias de señales de TV de aire, servicio de televisión por cable, los dos periódicos más importantes de la región, dos radios AM en Rosario, varias de FM, dos plantas impresoras, publicidad en vía pública, agencia publicitaria y consultoría política de la provincia. En un entramado societario en el que no todos son dueños de todo, el nuevo poder mediático de Santa Fe constituye conceptualmente un riesgo latente para la pluralidad de voces y la democratización de la información, aún cuando se desconozcan detalles de los objetivos empresariales, que se podrán apreciar con el correr del tiempo.
La negociación entre el Grupo América, liderado por el mendocino Daniel Vila asociado al ex ministro del Interior del menemismo, José Luis Manzano, y los inversores que adquirieron el Multimedios La Capital se conocía desde hace unos meses.
El traspaso de acciones corría como rumor sin confirmarse, hasta que el pasado viernes 29 de marzo los portales digitales del Decano y de Rosario3.com –propiedad de Televisión Litoral– oficializaron la información de la venta.
Daniel Vila y Gustavo Scaglione
Los adquirientes de las acciones mayoritarias del Multimedios La Capital distribuyeron su participación en un 45 por ciento para Scaglione, dueño a su vez junto a su esposa Josefina Daminato del 55 por ciento de Televisión Litoral (Canal 3 de Rosario y otras empresas); otro 45 por ciento para Nahuel Caputto (El Litoral de Santa Fe) y el restante 10 entre el empresario de servicios privados de salud Roberto Villavicencio (Grupo Oroño); Federico Pucciarello, ejecutivo de Rosario Bioenergy; y el abogado Leandro Salvatierra.
La cuestión central en la conformación del nuevo poder comunicacional santafesino radica, precisamente, en la capacidad oligopólica de ejercer presión que le otorga la magnitud y diversidad de medios acumulados.
Según delegados paritarios de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatprem), el directivo del diario El Litoral, Federico Caputto, representante de Adira en la discusión salarial, dijo durante una reunión en la que la patronal ofreció un aumento del 6 por ciento, que “los trabajadores coman menos”.
¿El hambre también volverá a ser de los santafesinos?
Villavicencio, Scaglione, Caputto y Salvatierra
El nuevo mapa de medios surgido de la venta de acciones del Multimedios La Capital conformó un gigantesco grupo comunicacional bifronte. Una de esas cabezas está representada en el titular de Televisión Litoral (TVL), Gustavo Scaglione.
TVL, que inició sus actividades en 1965 de la mano del fallecido Alberto Gollán, es propietaria de Canal 3 de Rosario, Radio Dos, el diario digital Rosario3.com y las FM Vida y Frecuencia Plus.
Nahuel Caputto, socio del diario El Litoral, participa con ese grupo de la señal Cable&Diario de TV por cable en la ciudad de Santa Fe.
Desde 2009, el diario fundado en 1918 por Salvador Caputto, se asoció con el Grupo Clarín en una planta impresora ubicada en Sauce Viejo denominada Artes Gráficas del Litoral (AGL). Tres años después ambas empresas se asociaron en la edición de periódico Mirador Provincial, que se publica los domingos en la ciudad de Santa Fe y luego sumó un gemelo en Paraná, la capital de Entre Ríos.
Caputto también posee acciones en LT9 de Santa Fe y es titular de El Diario de Paraná. A través de la firma Arcadia SA, que comparte con su esposa Patricia Inés Romanow, dedicada a la consultoría política y agencia de publicidad, cuenta también con los medios digitales Puerto Negocios; Notifé; Vivir Mejor Santa Fe; Educación Santa Fe y, para no dejar dudas de la raigambre territorial, Santa Fe.com.
Al conjunto de medios de comunicación y firmas asociadas que poseen cada uno por su lado, Scaglione y Caputto añaden ahora el mayor multimedios del sur provincial: La Capital.
La adquisición del paquete mayoritario –el 30 por ciento restante sigue en manos de Orlando Vignatti, ex titular de los diarios Ámbito Financiero, Buenos Aires Herald y El Ciudadano de Rosario, entre otros medios– les ofrece incorporar, además del Decano de la Prensa Argentina, la radio AM LT8, las de frecuencia modulada Del Siglo y La Red, el diario digital Uno de Santa Fe y la firma de publicidad estática en vía pública Metrópolis. Alta sinergia.
También tienen en sus manos, Caputto y Scaglione, la nueva planta impresora del diario La Capital. Que, al ya contar el primero con AGL en sociedad con Clarín, tendría como destino el ocaso. Esa decisión, que no fue anunciada oficialmente, pone en riesgo las fuentes laborales de los 50 trabajadores que se desempeñan en esa imprenta. Donde, a la vez, se imprime el diario cooperativo El Ciudadano.
De este modo, el nuevo grupo cuenta con los diarios La Capital, El Litoral, Uno de Santa Fe (digital) y –bajo la titularidad de Caputto solo– El Diario de Paraná, concentrando casi toda la prensa gráfica de la región.
En Rosario se quedó con dos AM –LT8 y Radio Dos– y cuatro frecuencias moduladas, dos de las de mayor audiencia. ¿Qué hará con las dos AM? ¿Las pondrá a competir, buscará nichos para cada una? Esas preguntas, que se hacen con mayor énfasis y lógico interés sectorial los trabajadores de prensa de esos medios, por ahora no encuentran respuesta. Los objetivos reales de la adquisición del multimedios para conformar el aglomerado comunicacional más importante del interior del país se conocerán con las acciones que adopten los nuevos dueños.
Uno de los efectos que despierta alarma en los actores del sector y en la política local es la magnitud oligopólica del nuevo entramado, con indisimulable capacidad para mostrar u ocultar informaciones, procesos y personalidades públicas. Y, para los trabajadores de prensa, la existencia de un patrón que congrega buena parte de las fuentes laborales del sector". Fuente
"Este miércoles 10 de abril se conmemora el Día del Investigador Científico. Lamentablemente, no son tiempos de festejo sino de tristeza y preocupación por las políticas de ajuste que viene sufriendo nuestro Sistema Científico. El viernes, 2.045 compañeros del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) quedaron afuera.
Desde diciembre del 2015, hemos sufrido la pérdida de jerarquización del Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaria, la pérdida acumulada de más del 25% del poder adquisitivo salarial, la reducción en los fondos de funcionamiento en un 60% en los institutos, la falta de pago de los subsidios de investigación, reducción drástica en becas doctorales, posdoctorales e ingresos a carrera de investigador, la cancelación de los fondos para reuniones científicas.
En este marco, desde la asamblea ATE CONICET Córdoba, y a partir de la Red de Representantes de Unidades Ejecutoras que la conforman, realizamos un pequeño relevamiento con el objetivo de evaluar cómo estaban siendo afectados los trabajadores de Ciencia y Tecnología por estas medidas.
El relevamiento se hizo a nivel local, en Córdoba, e incluyó a representantes de todos los estamentos (investigadores, becaries, administrativos (artículo 9) y Personal de Apoyo -CPAs-), con un total de 634 respuestas. El 85 % respondió que vio afectadas sus actividades por los recortes.
El 82% respondió que la reducción presupuestaria ha generado deficiencias en su lugar de trabajo. Son numerosos los institutos donde no hay fondos para pagar servicios como luz y gas, y que han reducido los servicios de vigilancia y limpieza, con el peligro que esto implica. El 69% canceló actividades académicas debido al ajuste en el presupuesto, ya sea por la cancelación de cursos, pasantías, congresos. Esto es menos formación y menos interacción y difusión de las actividades con otros miembros de la comunidad científica. El 78,4 % utilizó fondos de sus bolsillo para solventar gastos de actividad científica, ya sea compra de insumos, asistencias a congresos, cursos, etc. La asistencia a un congreso a nivel nacional ronda los $1.000, entre inscripción, pasaje, viáticos, alojamiento. Hablamos de casi la mitad del estipendio de un becario: ¿cómo hacemos para vivir ese mes? El 83% pensó en dejar la actividad científica y cambiar de trabajo. Este porcentaje se incrementó a casi el 90% en los becarios. Hablamos de profesionales con aproximadamente 12 años de formación. Profesionales en los que el Estado invirtió y que no tienen más opciones que irse afuera del país. El 70% de los encuestados respondió que ha experimentado afecciones físicas y/o emocionales a partir del agravamiento de las condiciones económicas. Las palabras más utilizadas para describir esto fueron estrés, ansiedad, incertidumbre, angustia, depresión, entre otras.
El viernes publicaron los ingresos a carrera de investigador y del total de presentados entró el 17%.
Entonces, tenemos a profesionales con un mínimo de 12 años de formación, trabajando sin fondos. En espacios sumamente deteriorados por la falta de fondos para mantenimiento. Con sueldos bajos y pagando de sus bolsillos los materiales de trabajo y las actividades académicas y de formación con las que CONICET luego los evalúa, con dedicación exclusiva y con nula posibilidad de ingreso
No somos ajenos a que toda la sociedad argentina está siendo víctima de este brutal ajuste económico, cuyo objetivo es beneficiar a pocos. Pero estamos seguros que defender el Sistema Científico Nacional es, en un futuro, mejor calidad de vida y trabajo para todos los argentinos.
Es por eso que los trabajadores de Ciencia han realizado numerosas actividades al interior de la Comunidad Científica para encontrarnos este 10 de abril en la calle, cundo saldremos a exigir que la Ciencia y la Técnica sean reales políticas de Estado, con partidas que garanticen una inversión suficiente y con aumento progresivo, así como medidas que garanticen la absorción de estos científicos que quedan fuera de la Carrera de Investigador, en otros sectores como Universidades o el Privado. Pero también salimos a reencontrarnos como comunidad, a fortalecer vínculos y a seguir organizándonos. ¡Porque ésa es la tarea!".
El presidente Mauricio Macri se pronunció a favor de las fumigaciones con agrotóxicos cerca de centros habitados, a pesar de un fallo de la Justicia entrerriana que prohíbe estas prácticas nocivas a una distancia de menos de mil metros terrestres y tres mil metros aéreos respecto de escuelas rurales y fuentes de agua.
Lo hizo en una conferencia de prensa que brindó en la Sociedad Rural de Gualeguaychú -junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el precandidato a gobernador por Cambiemos, Atilio Benedetti-, lugar al que llegó en el marco de su campaña electoral con vistas a las presidenciales de octubre.
"Esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos es una ley que pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos. Y hoy está vigente por un amparo", se quejó Macri, opositor a una resolución de la Justicia que apunta a garantizar la seguridad sanitaria de los entrerrianos.
"El gobierno de la provincia tiene que tener una posición muy activa y clara para no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico", reclamó el presidente, que de esa forma repitió el discurso que bajan multinacionales y entidades del agro: la salud de todos merece sacrificarse para la ganancia económica de unos pocos.
El año pasado, quedó firme el amparo ambiental colectivo presentado por la ONG Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), exigiendo al gobierno entrerriano y al Consejo Provincial de Educación adoptar medidas que preserven a las escuelas del efecto de los agotóxicos e implementar, en un plazo de dos años, "barreras vegetales a una distancia de 150 metros de todas las escuelas rurales de la provincia".
El gobernador Gustavo Bordet, cercano a Macri, emitió en enero un decreto que permitía fumigar a 100 metros de una escuela pero a fines de marzo un fallo judicial hizo lugar a una medida de amparo y declaró inconstitucional ese decreto, por lo que el gobierno provincial apeló la medida.
En Entre Ríos, el presidente @mauriciomacri se pronunció a favor de que pulvericen con agrotóxicos junto a las escuelas rurales. Criticó el amparo de @foro_ecologista y los docentes de #AGMER el cual derivó en una normativa que, sobre todo, aleja las fumigaciones de los niños. pic.twitter.com/mdsKlmTtP6
El periodista Patricio Eleisegui, especialista en el tema, recopiló algunos datos para rebatir la posición presidencial: "En la Argentina se pulveriza, promedio, 7,6 litros de plaguicidas por habitante. Somos el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, en términos de cantidad de población. Estados Unidos promedia 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina, 4,3 litros por persona.
Según la Universidad de La Plata (UNLP) y el CONICET, las lluvias de Argentina presentan concentraciones elevadas de herbicidas como el glifosato y la atrazina. La carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es 20 veces superior a la registrada en Estados Unidos, meca de los plaguicidas.
En apenas 10 años, en la provincia de Chaco, la cantidad de escuelas destinadas a la atención de niños que habitan zonas fumigadas y sufren inconvenientes cognitivos, además de otros tipos de retrasos, pasó de 12 a 70 establecimientos. 9 de cada 10 hisopos, toallas femeninas y tampones contienen residuos de glifosato. En tanto, la totalidad de las gasas y los algodones que hoy llegan a los botiquines de los hogares se encuentra contaminada con el herbicida, según científicos del EMISA de la Universidad de La Plata. En San Salvador, Entre Ríos, los tumores malignos provocan el 40% de las muertes. Estudios de dos universidades nacionales confirmaron presencia de glifosato e insecticidas en el aire, el suelo y el agua de toda la ciudad.
8 de cada 10 peces monitoreados en aguas del norte de la provincia de Buenos Aires dieron positivo en contaminación con agrotóxicos. Análisis de INTA y CONICET certificaron la presencia de 17 pesticidas diferentes en los tejidos analizados y se llegó a ubicar 5 plaguicidas en un mismo ejemplar. 6 de cada 10 frutas y verduras adquiridas en verdulerías de Buenos Aires y evaluadas por científicos de la UNLP dieron positivo en al menos un plaguicida. Incluso se constató presencia de hasta 3 agrotóxicos en un mismo artículo. Zanahoria, naranjas y lechuga, los más contaminados. Toda la cuenca del Paraná está contaminada con herbicidas como el glifosato y formulaciones de insecticidas. Cipermetrina, endosulfan y clorpirifos encabezan con amplitud los indicadores de contaminación, según un estudio de la UNLP y CONICET con asistencia de Prefectura Nacional. En Monte Maíz (Córdoba), 1 de cada 3 vecinos fallece de cáncer. Abortos espontáneos que superan 3 veces prevalencia esperada: 10% versus 3% de media nacional. Malformaciones congénitas: 72% superiores a tasa nacional. La ciudad alberga 20 galpones con máquinas para fumigar".
En enero de 2018, una maestra de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre denunció a un productor en Entre Ríos al que acusó de haber hecho una fumigación que afectó a la escuela en la que trabaja y a viviendas de la zona. "Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado", dijo la docente.
En abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú prohibió la aplicación, el expendio, el transporte, el almacenamiento, la comercialización y la venta de glifosato en el municipio, a instancias de un proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo local que incluye a todos los productos que "contengan" el fitosanitario y que no admite "ninguna excepción".
"Tengo una propuesta concreta para les compañeros y compañeras militantes y/o simpatizantes del campo popular y democrático (en verdad, vale para cualquiera, pero a mí me importan estos).
1. No lean encuestas, salvo por diversión. No tiene sentido para una acción militante. Las encuestas son un insumo para la estrategia política y, aunque duela, no vamos a ser partícipes de esa estrategia. Para eso están los dirigentes.
2. Es más: debatan la estrategia que consideren correcta con sus dirigentes. Pero eso no es militar. Militar es convencer a otro votante, no a un dirigente. Si quieren cambiar a un dirigente, cámbienlo.
3. Leer críticamente los medios o las redes o lo que sea es parte de la formación militante, pero no es militar. Otra vez: militar es convencer a otro, no discutir la línea editorial de los medios.
4. Debatir con cualquier adversario (sea por las redes o en vivo) nunca es para hacer cambiar de opinión a ese. Es para hacer cambiar a un tercero que los mira debatir. Ese es el destinatario. De ahí se deriva, por ejemplo, ser respetuosos con ese tercero ausente/presente.
5. Otra vez: militar es convencer a otro. Ya sea argumentalmente o con el ejemplo. Pero convencer. Y siempre conviene empezar por los más cercanos: tu primo, tu vecino, tu compañero de laburo, tu suegra. Porque ese te conoce, y entonces deposita cierta confianza en vos.
6. Para convencer a otro, siempre resulta conveniente saber escuchar. Qué quiere, qué sueña, qué le gusta de tus ideas y qué no. Y una trampa: darle un cacho de razón en algo siempre. Para luego argumentar.
7. Postear, tuitear, facebookear o lo que sea de esas cosas no es militar. Sobre todo si sólo hacés eso. Puede ser una parte de tu militancia. Pero no la única. Y menos si te limitás a darle RT a dirigentes o políticos. Hablame vos.
8. Tampoco es necesario para ser un militante, sobre todo en estos tiempos, ir a una Unidad Básica a tomar mate. Eso tampoco es militar. Otra vez más: militar es convencer a otro. ¿De qué? De los valores que tienen tus ideas, de los sueños que persiguen los que piensan como vos.
9. Las elecciones se ganan con muchas cosas: buenos candidates, buenas campañas, buena publicidad. Eso lo puede tener cualquiera que tenga plata. Militantes convencidos, no. Eso es impagable. Por ende: hay que ser un buen militante, porque es bueno para los tuyos.
10 y último: ser militante no es ser fan. Y repetir consignas como loro. O mandar encuestas truchas y creerlas. O pensar que ganás antes de tiempo. O pensar que los que no piensan como vos son idiotas.
Otra vez: militar es convencer a otro.
Si son muchos otros, serás un dirigente".
Crece el chisporroteo hacia el interior de la alianza Cambiemos, en el marco de la grave crisis socioeconómica provocada por las medidas tomadas por el Fondo Monetario Internacional y llevadas a cabo por el gobierno de Mauricio Macri.
Desde hace meses, parte del radicalismo sueña con desentenderse de esos graves perjuicios a la sociedad argentina y coquetea con la idea de respaldar una candidatura del peronista Roberto Lavagna, junto a los gobernadores no K, el socialismo santafesino y el GEN de Margarita Stolbizer.
Mientras tanto, se van conociendo más detalles de la relación entre el PRO y la UCR, especialmente el manejo que hace el jefe de Gabinete, Marcos Peña, de la subordinación que aceptaron los radicales en 2015, en la Convención de Gualeguaychú (Entre Ríos), de la mano del mendocino Ernesto Sanz.
El que develó detalles de ese sometimiento fue un legislador cordobés cercano al senador nacional Julio Cobos, justamente otro de los radicales que por estos día salió a elogiar a Lavagna, en otra señal de que la alianza gobernante podría romperse para las próximas elecciones.
Benigno Antonio Rins, ex intendente de Río Cuarto, dijo que él dejaría afuera, "por ahora", al presidente Macri de esta disputa entre radicales y macristas, pero se despachó contra Peña: "Tiene un jefe de Gabinete que hace un daño enorme. Yo a esto lo sostengo porque se lo dije personalmente a él, en noviembre de 2017 cuando empezaron con las tarifas. Fuimos 21 legisladores a hacerle un planteo de razonabilidad, sin enojo, nada. Cuando empezamos a hablar, puso las dos manos arriba de la mesa y dijo: "Se terminó la reunión". Con un grado de soberbia muy difícil. Yo le manifesté que no era lo más aconsejable".
"Ese hecho podría haber pasado desapercibido si después no continuaba con estas acciones. El colofón fue el dedo de él que quiso saltear la institucionalidad de un partido centenario como la UCR, viniendo de Buenos Aires a decir quiénes son los candidatos. Es un desconocimiento de la forma de ser de este partido y una provincia que es quisquillosa frente a las decisiones de los porteños. Eso produjo un quiebre que espero que sea circunstancial", se quejó Rins, que integra la lista que lleva como candidato a gobernador de Córdoba a Ramón Mestre (que está enfrentado con la Casa Rosada por haber tratado de bajarlo de la contienda para llevar al diputado Mario Negri como único postulante).
"El radicalismo sufre las consecuencias de que estamos dejando actuar a los que no saben de política. Porque el factor humano puede cambiar de un día para el otro. Acá pensaron que el dedo de Peña iba a decidir los candidatos en Córdoba y que no iba a pasar nada. Y no, hay gente que sabe plantarse. El presidente dijo: "Mi candidato no es Negri ni Mestre". ¿Entonces quién es? A confesión de parte... Su candidato es Schiaretti", aseguró, en diálogo con el canal Somos Río Cuarto.
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