martes, 4 de junio de 2019

Papelón del gobierno con las colectoras para ayudar a Vidal

Lo que fue presentado como una jugada maestra del Gobierno contra la oposición peronista en la provincia de Buenos Aires para favorecer las posibilidades electorales de María Eugenia Vidal se terminó convirtiendo en un dolor de cabeza para Cambiemos.
El decreto que firmó Mauricio Macri en abril pasado para eliminar las "listas colectoras" es un inesperado traspié que el macrismo ahora espera que la Justicia Electoral -quizás de una provincia norteña- derribe -o bien posponga para el 2021- para permitir que Vidal vaya en las boletas presidenciales de otros candidatos por fuera de Cambiemos.
El decreto fue hecho a pedido de la gobernadora de Buenos Aires, para evitar que las distintas vertientes del peronismo presentaran un único candidato a gobernador. Para Vidal, eso hubiese jaqueado sus ya mermadas posibilidades de reelección y produciría una derrota clave de Cambiemos en el principal distrito del país.
"La proliferación de esta práctica genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, y tiene por consecuencia la fragmentación del sistema político", afirma el decreto 259/19 elaborado en la Secretaría de Asuntos Institucionales, que encabeza el ex lilito Adrián Pérez.
"Ello conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno", advierte en otro tramo de los considerandos.
Finalmente, pontifica que "la eliminación de estas 'listas colectoras' tiene por objetivos contribuir a la transparencia del proceso electoral y promover el fortalecimiento y la cohesión de los partidos políticos".
Pero todo cambió con la proclamación de la precandidatura de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta en la fórmula de Unidad Ciudadana junto a Alberto Fernández, y especialmente, con el informal anuncio de la candidatura de Axel Kicillof y Verónica Magario para la gobernación bonaerense.
A tal punto, que anoche, el jefe de Gabinete y principal estratega electoral de Cambiemos, Marcos Peña, ya comenzó a virar el discurso, y lo que antes era presentado como una contribución a la transparencia del proceso electoral, ahora es un esfuerzo más para obturar las chances de regreso del kirchnerismo al poder, la fijación fundante del oficialismo.
"Si hay otros candidatos presidenciales que quieren apoyar a nuestra gobernadora para que no vuelva el kirchnerismo a la provincia... No me parece un atajo, una alquimia electoral, una discusión que altere la previsibilidad", develó Peña en el canal La Nación+, confirmando el giro de 180 grados que Cambiemos ya está dispuesto a admitir para poder enfrentar más libremente, por un lado, la popularidad y fortaleza electoral de Cristina y Kicillof en territorio bonaerense y, por el otro, que en ese distrito no hay balotaje.
Sin embargo, en el Gobierno descartan que se dé marcha atrás con el decreto de Macri. "El tema está judicializado", indicó una alta fuente del Ministerio del Interior citada por el diario La Nación.
Según Clarín, la maniobra de Vidal ya habría sido autorizada por el propio Mauricio Macri, para así oficializar las conversaciones y negociaciones que con referentes de Alternativa Federal se vendrían produciendo desde hace tiempo -que, con alguno de sus precandidatos, incluiría también financiamiento oficial-.
"De todos modos, el aval a Vidal para negociar no contempla, al menos por ahora, al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, uno cuya permanencia en la carrera electoral creen que complicaría más al presidente que a la dupla Alberto Fernández-Cristina. En Cambiemos apuntan para negociar al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; y al senador rionegrino, Miguel Ángel Pichetto; hoy los dos referentes peronistas que mantienen la promesa de que Alternativa Federal presentará candidato a presidente para romper con la polarización", asevera el periodista Ignacio Ortelli en su nota.
En verdad, el apuntado por esta maniobra de último momento es Sergio Massa, que esta semana definiría si sigue en Alternativa Federal, el espacio más afectado por la estrategia del kirchnerismo y el desinterés del gobernador cordobés Juan Schiaretti por retener a los gobernadores peronistas, o respeta lo decidido por las bases del Frete Renovador de ir a una congruencia con el kirchnerismo, no sólo en la provincia de Buenos Aires.
Macri, según La Nación, habló personalmente del tema con Schiaretti y Urtubey, y ambos le manifestaron su respaldo a la medida, mientras que Massa habría puesto como requisito que el macrismo baje a su candidato a intendente en Tigre, el actor Segundo Cernadas, e ir en ambas boletas con Malena Galmarini como postulante. Además, el renovador podría preferir robustecer su bancada de legisladores bonaerenses y detener la diáspora de dirigentes hacia el kirchnerismo.
El plazo para inscribir estas alianzas electorales, y terminar con parte de las especulaciones, vence dentro de 8 días.
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lunes, 3 de junio de 2019

La Argentina macrista se convirtió en el principal deudor del FMI

Tras firmar el acuerdo stand-by por u$s56.000 millones, la Argentina concentra el 61% de los créditos actuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimó el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Lo llamativo del dato, más allá de su magnitud, fue que quienes más lo hicieron circular en privado, y con preocupación, fueron directivos del ámbito empresario. A la par, distintos informes de consultoras sostienen que el país necesitará más ayuda del Fondo, dado que hasta en los escenarios más optimistas el acelerado drenaje de reservas continuaría.
"Venga quien venga, el problema es enorme para salir adelante", le dijo a BAE Negocios un representante de una de las grandes empresas locales, sorprendido por el gráfico del CESO. Las reservas caen a un ritmo elevado y no hay proyecciones que indiquen un cambio de tendencia. Las obligaciones que genera la deuda con el FMI y con los bonistas encontrarán al próximo gobierno con pocos recursos en divisas.
Un informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA) reveló el ritmo al que las divisas vienen saliendo. Si bien el swap con China y el préstamo del Fondo contrarrestaron la dinámica temporalmente, si se dejan de lado esos ingresos, se observa que la retirada de fondos en dólares del Banco Central totalizó u$s43.500 millones en los últimos 12 meses. Y peor aún: entre el 8 de marzo y el 24 de mayo la salida, para deuda y fuga, se aceleró y fue de u$s13.000 millones.
"Deja serias dudas sobre la sostenibilidad del esquema actual, toda vez que la economía ingresa en un período electoral con final abierto", sostuvo el informe del ITE-FGA. Y las complicaciones continuarán luego de las elecciones ya que, sin reservas, desde el 2020 en adelante las obligaciones que genera la deuda alcanzan niveles récord.
En ese sentido, un informe de Economía & Regiones reseñó: "Argentina no tiene acceso a los mercados voluntarios de deuda y su endeudamiento está en niveles récord. Si renueva toda la deuda de corto plazo en un 100%, si el próximo gobierno tuviera que pagar amortizaciones e intereses al FMI, la próxima administración debería conseguir aproximadamente u$s103.100 millones entre 2020 y 2023. Por el contrario, si lograra que el FMI le cobrara solamente los intereses del préstamo y el capital se devolviera a partir de 2024, la próxima administración debería procurar financiamiento u$s58.500 millones entre 2020 y 2023".
Un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) sobre el caso argentino sostuvo que "el financiamiento va a estar comprometido a medida que las elecciones se acerquen, principalmente por la persistente fuga de capitales". Y agregó: "Hay muchas chances de que el dinero del Fondo no alcance. Vemos pérdida de reservas incluso en escenarios optimistas. Y continuarían incluso después de las elecciones. Es muy posible que Argentina necesite acceder a un programa de Servicio Ampliado del FMI".
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domingo, 2 de junio de 2019

Rarísimo: en Ecuador también encontraron cuadernos

Los ataques del gobierno de Lenin Moreno al de su predecesor y mentor, Rafael Correa, no paran: ahora, en una extraña imitación de la persecución del vecino argentino, Mauricio Macri, a su antecesora, Cristina Kirchner, un cuaderno es la clave, a partir del testimonio de una -supuesta- arrepentida colaboradora.
Pamela Martínez (foto), ex asesora del gobierno de Correa, fue utilizada por la justicia morenista para abrir una investigación penal en contra de Alexis Mera y de María de los Ángeles Duarte, ex altos funcionarios de la administración correísta, luego de la difusión de las denuncias a través del periodismo. Duarte era sindicada como posible candidata en las próximas elecciones presidenciales.
A las 01:05 de este sábado 1 de junio del 2019, los dos fueron llevados a audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia por la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La Fiscal afirmó que Mera y Duarte "abusaron" de su poder y que desde sus cargos públicos como Secretario Jurídico de la Presidencia y Ministra de Obras Públicas "exigieron" aportes económicos a representantes de empresas, a cambio de garantizarles contratos con el Estado.
Estos recursos, apuntó la Fiscalía, fueron usados para financiar campañas y mítines políticos de Alianza País, el movimiento político que llevó a la presidencia de Ecuador a Correa en tres ocasiones.
Uno de los indicios que presentó la Fiscal es un cuaderno de 38 hojas supuestamente secuestrado en el allanamiento al departamento de Martínez, el jueves 30 de mayo. Allí se encontraron manuscritos, en los que Martínez nombra a Mera, Duarte y usa las siglas VP, para referirse al ex vicepresidente Jorge Glas, y SP para "señor presidente".
Además, la 'arrepentida' afirmó que en el 2013 recibió instrucciones directamente del presidente Correa de que debía llevar un registro paralelo de los gastos de campaña para Alianza País, ya que tuvo dudas del anterior manejo realizado por Ricardo Patiño, según publicó el portal El Comercio.
La ex asesora de Correa dijo que en ese tiempo recibió la visita de Mera en su despacho y éste le indicó que tenía que entregarle una suma de dinero para realizar unos pagos urgentes. Ella le habría mencionado que no sabía de dónde iba a sacar el efectivo. Según Martínez, después de la visita de Mera, habló con Correa y le explicó lo sucedido. Él le respondió que debía hablar con Glas. El entonces vicepresidente le señaló que en los próximos días recibiría unos sobres de papel y que debía hacerlos llegar a Mera.
La ex asesora de Correa agregó que días después recibió sobres de papel con dinero en efectivo de parte de Geraldo de Sousa, ex representante de Odebrecht en Ecuador. Este episodio fue descrito por Martínez en su cuaderno. Allí también anotó: "VP dispone recibir a Pedro Verduga, de Equitesa, y entregar sobre a María Duarte".
Este nuevo episodio de la larga novela de la demonización del correísmo se produce mientras el ex presidente está prácticamente exiliado en Bélgica y su ex vicepresidente Jorge Glas -condenado por asociación ilícita- está preso en la cárcel de Latacunga, donde también está alojada Martínez.
Por su parte, el actual presidente Lenin Moreno, que llegó al poder apoyado por Correa, enfrenta investigaciones por poseer cuentas off-shore en paraísos fiscales, constituidas por su hermano Edwin Moreno Garcés, y los empresarios Conto Patiño Martínez, Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño.
Además, a través de una off-shore, se habrían comprado los muebles del departamento que ocuparon Lenín Moreno, su esposa y sus hijas Irina, Cristina y Carina Moreno González, en Ginebra (Suiza). Aunque el presidente ha negado su participación en esta off-shore, el caso sigue abierto en la Asamblea Nacional, a la espera de la presentación del informe de la Comisión de Fiscalización.
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