"El programa implica que el Estado garantice un empleo a todas las personas que estén dispuestas a trabajar (y puedan hacerlo) a cambio de un salario digno: se trata de una Garantía de Empleo o, lo que es lo mismo, un Trabajo Garantizado. En este esquema, el Estado opera como un Empleador de Última Instancia (Tcherneva, 2018; Landwehr, 2020). Cabe señalar que esta última expresión hace un paralelismo con el rol que cumple el Estado como prestamista de última instancia ante problemas en el sector financiero; en períodos de turbulencias financieras, los bancos pueden ser reticentes a prestarse entre sí y pueden darse corridas bancarias, por lo que los bancos centrales desempeñan el papel de garantes para asegurar el funcionamiento de los mercados financieros y la estabilidad del sistema.
Un programa de trabajo garantizado como el planteado por el economista estadounidense Hyman Minsky en 1965 tendría las siguientes características:
- Los puestos de trabajo ofrecidos por el programa se adaptarían a las habilidades de los trabajadores que participen del programa.
- Si el desempleo cero atrae más población a la actividad económica, la cantidad de trabajadores por familia aumentará, contribuyendo a la reducción de la pobreza.
- Al eliminar el desempleo, mejoraría el poder de negociación de los trabajadores en su conjunto, aumentando la participación de los salarios en el ingreso total (y disminuyendo, por tanto, la participación de los beneficios).
Tcherneva (2018) define la garantía de empleo como una opción pública de trabajo, ofrecida mediante un programa permanente financiado con fondos del gobierno central pero administrado localmente. El objetivo del programa es brindar oportunidades de empleo voluntario a quienes estén dispuestos a trabajar por un salario digno, independientemente de la coyuntura del mercado de trabajo. Los empleos deberían diseñarse considerando las características de la comunidad local y la infraestructura local. El tiempo de trabajo (la duración de la participación en el programa) debería poder elegirlo cada trabajador, y todos los grupos sociales tendrían derecho a participar.
Dado lo anterior y las problemáticas ambientales y sociales actuales, los principales campos potenciales para la creación de empleos mediante un programa de estas características son el cuidado del ambiente, el sector social (tareas de cuidados), los proyectos comunitarios y la infraestructura. Los empleos deben adaptarse a las necesidades sociales más urgentes que no están cubiertas por el sector privado. Para que el esquema impulse también la movilidad hacia otras formas de empleo (público o privado), es importante que favorezca las oportunidades de formación y capacitación (Landwehr, 2020). Para ser efectivo en la lucha contra la pobreza y el desempleo, un programa de garantía de empleo debe concebirse como parte de un sistema más amplio de seguridad social y fijar salarios acordes a lo que pueda considerarse un salario digno, de forma de evitar la necesidad de que las personas recurran a un segundo trabajo u otros planes sociales (Wray, 1998)".
""Hace unos años, en Quequén, provincia de Buenos Aires, fuimos con un amigo a comprar cigarrillos cerca de la casa donde nos alojábamos. Teníamos que aprovisionarnos para toda la Semana Santa que íbamos a pasar en ese balneario cerca de Necochea, así que pedimos varios atados cada uno. Primero, nos sorprendió el precio irrisorio que nos cobraron, pero lo atribuimos a la clásica diferencia de precio que tiene cualquier producto en el interior de la provincia con respecto a la capital. Sin embargo, una vez en la casa, notamos que las etiquetas de los paquetes estaban mal impresas, como borroneadas, y que el logo de la marca que suele venir estampado en el papel blanco de cada cigarrillo parecía escrito con birome. Cuando fuimos a reclamar al kiosco, nos dijeron que eran más baratos porque venían “de barco”".
El libro de Fernando Ortega Zabala, autor de Historia del contrabando en la Argentina, explica los pormenores de esa anécdota. El periodista explora en “La industria del humo”: cuál es el papel de las dos empresas que concentran la mayor parte del negocio del tabaco en nuestro país en las discusiones políticas e impositivas que atraviesan nuestra vida democrática.
British American Tobacco (que opera en Argentina como Nobleza Piccardo) y Philip Morris International (Massalin Particulares) son las dos tabacaleras más importantes del mercado mundial. Según describe el libro, nuestro país –el octavo productor del planeta– no es la excepción en la trama de manejos y dudosos negociados que rodean a las dos corporaciones.
Ortega explica cuánto daño genera el monstruoso lobby de BAT y PMI en los entretelones del poder. También, cuenta los vínculos de Horacio Cartes, ex presidente de Paraguay, con la industria en su país. Explora cómo el exmandatario habría convencido a su par, Mauricio Macri, para beneficiar a Massalin Particulares en la reforma impositiva que impulsó durante su gobierno. Investiga cómo los representantes de las provincias productoras de tabaco del norte argentino se vinculan con los altos mandos de Massalin y de Nobleza para velar por sus intereses en ambas cámaras del Congreso.
Además, desgrana el complejo entramado de relaciones de PMI en la justicia argentina. Da cuenta de que, por ejemplo, Carlos Rosenkrantz (que presidió la Corte Suprema de Justicia entre 2018 y 2021) había sido socio del estudio jurídico que asesoraba y defendía legalmente a la multinacional norteamericana. Mientras estuvo en el máximo cargo del órgano, los abogados de Massalin lograron que las cautelares presentadas por las tabacaleras menores llegaran hasta el máximo tribunal: el hilo de relaciones se completa con el dato de que la hija del ex camarista era empleada del estudio jurídico que representaba a la tabacalera mientras su padre atendía el caso en la Corte. Cuanto menos, incompatible".
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