Este es el estudio que llevó a Cristina a hablar de los planes sociales

Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo el eje político ordenador de la realidad social argentina. Así lo demostró hace una semana en Avellaneda (Buenos Aires), cuando, entre otros temas, centró su mirada estratégica en los denominados planes sociales, en un paso necesario para ir solidificando su alianza electoral con gobernadores e intendentes de todo el país con vistas a las próximas elecciones presidenciales.
El análisis de la vicepresidenta se basa en un documento -que leyó meses atrás- que realiza un análisis de la composición y evolución de la inversión social argentina entre 2002 y 2020. Su autor principal es un hombre del papa Francisco, el jesuita Rodrigo Zarazaga, y como coautores aparecen los politólogos Andrés Schipani y Lara Forlino.

El estudio se titula "Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente", es de diciembre pasado y su principal conclusión es que, durante la última década, el Estado argentino no logró reducir los índices de pobreza, a contramano de lo que ocurre en la mayor parte de los países de la región, y a pesar de su alta inversión social, tal como marcó Cristina hace días en el plenario de la CTA.

"Durante la última década, el Estado argentino no ha logrado reducir los índices de pobreza. Este desempeño va a contramano de lo que ocurre en la región: prácticamente todos los países de América Latina lograron hacerlo de forma sostenida. Las dificultades para combatir la pobreza en nuestro país no se originan en un gasto público insuficiente: Argentina es el segundo país de América Latina que más invierte en protección social", concluyen Zarazaga, Schipani y Forlino.

El trabajo identifica tres puntos en la evolución de los recursos públicos asignados a la lucha contra la pobreza. En primer lugar, la inversión en pensiones no contributivas es mayor que todo el resto del gasto social en su conjunto. Esto implica que el gasto destinado a adultos mayores pobres supera ampliamente el gasto dirigido a niños/as pobres: en 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños pobres, gastaba cinco pesos en pensiones para adultos mayores pobres. En segundo lugar, los programas para cooperativas de trabajadores informales se han convertido en un elemento central de la política social a partir de 2016. El número de cooperativistas ha pasado de 253.939 en 2015 a 1.223.537 en septiembre de 2021. Por último, el Estado invierte -dentro del marco de la ayuda social, directa y urgente – cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y cada vez menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal. De hecho, en 2019, por cada peso destinado a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaban 11 pesos a programas de cooperativas de la economía popular.

Finalmente, a los efectos de reformular el sistema de protección social para hacerlo más eficiente, Zarazaga, Schipani y Forlino hacen tres propuestas finales: 1) una segmentación del sistema de asignaciones familiares no contributivas para atender mejor a las diferentes problemáticas asociadas a la pobreza e indigencia; 2) un plan de ‘Empleo Joven’ que genere incentivos para que los jóvenes de hogares informales puedan insertarse en el mercado de trabajo formal; y 3) un plan para potenciar la integración de los planes de cooperativas con la economía formal. 

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"La hipótesis de periodistas y políticos de que Horacio Cartes estaría implicado en el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero a través de sus empresas, se podría sustentar con la reciente filtración de un documento de la Seprelad a finales de mayo de este año. 

Según esta investigación, Tabacalera del Este -una de las principales aportantes al fisco- simuló la venta de “cigarrillos” a sus propias empresas del Grupo Cartes entre el 2017 y 2021. Entre ellas figura una del rubro de alimentos, Agrocitrus del Paraguay SA, con la cual  supuestamente comercializó por 166 mil dólares.

No solo habría utilizado a esta empresa agrícola, sino que también a sus medios de comunicación, como los diarios La Nación y Crónica, agrupados en  Gráfica y Editorial Intersudamericana S.A., que supuestamente compraron por 456.896 dólares. Ni su fundación Ramón T. Cartes, ni la cementera Concepción o su propia hermana quedarían fuera del esquema de simulación de venta de tabaco. La fundación en honor a su padre supuestamente hizo compras por 217 mil dólares. 

En la lista del lavado de activos también hay personas involucradas en los operativos Lavajato, que detectó un esquema de lavado de dinero y divisas en Brasil y a AUltranza, una investigación contra el crimen organizado y lavado de dinero iniciada en Paraguay este año.

El informe de Seprelad resalta que las firmas del Grupo Cartes “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”, que sería Brasil. El documento ya está en manos de la fiscala general Sandra Quiñónez. Los parlamentarios de la oposición la acusan de tener afinidad con Cartes, y dicen que por eso no actúa ante las tantas denuncias de lavado de dinero. 

El 7 de febrero, de este año, el Ministerio Público de Paraguay dispuso de oficio la “apertura de causa penal sobre Contrabando y Lavado de Activos”, que no nombra a Horacio Cartes, pero la investigación se inicia luego de la denuncia de Arnaldo Giuzzio, ex ministro del Interior,  que en sesión ante el Congreso, en febrero pasado, acusa al expresidente por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La denuncia se presentó solo ante la Seprelad. 

El caso está en el Ministerio Público contra personas innominadas. Fiscales alegan que el caso puede implicar a más personas. No se conocen aún los avances de la pericia, pese a la filtración documental.

El presidente de la República, Mario Abdo, en un discurso en Guairá a principios del mes de mayo deslizó sospechas sobre el crecimiento patrimonial de Horacio Cartes relacionado al lavado de dinero. “Pasó de tener 9 estancias a 27 estancias en cinco años de presidencia. De tener 20 empresas a 63 empresas. Yo no conozco un empresario en la historia que en cinco años salte de 20 a 63 empresas”, dijo Abdo. 

Y agregó: “Quieren un silencio en Paraguay, un silencio en el partido. Qué hicieron ellos en cinco años, compraron la mitad de los medios de comunicación que en un mercado libre todos esos medios se hubiesen cerrado porque trabajan a pérdida, pero están inyectados con plata que viene de otro lado”". 
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"Se necesitan medidas para evitar un golpe de mercado"

El licenciado en Economía, Ricardo Aronskind, advirtió que "el Gobierno nacional está pasando por una nueva etapa de desestabilización económica por parte de los mercados financieros sin una estrategia para generar gobernabilidad", a la vez que analizó el discurso de Alberto Fernández en la pasada Cumbre de las Américas: "Le habló a la izquierda del Partido Demócrata".

"El endeudamiento interno genera necesidades de financiamiento que son utilizadas por la derecha para deteriorar la capacidad del Gobierno de utilizar resortes institucionales para contrarrestar la situación", marcó Aronskind, y subrayó que "se necesitan medidas urgentemente para evitar un golpe de mercado. El Gobierno debe actuar a la ofensiva para proteger a la población y decir con mucha claridad de dónde vienen los problemas".

"El Frente de Todos es débil programáticamente y es débil el diagnóstico trazado luego de 2015. Hubo una lectura muy pobre de "a qué va una fuerza progresista al Estado nacional". El proyecto de la derecha argentina está a destiempo de la Historia, pero del lado nuestro no aparece el programa que entusiasme a la gente y la movilice", se lamentó el también magíster en Relaciones Internacionales por FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).

Con respecto al desempeño del presidente argentino Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, Aronskind dijo que "fue un discurso conciso y no chupamedias. Dijo algunas cosas que no son cómodas para los norteamericanos. Alberto le marcó un camino a la diplomacia estadounidense si quisieran ser más queridos en América latina: cortar con los bloqueos, dejar de matar gente, ayudar con los temas alimentos y energía".

"Alberto les habló con algo que escribió Robert Kennedy en 1967 sobre que la colaboración de Estados Unidos con la región latinoamericana tenía que ser mucho más importante, en medio de la filosofía de la Alianza para el Progreso. En verdad, Alberto le habló a la izquierda del Partido Demócrata, que no es Biden ni Obama", consideró el especialista, en diálogo con Radio La Red (Buenos Aires).

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Vuelve la censura: del lenguaje inclusivo al caso Arcoiris

No es del mismo tenor que el anuncio electoralista del gobierno de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, para tratar de contener su ala más fascista, al prohibir (¡siglo 21!) el lenguaje inclusivo en las escuelas.

Es de un calibre aun peor: una periodista que no puede informar sobre un hecho de la realidad por una incomprensible decisión judicial y además es amedrentada por las fuerzas de seguridad en su propia casa.

Al ocurrir en el interior del interior casi no ha tenido repercusión nacional, y por supuesto que no ha habido un escándalo nacional o acongojadas marchas en favor de la libertad de expresión. ¿Se imaginan si esto le hubiera pasado a cualquier periodista famoso que se desempeñe en algún medio de esa misma CABA?

Por orden de la jueza de Instrucción riojana María Eugenia Torres, la periodista Manuela Calvo vio el fin de semana cómo la policía se llevaba de su casa computadoras y demás dispositivos donde tenía datos sobre el caso Arcoiris, una niña de 6 años abusada sexualmente por su abuelo paterno.

"Estoy preocupada porque la policía empezó a hacer pericias sobre todos mis contenidos e información. Todavía no pude acceder al expediente. El día del periodista lo pasé así", se lamentó en diálogo con AM530 Somos Radio (Buenos Aires).

"A mí me denunciaron por el cortometraje que hice en febrero sobre abusos sexuales y que me lo censuraron. Ahí me prohibieron publicar cosas sobre el tema Arcoiris. Me acusan de haber manipulado a la niña con un video donde ella dice que no quiere ir con su papá porque yo la manipulo", detalló la periodista.

"Hay una habeas data sin resolución. Cuando empiezo a investigar sobre las revinculaciones forzadas, veo que es un problema estructural por la falta de perspectiva de género y de infancias que existe, es una situación gravísima y es una urgencia. Son muchas personas, unos 600 casos en toda la Argentina", agregó.

La abogada defensora de Calvo, Élida Barrera, había expresado días atrás que "es grave y alarmante lo que está sucediendo para todos los comunicadores. Ustedes dan a conocer situaciones que a veces nos ayudan a los abogados que estamos con casos difíciles a visibilizar las situaciones que está padeciendo la sociedad. El escenario es crítico. Esto es como si fuera una cacería de brujas, cuando uno quiere defender derechos graves, fundamentales, nos encontramos con una pared gigante donde todo el mundo se opone a los ejercicios de los derechos de defensa".

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La estafa de Vicentin, sin fin: piden que el Gobierno nacional se despierte

Carlos del Frade, periodista de investigación y diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, aseguró que Vicentin ha tenido "todas las facilidades" por parte del Poder Judicial para seguir estafando a sus acreedores, luego de la detención del presidente de la empresa, Omar Scarel (foto), imputado e investigado junto con otros directivos de la compañía por presunta estafa en la venta de acciones que estaban cauteladas por la Justicia.

"Estamos a 24 días del cierre del proceso preventivo de acreedores, que está radicado en Reconquista, en el norte profundo de Santa Fe, en donde se le han dado todas las facilidades al Grupo Vicentin, un consorcio de 33 empresas que tiene una deuda de 1.500 millones de dólares, que tiene denuncias probadas de que fugó 791 millones de dólares y que tiene 5 causas penales, una de ellas por la cual se detuvo a Scarel, el contador histórico del grupo, actual presidente de la nueva Vicentin, como la presentaron", detalló Del Frade.

"Scarel quedó detenido porque no pudieron cubrir la caución de 10 millones de dólares y por el temor fundado de que pueden seguir vendiendo parte de esas 33 empresas, la más importante, Renova, al grupo extranjero socio de Vicentin, Glencore, que ahora se llama Viterra. La semana pasada, esta empresa tuvo que pagar 1.500 millones de dólares por los diferentes hechos de corrupción que han cometido en todo el mundo. Estos tipos son los primeros exportadores de la Argentina", se lamentó, en diálogo con Radio La 990 (Buenos Aires).

Del Frade hizo un pedido urgente y una advertencia: "Que se despierte el Gobierno para recuperar una empresa nacional fundamental en el comercio exterior de granos para los argentinos. El plan de salvataje va a ser entregar lo que quede de Vicentin a Viterra, un grupo de mafiosos internacionales".

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¿Lo sabías? El IVA no es el principal ingreso del Estado

En abril, los ingresos totales alcanzaron los $1.085.582 millones, lo que representa una expansión del 12,6% interanual respecto a 2021 en términos reales. Este aumento se vio impulsado por el crecimiento de todos los ingresos asociados al trabajo y la actividad económica, particularmente se destacan los aumentos en la recaudación por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, IVA, Ganancias, Débitos y Créditos y Derechos de Importación. 

Los tributos de mayor peso en los ingresos totales crecieron por encima de la inflación comparados con el mismo mes del año anterior. IVA (+6,5% real), Contribuciones a la Seguridad Social (+8,2% real) y Ganancias (+20,6% real). Los ingresos por rentas a la propiedad totalizaron $126.459 millones. Este rubro, que en períodos anteriores representaba entre el 2% y el 4% de los ingresos totales, llegó a ser el 12% de los ingresos totales en abril (nivel similar que el de las retenciones a las exportaciones).

Según el análisis que el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) hizo de los ingresos del Sector Público Nacional, el 81% de dichos ingresos se explica por tributos. La Seguridad Social cumple un rol importante en los ingresos del sector público, siendo al primer cuatrimestre de 2022 el 30% de los mismos. Dentro de los impuestos, el IVA es el de mayor peso seguido por el Impuesto a las Ganancias, Impuestos a los Débitos y Créditos y los Derechos de Exportación. Estos últimos cobran relevancia a partir de 2020 producto de la suba de los precios internacionales de los commodities, de la buena cosecha de los últimos dos años y del aumento de las alícuotas que se aplicaron.

Si se compara esta misma información con la de 2019, se puede observar una caída en la participación de Contribuciones a la Seguridad Social e IVA. En contraposición, se destaca el crecimiento de los impuestos al comercio exterior y el impuesto a las Ganancias. En estos últimos dos meses se destaca el crecimiento de la participación de la rentas de la propiedad, que en el primer cuatrimestre de 2019 representaba el 7% de los ingresos totales y este cuatrimestre es el 9%.

Si se analiza la evolución de la recaudación tributaria, se registra que todos los impuestos asociados a la actividad económica y al trabajo crecieron en relación al mismo período de 2021, aunque se observa una caída respecto a las retenciones, bienes personales e impuestos internos. Además, se destaca el fuerte crecimiento de rentas de la propiedad, con un aumento del 343% respecto a 2021.

Bienes Personales sólo representa el 1% de los ingresos.

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