domingo, 29 de diciembre de 2019

El tractorazo que no fue

"Viernes 27, día "D" del campo santafesino. Los medios de comunicación hegemónicos preparaban el terreno durante la semana, para un masivo "tractorazo" contra el aumento de un 3% de las retenciones al campo. Radios, prensa escrita, páginas digitales y canales de televisión iban inflando el acontecimiento a la espera de apoyo popular a la medida de fuerza.
"Tractorazo al Monumento de la Bandera para reclamar contra las retenciones", titulaba el grupo Clarín, el jueves 26. El diario La Capital de Rosario informaba, el viernes 27, que: "El tractorazo de productores autoconvocados llegó al Monumento a la Bandera"; la página digital de Radio3: "Protesta y tensión: productores realizaron el tractorazo en el Monumento"; Infobae involucraba al kirchnerismo en su portada: "'Estuvieron cuatro años llenándose de guita': un militante kirchnerista increpó a productores agropecuarios que realizaban un tractorazo en Rosario". Pero, lo cierto es que el "tractorazo" indexado por los medios corporativos terminó siendo un rotundo fiasco.
Tan sólo 16 tractores se apreciaban estacionados en batería frente al Monumento a la Bandera, junto a unas 10 camionetas de alta gama, cuatro camiones y un puñado -que no llegaban a los 120- de manifestantes del campo santafesino.
El ruido mediático comenzó a sonar desde los días previos al día "D". Desplegaron un seguimiento inusitado, a la que debía ser la madre de todas las  manifestaciones, en un intento de aproximar esta supuesta "correlación de fuerzas" con la de hace 10 años atrás, en las protestas contra la 125.
El Monumento a la Bandera de Rosario es un lugar de una fuerza simbólica única e incomparable. El "tractorazo", según los medios, se apropiaría de ese espacio para visibilizar sus "fuertes" reclamos. Se suponía que un gran grupo, que terminó siendo un puñado, de productores del sur de Santa Fe marcharía al monumento luego de concentrar en la intersección de la ruta nacional 34 y la A012 -una autopista que circunvala Rosario-, para luego emprender el rumbo y terminar frente al Monumento.
Según el grupo Clarín, los productores que participaron serían de Carcarañá, Roldán, Armstrong y Zavalla. El medio estimaba que podrían llevar unos 50 tractores al centro de Rosario. Lo cierto es que llegaron solamente 16. De todas maneras, cincuenta tractores ya eran demasiado pocos para demostrar una fuerza demoledora en su solitaria protesta.
El diario La Capital de Rosario, por su parte, describía en sus páginas que los productores del sur santafesino no sólo reclamarían contra el "incremento en las retenciones", que aseguran que los deja en una situación muy difícil para seguir produciendo, sino que también "contra el paquete impositivo" que ha enviado el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a la Legislatura, a través del cual incrementará los impuestos provinciales.
En este sentido, un productor de Nogoyá, Entre Ríos, afirmó al programa De 12 a 14 (El Tres) que las retenciones son "confiscatorias" y sobre los impuestos que pesan sobre el sector señaló: "Estamos asfixiados, es una cosa imposible de pagar". Pero además añadió que la movilización se inició con "40 tractores y se sumaron un montón de camiones y camionetas. Hay varios kilómetros de cola", dijo Diego Pascuale, productor de Carcarañá, ex precandidato a intendente de esa ciudad por Cambiemos y organizador de la manifestación. Quizás lo que se le olvidaba mencionar a Pascuale es que si colocábamos todos los vehículos en fila india no alcanzaban a esos varios kilómetros que describía en el reportaje realizado por Canal 3 de Rosario. A lo sumo, y siendo generosos, alcanzarían unos 200 metros.
Si bien el medio digital Rosario3 mencionaba en su crónica que, debido a los manifestantes movilizados, uno de los carriles de la avenida Belgrano (el que va hacia el Monumento) quedó cortado y que sobre el otro carril se podía transitar con restricciones, lo cierto es que la arteria no quedó cortada, ni con restricciones. Solamente al ingresar los pocos tractores, camionetas y camiones, el tránsito se relentizó un poco, pero una vez estacionados, se normalizó la afluencia vehicular.
En las ilustraciones de las notas, tanto fotos como imágenes audiovisuales, los medios han utilizado como técnica de masificación los planos cortos o primerísimos primeros planos. Nada de planos generales o la utilización de drones con planos hiper abiertos.
Como parte de la puesta en escena mediática, Infobae encontró a su militante kirchnerista, en medio del "tractorazo" que no fue tal.
Todo transcurria con total normalidad, aparente. Hasta que los manifestantes agredieron a golpe de puños a un conductor que pasaba con su familia por el lugar. Desde el auto se escuchó: “Estuvieron cuatro años llenándose de guita”. Inmediatamente el descontrol se instaló en torno al vehículo, que tuvo que frenar repentinamente. Entre gritos e insultos, el conductor se bajó del auto, momento en el que dos de los manifestantes lo agredieron a los golpes. En ese momento, otros intercedieron para calmar la situación.
Finalmente, el hombre y su familia se subieron a su vehículo y se retiraron en medio de una ola de insultos campesinos. Esta situacion fue vista por Infobae como que "un militante kirchnerista que circulaba con su pareja y su hija" agredió a los pacíficos manifestantes del campo.
No hay un sólo campo
Mientras un grupúsculo de la oligarquía campesina santafesina se manifestaba en Rosario contra un aumento del 3% a las retenciones, el Foro Agrario Nacional, que reúne a productores de la agricultura familiar, consideró "lógico que el nuevo gobierno actualice el derecho de exportación", destacando el objetivo redistrubutivo de la medida. Desde el espacio liderado por la Unión de Trabajadores de la Tierra afirmaron que las retenciones deben ser segmentadas para que "paguen más los que más tienen", y han pedido al Gobierno que convoque al diálogo al "campo que trabaja con los pies en la tierra".
El Foro agrupa a sectores populares del campo: los quinteros de la Unión de Trabajadores de la Tierra -conocidos por sus verdurazos-, cooperativas de productores de yerba y lácteos, recuperadas y pequeñas o medianas empresas agropecuarias y organizaciones campesinas.
Reconoció la situación de emergencia social y alimentaria que llevó al Gobierno a tomar la decisión de actualizar los montos de las retenciones, y propuso "gravar la exportación según la facturación de las cooperativas y la situación de las economías regionales". "Si todo el campo no es lo mismo tampoco los son las capacidades contributivas de los productores. Que paguen más los que más tienen", sostuvo el foro y solicitó al Gobierno que los convoque al diálogo porque "la Mesa de Enlace no representa el territorio, ni tiene propuestas concretas para luchar contra el hambre ni la crisis alimentaria".
"Tenemos propuestas y muchas más problemáticas que nos afectan: el precio de los insumos, los seguros multi riesgo, las semillas, el alto costo de los servicios, necesidades en infraestructura, caminos rurales, seguridad", detalló el foro, que es expresión de las miles de familias de la agricultura cooperativa, que representa más de 54% del empleo rural.
El mensaje del Foro Agrario también apuntó al debate público que se instaló desde que se conoció la actualización de las retenciones, con las voces de las entidades agropecuarias como preponderantes. "No se dejen engañar por discursos que defienden intereses concentrados contrarios al bienestar del pueblo, lejanos a luchar contra el hambre", advirtieron.
"No hay un solo campo. Por un lado, existe un campo concentrado que gana con la especulación financiera, la devaluación, que desaloja familias campesinas e indígenas y no le preocupa la destrucción de los bosques nativos ni la contaminación con agrotóxicos. Por otro lado, estamos las y los del campo cooperativo", que promovemos "un cambio de modelo productivo hacia la agroecología y la democratización de los canales de comercialización", a partir del Programa Agrario Soberano y Popular.
También el MTE Rural, de la CTEP, dió su respaldo a las retenciones. “Resolver la situación de hambre e indigencia del más del 40 por ciento de la población debe no ser sólo la prioridad del gobierno, sino un deber de toda la sociedad. Este aumento no pone en riesgo los niveles de rentabilidad de los sectores concentrados, que son justamente los que toman de rehenes a nuestros pequeños y medianos productores y productoras, trasladándoles los costos de estas medidas. Por esto confiamos que las mismas serán acompañadas con otras complementarias para el fortalecimiento de la agricultura familiar. Para que más paguen los que más tienen, aspiramos a que se evolucione hacia un esquema de retenciones segmentadas para que no seamos afectados en nuestra actividad productiva”, indicaron en un comunicado".
Fuente
Más:
Etchevehere y Carrió partieron la Mesa de Enlace

viernes, 27 de diciembre de 2019

Fracasó intento de engaño de gobernador mendocino

"Como para ganar tiempo, ayer jueves, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, convocó a una conferencia de prensa a fin de anunciar un llamado al diálogo para la reglamentación de la nueva ley 9.209, conocida popularmente como ley cianuro.
Visiblemente enojado, comenzó su llamado a la “paz social” con nula buena fe, calificando de violentos, mentirosos, dogmáticos, sin fundamentos, y propaladores del miedo, a quienes defienden el agua pura y exigen la prohibición del uso de cianuro y otros tóxicos en la minería. Además, contra todas las evidencias que ya son públicas, el dirigente radical negó haberlos reprimido el pasado lunes.
“Mendoza tiene un modelo productivo que viene cayendo, que no viene generando riquezas, que no viene generando inversiones. Tenemos el 40% de la población por debajo de la pobreza. Esto significa que hay mendocinos y mendocinas que no comen, que no pueden mandar a sus chicos al colegio, que no tienen para vestimenta, que la están pasando muy mal”, sinceró Suárez, asumiendo la pesada herencia recibida de su mentor y correligionario Alfredo Cornejo. E inmediatamente puso todas sus esperanzas no en el cambio de las políticas neoliberales que vienen destruyendo nuestra economía, sino en la megaminería a cielo abierto como la principal posibilidad para superar la pobreza y la desocupación en Mendoza.
En la visión del mandatario mendocino, lo que impide el avance minero es la ignorancia, la confusión, la falta de información y el miedo que, según él, se promueve desde el anonimato de las redes sociales. Desconociendo así, además de la multitudinaria movilización popular, los numerosos aportes que desde el campo científico se realizan desde hace años para proteger nuestros escasos recursos hídricos.
Sin ir más lejos, el pasado 19 de diciembre, previo a la aprobación de la ley cianuro, trabajadores de Ciencia y Técnica del Instituto Ianigla-Conicet propusieron repensar el futuro desarrollo socioeconómico, el uso del agua y la conservación de ambientes naturales de Mendoza. En un comunicado difundido entonces, desde esa prestigiosa institución cuestionaron la flexibilización de la ley 7.722 pretendida por el gobierno y la ausencia de un debate serio, profundo y de aportes de diferentes sectores sociales.
La advertencia de este calificado organismo, como de tantos científicos y científicas de Mendoza, Argentina y el mundo fue desoída por Suárez y ahora, apremiado por la presión social y un probable escenario de conflicto de cara a la Vendimia, convocó a un simulacro de diálogo que no modificará ni un ápice la discusión central: el uso de sustancias contaminantes en proyectos de megaminería a cielo abierto.
No obstante la convocatoria del gobernador, la respuesta de organizaciones sociales, políticas, ambientalistas y de ciudadanos y ciudadanas autoconvocadas no tardó en llegar. Anoche mismo, la pueblada por el agua pura no mordió la zanahoria de Suárez y siguió en las calles. Encabezada por la marcha de los Tambores por el agua, una multitud que confluyó en Plaza Independencia de Capital exigió al gobernador la derogación lisa y llana de la ley cianuro para restituir la plena vigencia de la ley 7.722, “guardiana del agua”.
Por su parte, la Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua, anunció la continuidad de un plan de lucha que prevé una concentración masiva para el próximo lunes 30 de diciembre a las 10, en el Nudo Vial de acceso este de la Capital, y una posterior marcha a las 11 hacia Casa de Gobierno".
Fuente
Más:
El Frente de Todos salió a pedir la derogación

jueves, 26 de diciembre de 2019

Córdoba: los merenderos y comedores se duplicaron durante el macrismo

La campaña Comer Bien llevó a cabo un relevamiento de merenderos, comedores y copas de leche en toda la provincia de Córdoba que arrojó resultados contundentes sobre la grave crisis económica y social que atraviesa el país luego de las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Comer Bien es la iniciativa que se lanzó desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) a nivel nacional, junto con otras organizaciones participantes como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), las universidades públicas como la de Córdoba y Villa María, los colegios como el de Nutricionistas y el de Servicios Sociales de Córdoba, entre otras.
"Fue un estudio preliminar, un primer corte, que tuvo como objetivo caracterizar, localizar y georeferenciar unos 305 comedores y merenderos y saber en qué situación están", describió Gabriel Suárez, decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María.
A esos 305 establecimientos informales asisten unas 22.300 personas para alimentarse diariamente. "En los últimos años, se duplicaron los merenderos y la gente que asiste a ellos. Ante una emergencia económica, estamos viendo un emergente social y organizacional", indicó el catedrático.
Los datos del relevamiento reflejaron la deficiente calidad nutricional de la comida a la que acceden estos ciudadanos. "Las frutas y verduras no llegan a cubrir el 15% de la dieta, y el 30% son guisos", comentó Sol Alamo, de la CTEP. "Faltan recursos en un país que produce alimentos. Hay un porcentaje de carne, pero hay que fijarse qué carne se come", añadió Suárez, en entrevista con Canal C (Córdoba). "La carne que se come es alita de pollo, molida e hígado", detalló Alamo.
"En el interior, el gobierno local está más presente, pero el problema del hambre se soluciona en la casa. Una política pública debe fortalecer la comida en la casa y eso se está pensando en los movimientos sociales. Los comedores hoy se sostienen por ellos", destacó Suárez.
"El 70% de los que trabajan en los merenderos y comedores son mujeres. Y otro dato: el 75% de estos lugares realizan otras actividades sociales: apoyo escolar, prevención de violencia, nutrición. Ahí tenés la potencia de la organización social", consideró Alamo.
Más:
"Estamos yendo a una generacion de chicos petisos y obesos"

miércoles, 25 de diciembre de 2019

"La mayoría de los evangelistas son peronistas"

El libro "Argentina Evangélica. Estudios socioantropológicos sobre misiones e iglesias" (2019) intenta explicar la presencia de iglesias evangélicas en distintos espacios de la sociedad argentina, a partir de escritos compilados que van desde 1989 hasta el año 2014. César Ceriani Cernadas, antropólogo y uno de los compiladores de la obra que fue presentada en marzo en el Museo de Antropología de la Universidad de Córdoba, considera que "lo envagélico" ha sufrido cambios en su consideración pública: "A fines de los '80 y los '90, estaba más asociado quizás al problema de las sectas. Por aquel tiempo, se decía que los pastores evangélicos estaban para sacarle dinero a la gente. Hoy, encuentra su lugar más visible por su oposición a cuestiones como el matrimonio igualitario y  la aprobación de una ley que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".
-¿Cómo se explica el crecimiento del movimiento evangélico en Argentina?
-Puedo argumentar tres causas que explican su crecimiento durante los últimos diez o doce años. El pentecostalismo ha crecido y se ha hecho cada vez más público. También han cobrado una mayor resonancia sus reclamos por una condición de ciudadanía, por su subalternidad, en relación a la religión católica. El movimiento evangélico se ha visto más involucrado en la defensa por sus derechos ligados a la libertad religiosa, a la libertad de expresión y a la posibilidad de hacer eventos religiosos en espacios públicos o semipúblicos. Por ejemplo en el Obelisco, en la Facultad de Derecho, etc. Son cuestiones que involucran al Estado, a la política. Y en los últimos años, también existió una voluntad de tener una incidencia mayor en las problemáticas vinculadas con políticas púbicas y el acceso a derechos.
-¿Qué características propias la convierten en una religión tan popular?
-En primer lugar, el trabajo territorial y de base. El pentecostal se mueve mucho en territorios periféricos y subalternos, en un sentido de acceso. Se ha expandido también en clases medias, y medias altas, pero presenta un anclaje mayor en clases medias bajas, en pueblos medianos de 5.000 o 6.000 habitantes. En cualquiera de las provincias de nuestro país, en pueblos indígenas, en las cárceles. Su forma de trabajo se vincula por redes interpersonales y familiares. Muchas iglesias evangélicas surgen al lado de la pastora o del pastor que genere ese lugar de culto. En sus redes de amigos y así van formando una congregación. En la cárcel también son vínculos interpersonales, muchos de ellos relacionados a la vida dentro de la cárcel, vinculado a su mundo de violencia y de drogas, tanto por las fuerzas del orden, como la de los internos. En muchísimos lugares de cárceles, el evangelismo ofrece una alternativa. Los internos ven o perciben eso, y a nosotros –como investigadores–, no nos interesa cuán cierto es que sean o no creyentes. Lo que resulta interesante es que es una realidad que está presente y se mueve. Los internos se bautizan y sienten esa necesidad de seguir teniendo esa pertenencia que los contiene.
-¿Cómo se podría caracterizar a este movimiento?
-Lo pentecostal es extrovertido. Tiene un ethos extrovertido. Su misión es la de evangelizar y convertir. Ir hacia adentro, hacia los cultos pero también ir hacia fuera. Esa es su misión. Estar en las plazas, en los subtes. El espacio público es para la fe evangélica un espacio pecaminoso, por lo tanto se traduce  en un mundo que hay que salir a redimir. Es una religión dada para el afuera, para expresar. No es tanto para ir hacia adentro. Se observa incluso en su corporalidad. En las campañas, las celebraciones, los festivales. Todo se ha tornado público. Una característica que lleva a la gente a generar una relación más afectiva y cercana. No significa que no esté plagada de rencillas. Pero vos entrás a una iglesia evangélica y siempre te van a recibir. Uno aprende a hacer su testimonio, en lugares y sectores vulnerables. Son lugares de una pedagogía particular. Por ejemplo, se enseña a leer la Biblia, a hablar de una forma particular, a cómo exponerte. La experiencia religiosa pentecostal es una experiencia muy diferente a la católica. Ya existen generaciones, pero también hay conversos y ellos mismos ven esas diferencias, sobre todo en la posibilidad de expresarse con mayor libertad. El caso de las comunidades tobas, o wichi, por ejemplo que son muy contenidas, lo que no hacen en ningún contexto abierto, esto de mirarse, de abrazarse, sí lo hacen dentro del culto evangélico. Se sienten allí absolutamente protagonistas, porque el Espíritu Santo baja para todos. El pastor puede imponer las manos y en ese momento están todos abiertos a que el poder del Espíritu Santo los sane, los cure. Les brinde prosperidad para los diversos problemas de la dureza de la vida. Esa experiencia religiosa, y esos modos de afectividad, son centrales. Todos se reúnen cantando. El pastor dialoga de una manera diferente al sacerdote católico. La práctica de los testimonios llega a ser incluso más fuerte que la del propio pastor. Saben cómo hablar de sí mismos, ponen en práctica esas pedagogías emocionales. Son experiencias fuertes y tienen mucho arraigo en la gente.
-¿Por qué se oponen al aborto?
-Para el movimiento evangélico el aborto es un tema central .Ellos, en el momento de mayor debate público, ya lo habían dicho: "Esa va a ser nuestra mayor batalla". El aborto es un tema donde pastores evangélicos y el clero católico generan una alianza muy fuerte. Nunca irían a hablar por otros temas, pero temas como el matrimonio igualitario y mucho más el aborto, los aúnan. Los fortalece. Ellos militan estos temas. Se sienten militantes acérrimos por la vida. Es una gran disputa pública y política de lo que uno considera un derecho. Para ellos, una ley que garantice el derecho al aborto, es una ley que garantiza la muerte. Para ellos el aborto es un crimen. La moral es la que ha tenido una mayor incidencia en estos temas. Y como vimos, esta presión ha existido también sobre muchos senadores.
-¿Cómo es su relación ideológica con el poder político?
-El movimiento evangélico es un movimiento muy popular. Si uno hiciera una encuesta hoy, donde se vinculara el movimiento evangélico con el poder político, esa encuesta daría que todos esos pentecostales en nuestro país son -en su mayoría- peronistas. Porque la matriz social de la que provienen es peronista. Y los pocos intentos de formar partidos políticos, desde una raíz evangélica, no han tenido mucha incidencia. Por lo general, los evangelistas siguen votando al peronismo, ya sea el peronismo federal, el kirchenrismo u otro tipo de peronismo. No son votantes de la derecha neoliberal. Incluso, muchos actos peronistas han tomado la performance de las iglesias evangelistas, en relación a las formas, los modos testimoniales, los discursos y la cosa masiva.
Más:
¿Qué es la Teologia de la Prosperidad?

martes, 24 de diciembre de 2019

El Grupo Macri, detrás del negocio minero en Mendoza

"El gobernador radical actual de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, aliado de Cambiemos y del ex gobierno de Mauricio Macri, fue electo con el 51% de los votos. Representa a los sectores más conservadores de derecha de dicha provincia, que lo único que ha hecho a lo largo del tiempo (junto con el antecesor, Alfredo Cornejo, del mismo partido) fue conceder todo tipo de permisos y "libertades" a las empresas, incluyendo las extractivistas.
Fue así como en el año 2016, bajo el gobierno de Macri, se presionó para que se instale la megaminería en Mendoza y se hiciera de ésta un eje extractivista del país así como se ha hecho de San Juan, provincia que ha quedado devastada ambientalmente por obra de las mineras extranjeras. En 2018, el ex gobernador Cornejo -medio un decreto- le concedió permisos a empresas del grupo Macri para realizar explotación de nuevos yacimientos de cobre encontrados en el sur mendocino.
Con ese decreto, el gobierno restituyó la explotación a la empresa del grupo Macri, reconociendo la apelación contra el propio Consejo de Minería de la provincia. “Acéptese formal y sustancialmente, el Recurso de Apelación, interpuesto por el Contador Julio C. Pulisich, en representación de Minera Geometales S.A., en contra de la Resolución Nº 454 del año, 2014, emitida por el Honorable Consejo de Minería", termina el texto del decreto.
La firma Geometales, cuyo titular era Franco Macri, se dedica desde 1997 a la negociación de propiedades mineras con otras empresas. Además de la mina de Malargüe, que lleva el nombre de la nieta de Franco, Francesca, la firma tiene otros yacimientos en la misma Mendoza, San Juan, y el llamado “anillo de El Teniente” en Chile, una de las minas de cobre más grande del mundo.
Este "regalo" de Cornejo al grupo Macri se dio en el marco de la avanzada del gobierno provincial para implementar el uso del fracking en el sur de Mendoza y del fuerte lobby minero para reactivar proyectos como el de Vale.
En 2019, el gobierno Macri/UCR provincial volvió a ganar las elecciones, y para no perder la costumbre, apenas asumido, fue más allá y finalmente modificó la ley 7.722  que protegía el agua potable. Rodolfo Suárez prometió y cumplió: desde mucho antes, cuando la campaña por la gobernación empezaba, una de las advertencias fue que con la UCR se venía algo bastante peligroso: la megaminería metalífera contaminante.
El último recurso al que se podría apelar ahora es a la justicia y a organismos internacionales, que apliquen sanciones y protocolos que aleguen inconstitucionalidad, dado que esta modificatoria viola el principio de no regresión  ambiental establecido en la Ley General de Ambiente.
Lejos de ser una fuente de prosperidad, ha quedado demostrado que la tajada más grande de la megaminería se la llevan unos pocos, que terminan comprando agua embotellada en países europeos mientas nosotres nos quedamos con la peor parte y migajas, condenando a generaciones enteras a la miseria, al agua envenenada y a la muerte.
El cambio real vendrá cuando de los recursos y de la minería se hable en términos del entramado de empresas extranjeras que existen, de la soberanía, de la nacionalización de los recursos, y de una Constitución Nacional que contemple y resguarde estos derechos, pero también de una sociedad no solamente con conciencia sobre el medio ambiente sino también con conciencia política".
Fuente
Más:
15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina 

lunes, 23 de diciembre de 2019

Mendoza: lo que hay detrás de darle vía libre al cianuro en la minería

"Dos advertencias: la primera, lo que sigue es una opinión. Conozco gente a la que las opiniones no le interesan: si te enrolás en esa preferencia, nada de lo que leas a continuación te va a importar.
La segunda: opino que lo que voy a decir es aplicable a cualquier hipótesis de actuación política o funcionamiento institucional, se trate de decisiones cuyo resultado final sea envenenar el agua, regalar panes dulces para Navidad, matar "legalmente" a la gente porque tiene “cara de ladrona”, colocar juegos para personas con discapacidad en una plaza, modificar la Constitución por decreto o cualquier ejecución que surja de la dinámica política de un municipio, de una provincia o de un país entero.
Nuestro sistema de gobierno es representativo, republicano y federal. Acá tenemos, ya, un problema: la representatividad perfecta no es posible. Quien representa a Dios, no representa al Diablo; y la vida social plantea y evidencia, precisamente, la convivencia de dioses y diablos.
A esta imposibilidad se suma otra cuestión, gravísima en nuestro país: la “grieta”, para los infames, importa un negocio; pero, para los justos, supone una toma de posición respecto del Bien y del Mal. Yo estoy de este lado y me autopercibo ubicado en la dinámica del Bien: lo mismo parece sucederle a la gente del otro lado, que está convencida, por ejemplo, de que los impuestos deben utilizarse para hacer más ricos a los ricos y de que ninguna norma o acción política debería imponerle al Estado destinar ese dinero al intento de que la gente en situación de marginalidad no muera. Las posiciones, así de antagónicas, son irreconciliables.
Por si fuera poco, la experiencia macrista ha demostrado con niveles pasmosos de realismo que muchos están dispuestos a ser dañados, a cambio de que aquellos que están en el polo opuesto pierdan toda gravitación respecto de cualquier ámbito, la existencia misma incluida.
En este tinglado, el electorado radical mendocino no tiene la menor idea acerca de lo que implica para la vida el despliegue de las corporaciones mineras en un territorio donde siempre, mayormente, se han plantado frutas y árboles de aceituna.
No es válido contradecir “yo soy parte del electorado radical mendocino y no voté esto” (es muy difícil hablar y que todos entiendan). Ser antiperonista significa, entre otros cientos de consecuencias, aceptar el sometimiento a las decisiones de las grandes alianzas empresariales. Las redes sociales explotan de pequeñas filmaciones que muestran a sujetos anónimos del antiperonismo viendo de buen grado ser despedidos de sus trabajos, con tal de que no “vuelva” el peronismo. Por estos días, con la “cuestión de la minería”, el apego a esa idea primaria (“la vida por Macri”, “la vida por León Trotsky” y así siguiendo) supone morirse por la contaminación o la desaparición del agua. La recompensa, para ellos, constituye un principio mórbido-existencial: con tu propia muerte, el peronismo deja de existir.
Entonces, el antiperonismo votó en Mendoza. El candidato antiperonista más votado fue Rodolfo Suárez, un inútil (aunque cruel a niveles de oligofrenia) en quienes enormes masas de patologizados por convicción o por ignorancia vieron la evitación del peronismo, a cualquier costo. De nada valió, a esos electores fuertemente irradiados por el aura tóxica de los medios pagados, explicar que Suárez iba a actuar de forma infinitamente peor que su antecesor Alfredo Cornejo, que es nada más que un perverso cuyo límite es la conveniencia. “Rody” Suárez, quizás un niño mimado por la tradición feudal, quizás un cagatintas de dos horas al día y vino regalado, es en verdad un monosabio digitable de fuste, que no cuenta con elementos de estructura psíquica que le permitan prever consecuencias complejas, ni con barreras frenopáticas idóneas para detener o impedir el daño al Otro. Para aquellos a quienes les gusta la literatura, es el señor de Ubú: un déspota al borde de la normalidad que hace lo que mal puede; y lo que mal puede es tiranizar con brutalidad.
Yo no sé cuál es la mayoría con que ese can matemático cuenta, después de las elecciones del 29 de septiembre, en la Legislatura provincial. ¿60 %? ¿Seis de cada diez? Pues no hay (no hay) posibilidad de realizar una oposición efectiva. Realmente no hay chance de que un proyecto de ley que provenga del oficialismo no salga finalmente como ley. No la hay.
Esto, además, implica que el electorado ha asumido un riesgo (o no sabe que lo ha asumido), que es, como gallina, haberle abierto el gallinero a los lobos. A fuerza de verdad, los radicales neoliberales van a hacer lo que quieran, por la contundencia de su aceptación en las urnas. La misión de la oposición, hoy, es tratar de atenuar (ni siquiera de evitar) los efectos nocivos de las decisiones que indefectiblemente tomarán los perversos.
La oposición hará lo que pueda. Y en este tema de la minería pudo, a través de la acción política en abarrotante inferioridad numérica, esto: crear una Comisión Bicameral de ambiente, crear una Policía Ambiental, crear una empresa minera provincial (con representación de la oposición en el directorio) y obligar a que un porcentaje de las regalías se destine a un fondo que financiará la gestión del recurso hídrico. Todo lo demás fue voracidad neoliberal, acciones de suicidio social legitimadas por un electorado enfermo, para el cual habría estado igualmente “bien” la ley sin esos agregados consensuados con (y propuestos por) el peronismo.
¿Qué debemos virtuosamente hacer nosotros desde acá; nosotros, como militantes? De momento, nada. Bancársela, seguir militando y dejar trabajar a nuestros representantes, sometidos siempre al juicio de las bases que allí los han colocado. Quizás no calladamente: las discusiones, hoy, son más saludables que el agua que el radicalismo va a contaminar.
Y apuntar el debate hacia donde tiene que ir: la necesidad de una profunda reeducación hacia fuera que a la vez implique, dentro del espacio que comulgamos, dar al fervor por lo simbólico el lugar que debe tener y dejar de que sea la única herramienta de militancia. No mover del lugar una bandera que no deja ver al orador o hacer pogo con la marcha quizás pueda ser interpretado como un “no pasarán” de ovarios y testículos; pero el cuerpo tiene también otros órganos. Si el cerebro deja de funcionar, ni los ovarios ni los testículos sirven para ninguna cosa.
Empezar a leer (aun los militantes letrados). Formarse y formar cuadros para que ese proceso de reeducación permita dirigir a una población que cada vez esté más cerca de la salud moral y que hoy sufre –por propia voluntad- un proceso de ignorancia pasional que la ha llevado a enfermarse de la manera más conveniente al poder perverso. Estudiar para erradicar conductas de aceptación de la propia explotación y aun del propio exterminio, como propicia a voces la mayoría actual. El electorado mendocino, igual que el nacional hace cuatro años, ha enfermado; en el sentido de que ha elegido su propia destrucción, en contra del elemental principio de conservación que debería regirla. Ese electorado debe empezar a cambiar; y ese cambio debe consistir, necesariamente, en la adopción de una virtud política, social y aun de una virtud personal; todo lo cual requiere “salir a la calle”, sí; pero principalmente ilustración y vocación por la elaboración crítica informada.
El problema conduce a una filosofía de la acción política. No sólo porque implica repensarnos; sino, además, porque frente al escenario descripto y a los hechos consumados, lo único que cabe es el análisis racional. ¿Qué debió haber hecho el peronismo mendocino? ¿Dejar que la ley “saliera” tal como querían los perversos? ¿Blandir los símbolos del partido y hacer pogo con la marcha, mientras el radicalismo neoliberal sonríe y espera que la efusión termine, para luego obtener su propósito de negociados y desprecio por el pueblo? ¿O más bien tomar las armas de la política y atender –y enfrentar- las implicancias de una correlación de fuerzas sumamente avasallante, para diluir siquiera mínimamente la garantía un despotismo traído y validado por una mayoría enferma?
“La orden bajó de Alberto y de Cristina”. Pues bien, no había otra orden posible. Si el peronismo mendocino se retiraba del debate o aun si demostraba su palmaria impotencia argumentando inútilmente a lo Dantón frente a la abrumadora mayoría de inmorales de que se compone la Legislatura, decretaba su muerte política. Si ignoramos esto, seremos nosotros los asesinos del único espacio que asegura un estado permanente de lucha por la libertad económica, la soberanía política y, sobre todo, la justicia social.
La ley es una basura de la que sólo se beneficiarán los grandes capitales. Condena a generar un pasivo ambiental que abarcará más de la mitad del territorio provincial. En medio de un desierto, asegura que habrá menos agua que la que pocamente hay: gran parte se contaminará en forma irreversible para siempre; pero, además, la megaminería (minería masiva) producirá cambios climáticos que harán decaer, año a año, la producción de nieve en la alta montaña. Y es esa nieve, precisamente, la que provee el agua que sirve a las ciudades, porque los ríos de Mendoza son ríos de desierto montañés.
Para peor: ni siquiera los argentinos gozaremos los productos de la extracción minera. Como siempre, serán empresas extranjeras las que, en mayor injerencia respecto del total de la producción, tomen la materia prima y se la lleven a otro lado, a cambio de unas regalías que serán monedas y que se utilizarán para acentuar la tiranía. Eso sí: “habrá trabajo” para unas cuantas personas, que también antepondrán su ignorancia y su tozudez de criterio a la urgente necesidad de no destruir lo que mínimamente necesitamos para… vivir.
Tengo muchas sensaciones muy encontradas; pero sí tengo algo claro: el gran culpable de esta masacre ambiental es el electorado mendocino, fiel y cabalmente representado en las mayorías de la Legislatura local. Así como personalmente ha elegido su propia decadencia, colectivamente ha optado, con toda libertad, por su propia destrucción.
No puedo decir otra cosa".
Fuente
Más:
"Nunca Más a la defensa de las corporaciones contaminantes"

sábado, 21 de diciembre de 2019

Solidaridad Social aprobada: ¿Y ahora qué va a hacer Schiaretti?

Esta madrugada, el Senado Nacional terminó sancionando la ley de Emergencia Social, que ayer había aprobado la Cámara de Diputados, en medio de la grave crisis que afecta al país. Entre los puntos más debatidos estuvieron las jubilaciones y las retenciones a los empresarios agropecuarios, pero esta normativa también anula los incrementos que había dejado el gobierno de Mauricio Macri para las tarifas de los servicios públicos y congela su precio luego de desdolarizar sus valores.
Esta decisión nacional ahora debe ser instrumentalizada en las provincias a través de las empresas de energía eléctrica. Se desconoce cuál va a ser la posición que el gobierno de Juan Schiaretti adoptará a través de Epec (Empresa Provincial de Energía de Córdoba). Justamente, este punto fue abordado por la abogada Valentina Enet, una de las referentes principales del movimiento ciudadano que desde 2016 se levantó en contra del tarifazo macrista e interpuso medidas cautelares en la Justicia para frenar aumentos que escapaban a toda lógica económica y social.
"Lo más importante es saber cuál será el comportamiento del gobernador Schiaretti frente al “congelamiento de los aumentos de las tarifas” dispuestos por el gobierno de Alberto Fernández", manifestó Enet y se preguntó qué hará el mandatario cordobés "con los brutales aumentos dispuestos a fines de noviembre y con la aplicación de los nuevos impuestos dispuestos para los cordobeses para paliar el brutal endeudamiento que Schiaretti ha realizado en estos cuatro años y sin haber consultado a los ciudadanos si queríamos, por ejemplo tener un puente sobre el lago San Roque que no va a ningún lado, sólo sirve para sacarse fotos".
La integrante de la agrupación Ciudadanos contra el Tarifazo y ex candidata a diputada nacional planteó estas inquietudes especialmente teniendo en cuenta "ahora que se derogó el “pacto fiscal” que Schiaretti firmó con el gobierno de Mauricio Macri, que le quitaba a la Provincia 4.800 millones de pesos y que ahora va a volver a recibir gracias a Alberto Fernández – Estado Nacional".
"El monto de las facturas de Epec dependen exclusivamente del gobernador, que en lo personal espero que alguna vez piense en los ciudadanos cordobeses, porque si no adopta una decisión al respecto volveremos a ser la provincia que paga las tarifas más altas del país. Los otros gobernadores, como por ejemplo el de Buenos Aires ya han dispuesto el congelamiento de las tarifas", publicó en su cuenta de Facebook.
Para la discusión en Diputados, Schiaretti colaboró con el quórum al ordenarle a sus 4 diputados sentarse en sus bancas a la hora de abrir la sesión, además de haber votado a favor de la ley de Emergencia Social, más allá de luego haberse opuesto a ciertos artículos, especialmente los referidos a la actualización de las retenciones a los empresarios agropecuarios. El cambio del schiarettismo en su postura ante el gobierno de Alberto Fernández se da en el marco de un trabajoso deshielo de relaciones, luego de la prescindencia de Schiaretti en las pasadas elecciones, decisión que incluyó haber repartido la boleta de Hacemos por Córdoba con la de Juntos por el Cambio.
Por lo pronto, en la sesión de esta semana de la Legislatura provincial, el bloque oficialista bloqueó una iniciativa del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) que proponía el congelamiento de las tarifas de agua, gas natural y energía eléctrica por un plazo de seis meses. En el caso de la boleta de Epec, sólo en los últimos 12 meses, el aumento fue de un 70%.
Más:
Estudio: el costo operativo de Epec es el más alto del país

viernes, 20 de diciembre de 2019

La verdadera causa del viaje de Macri a Qatar

En medio de la grave crisis en la que dejó el país, el ex presidente Mauricio Macri se fue a Qatar a ver la final del Mundial de Clubes, polémica decisión que hasta fue criticada -off the record- por diputados opositores durante la sesión donde se discutió y aprobó -esta mañana- la ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica.
Ayer, en pleno debate nacional de cómo salir de la crisis que provocaron las medidas de Cambiemos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ex mandatario, y su esposa Juliana Awada, se dirigió hasta el aeropuerto internacional de Ezeiza para tomar el vuelo de Iberia IBE6856, que debía partir a las 14.35 de Buenos Aires para llegar a Madrid a las 6:13 horas de España. Una vez allí, el exjefe de Estado seguirá a Qatar para presenciar la final de Flamengo, de Brasil, contra Liverpool, de Inglaterra, que se disputará mañana sábado.
Pero este sorpresivo viaje -y costos en términos políticos para el referente del PRO, teniendo en cuenta que se había postulado para liderar la oposición al gobierno de Alberto Fernández- estaría relacionado con negocios personales y desarreglos de pasadas complicaciones judiciales antes que con el fútbol y el descanso.
Mauricio Macri, junto a otros funcionarios de su gobierno, se encontraba imputado por estafas y defraudaciones, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por haber firmado un memorándum de entendimiento con ese país árabe.
La firma del pacto fue en 2016 y la posible defraudación que la justicia argentina investigaba ascendía a 1.300 millones de dólares, a partir de la creación de un fondo argentino-catarí para supuestas obras de infraestructura que nunca se hicieron, en el marco de "una estructura offshore", según la denuncia de la fiscal de la causa, Paloma Ochoa. Luego, en 2018, el juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal desestimaron la denuncia, aunque los querellantes siguen insistiendo en que la maniobra fue ilícita y podrían recurrir a instancias superiores para reabrir la causa.
Mauricio Macri y el emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani,
en la Residencia Presidencial de Olivos, el 28 de junio de 2016
En el expediente judicial, fueron imputados, además de Macri, su ex vicepresidenta Gabriela Michetti; el ex titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier; la ex canciller Susana Malcorra; el ex titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; el ex secretario de Presidencia, Mario Quintana; el ex presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; el ex director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya; la ex embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballey; y el ex tenista Gastón Gaudio. También fueron imputados el emir catarí Tamin Bin Hamad Al Thani y el director ejecutivo de la Autoridad de Inversión de Qatar (QIA), Abdullah Bin Mohammed Bin Saud al Thani.
La justicia investigaba que, mientras se negociaba el acuerdo, el ex asesor de Macri, Horacio Reyser, compartió información confidencial de Estado con Gaudio, que se la envió a un empresario amigo, Nicolás Rosendi. Según consta en la causa, desde el 28 de julio de 2016, cuando Mauricio Macri recibió al emir de ese país, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, hasta el domingo 6 de noviembre, momento en el que se firmó el acuerdo, hubo correos de Estado que se compartieron a empresarios privados. Y estos, con la información privilegiada, habrían firmado contratos millonarios con Qatar Investment Authority (QIA) para ser "consejeros" del fondo multimillonario que se acordó con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Es por esto que su titular en ese momento, Blaquier, tuvo que renunciar a su cargo.
Un dato más: el intermediario entre el gobierno de Macri y Qatar, el empresario Nicolás Rosendi, mantiene vínculos comerciales con Juliana Awada, ya que le pagaba las expensas de las casas de un country. Pero además, la ex Primera Dama y su hermana, Claudia Zoraida Awada, son socias de Rosendi en una compañía inmobiliaria. Justamente, Juliana acompaña a su marido en esta sorpresiva excursión asiática.
Más:
Macri también hizo negocios con el emir de Qatar a través de Boca

jueves, 19 de diciembre de 2019

Jubilados y la ley de Solidaridad: "Nadie perdió ningún derecho"

Miguel Ángel Fernández Pastor, ex director de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), afirmó que el anuncio del gobierno para los jubilados "no es ajuste, sino todo lo contrario". Destacó que además de la suspensión de la movilidad y el incremento a través del bono de 10 mil pesos, el proyecto implica que los beneficiarios tengan remedios gratuitos y la eliminación de aumentos de las tarifas en los servicios públicos.
Especialista en temas previsionales, Fernández Pastor remarcó que "esto es otro alivio, sobre todo para aquellos que menos ganan", y señaló que habrá alrededor de 4 millones 800 mil jubilados y pensionados y 4 millones de titulares de la Asignación Universal por Hijo que se verán beneficiados si es aprobada la ley de Solidaridad Social que se debatirá hoy en la Cámara de Diputados a partir de las 15.
Respecto de la suspensión hasta marzo de la movilidad jubilatoria sancionada en diciembre del 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, aclaró que aún no hay datos de cómo se van a calcular las jubilaciones y que ya hay mucha especulación en relación al tema. El próximo aumento sería del 11% en marzo, pero esto dependerá de cómo el gobierno establezca la nueva fórmula. Sin embargo, subrayó que el objeto de la suspensión de los regímenes especiales y diferenciales tiene que ver con la posibilidad de darle "un poco más a los que menos ganan y un poco menos a los que más ganan. Los que cuestionan esto son los que más ganan, como por ejemplo el sector del Poder Judicial", explicó.
"Los sectores de poder van a boicotear a través de los grandes medios las medidas porque son políticas redistributivas", advirtió, en diálogo con Somos Radio AM 530 y Cítrica Radio. En este sentido, pidió reredactar ciertos artículos de dicho proyecto de ley para evitar una alta litigiosidad: "Así escrito, no es la mejor medida la suspensión de la movilidad jubilatoria. Es inconstitucional y se puede abrir la puerta a una gran cantidad de juicios".
"El texto de la ley no es muy feliz, tiene que ser corregido. La parte de los docentes y los científicos tengo la expectativa de que haya sido cambiada en comisión. En el caso de los docentes, se le quita el plus docente que implica casi un 30% menos de jubilación y eso embarra mucho la cancha", detalló en diálogo con FM Universidad 89.1, de la Universidad Nacional de La Matanza (Buenos Aires).
"Habría que volver a la fórmula anterior (la del kirchnerismo) y ponerle una cláusula que prevea la pérdida contra la inflación a través del Fondo de Garantía. Con la fórmula de Macri, los jubilados perdieron un 27% en 4 años. Con la fórmula del kirchnerismo, habían ganado fuertemente. Con el presente proyecto de ley, va a haber una mejora sustancial en los que menos tienen. Y los que estamos un poquito mejor, tendremos que esperar para también tener satisfacciones. Acá nadie perdió ningún derecho", consideró.
Fernández Pastor, en entrevista con FM Pilar (Buenos Aires), aclaró que el bono es por beneficiario, no por beneficio, por lo que aquel jubilado que cobra una jubilación y una pensión, al superar la mínima (14.068 pesos), no tendrá acceso al adicional previsto para diciembre y enero. "Es lo mismo que hizo Néstor Kirchner. Se fue paliando y agrandando el marco, hasta tanto los beneficios llegaron a todos", recordó.
El bono especial se le pagará a los jubilados y pensionados con haber mínimo, que está en $14.068 luego del incremento de 8% de diciembre. Este grupo (que representa el 60% de total) cobrará $5.000 antes de fin de año y el primer mes de 2020. Los que cobren más que esta cifra y hasta 19.068 pesos, cobrarán en diciembre y enero un plus proporcional al monto que les falta para llegar a los 19.068 pesos.
Más:
Todos los jubilados tendrán aumento en marzo y junio

ACTUALIZACIÓN (12 hs)
No congelarán jubilaciones especiales para docentes y científicos

miércoles, 18 de diciembre de 2019

Nicky Caputo perdería 927 millones de dólares con el congelamiento de tarifas

La medida anunciada por el presidente Alberto Fernández de congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por 6 meses estaría detrás de la controversial decisión del bloque de Cambiemos en Diputados de no dar quórum en la sesión del jueves cuando se vaya a tratar la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva girada por el Poder Ejecutivo.
Lo que en las primeras horas de ayer parecía una actitud favorable del macrismo (en parte) y el radicalismo (especialmente sus gobernadores) al proyecto que contiene las principales medidas de emergencia social propuestas por el flamante gobierno fue virando -con el correr de las horas- hasta que en la noche se oficializó una posición intransigente: no dar quórum, además de votar en contra si es que el oficialismo logra el número de 129 diputados para abrir la discusión.
Detrás de esta maniobra -que además provocaría que no puedan asumir los diputados que reemplazarían a los legisladores que pasaron al Poder Ejecutivo como ministros o secretarios- estarían los intereses de empresarios muy cercanos al ex presidente Mauricio Macri, encabezados por Nicolás 'Nicky' Caputo.
El amigo presidencial, que ofició como un ministro en las sombras durante el gobierno de Cambiemos, fue uno de los empresarios energéticos más beneficiados por el tarifazo decretado en los 4 años de administración macrista y ahora habría ordenado a sectores amarillos radicalizados -encabezados por los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff, más el carriotismo- frenar la iniciativa oficial.
Según fuentes del sector energético, Caputo perdería alrededor de 927 millones de dólares si la ley de Solidaridad Social es aprobada en el Congreso, teniendo en cuenta que no se efectivizarían los aumentos postergados por Macri antes de las elecciones primarias de agosto, como así tampoco se actualizarían las tarifas por decisión del presidente Fernández.
Además, el gobierno del Frente de Todos -con esta ley- busca intervenir los entes reguladores y devolver la jurisdicción de las empresas Edesur y Edenor al ámbito de la Nación (operan en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires), lo que restaría poder de fuego a Caputo y al resto de empresarios muy ligados a Macri (Marcelo Mindlin, Joe Lewis, Rogelio Pagano, entre otros).
"Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no lo vamos a hacer. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas", había anunciado el presidente Fernández el lunes, en una entrevista con Telefé Noticias.
"A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden", había agregado el primer mandatario, que en las últimas horas de ayer habría decidido la estrategia oficial ante el intento de bloqueo de la oposición.
Para asegurarse el quórum que pueda abrir la sesión y tener los votos necesarios para poder darle media sanción, Fernández habría impartido la orden de que todos los ministros y secretarios que dejaron su banca vuelvan a la Cámara, previo renunciar al nuevo cargo en el Ejecutivo. Este movimiento de piezas sería necesario ya que su renuncia como diputados no fue aceptada todavía porque no hubo una nueva sesión antes de que fueran nombrados como ministros o secretarios de Estado, y por lo tanto no podrían asumir los diputados que los iban a reemplazar. Serían entre 16 y 20 las bancas en esta situación.
Además, el oficialismo contaría con el apoyo del interbloque Federal, que responde al ex ministro Roberto Lavagna, y que encabeza Graciela Camaño, aunque podrían llegar a votar en contra algunos artículos de la mega-ley, especialmente los relacionados con delegaciones de facultades al Ejecutivo.
Sin embargo, desde el oficialismo no dan por cerrada la negociación y apuestan a que los sectores más moderados de Cambeimos puedan contrarrestar -en estas horas- el accionar del ala más dura, que también estaría empujada por sectores agroindustriales, bancarios y supermercadistas, que también se verían afectados por otros puntos de la ley.
El proyecto propone congelar las tarifas de electricidad y gas para todo el país hasta junio del 2020, y facultar al gobierno nacional a "iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario" para fijar los nuevos valores de los servicios públicos. La renegociación de los contratos con las eléctricas y gasíferas buscará "propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020".
Nicolás Caputo (Edesur), junto a Marcelo Mindlin (Edenor) y Rogelio Pagano (Edelap), concentran el 51% de los usuarios del servicio público de electricidad a nivel nacional y el 49% de la demanda total, y además, los dos primeros, participan del negocio del gas a través de las empresas Distribuidora de Gas y Pampa Energía (de la que es accionista otro amigo de Macri, Joe Lewis).
Hace un mes, luego del triunfo del peronismo, Caputo se había desprendido de la Transportadora Gas del Norte (TGN), una de las principales operadoras de ductos energéticos, mientras que la semana pasada repartió dividendos en Central Puerto, que controla varias centrales térmicas, por 1.074 millones de pesos.
Más:
De Vido: "La plata a López se la dio Nicky Caputo"

martes, 17 de diciembre de 2019

"Gino Tubaro se mal acostumbró"

"Gino, claramente una persona con corazón enorme, se enoja y se enoja como cientos de miles de personas que no tienen por qué saber y que lamentablemente nadie, desde los medios, se preocupa en explicarles.
Gino se mal acostumbró. Él compró sus insumos sin ser importador registrado ante AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos) y creyó que comprar así, sin estar registrado y disponiendo libremente de monedas que él no genera y que el país no emite, es un derecho, es su derecho.
Pero no; comprar en el exterior significa disponer de divisas que genera el conjunto de la población, divisas que son limitadas, escasas y que hay que administrar y utilizar estableciendo prioridades, y, además, comprar en el exterior sin ser importador registrado es una excepción con límites, límites enormemente ampliados estos últimos 4 años por empresarios del sector de envíos postales que tuvieron acceso a redactar y emitir resoluciones desde el Estado en detrimento tanto de la industria nacional como de los importadores registrados que pagan derechos, impuestos y tasas, que certifican bajo normas locales los productos y cumplen con todas las exigencias que los organismos locales piden tanto al importador como a quien produce acá, que contratan y pagan despachantes, comisionistas, fletes, almacenajes carísimos, manipulaciones, convirtiendo una excepción en competencia desleal.
Gino, que innegablemente hace una obra de bien, tiene que ser asesorado.
Si él se registra y actúa oficialmente como importador, el tipo de cambio para sus importaciones seguirá siendo el oficial y hasta podría obtener beneficios fiscales en IVA, IVA adicional, Ganancias e Ingresos Brutos, impuestos que estuvo pagando al recibir productos en su casa por el subrégimen "Pequeños Envíos", sin posibilidad alguna de descontarlos".
Licenciado en Comercio Internacional
Más:
Nuevas medidas: 2 bonos de 5 mil pesos para jubilados, 2 mil para AUH y congelamiento de tarifas

ACTUALIZACIÓN (10 hs)
Cafiero: "Los insumos médicos no están alcanzados por la medida"

lunes, 16 de diciembre de 2019

¿Cuántos países tienen retenciones? El número te sorprenderá

Otra vez: no son retenciones, sino el pago del derecho a poder exportar. El que no desea exportar no paga este impuesto, que también es conveniente recordar, es una potestad de todo estado soberano que persiga el fin de proteger su economía y a sus ciudadanos de los vaivenes del comercio internacional.
En este marco, una de las quejas de los afectados por esta medida es que atenta contra el libre comercio y pone a la Argentina en el lugar de un país atrasado que sanciona y desalienta la producción.
No es verdad.
Un informe elaborado en 2016 por el Directorio General para la Política Exterior del Parlamento Europeo y la base de datos sobre restricciones a las exportaciones compilada en 2014 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según publicó el diario pampeano La Arena.
El estudio realizado por la OCDE relevó las restricciones a las exportaciones aplicadas entre 2009 y 2012 en 72 países exportadores de materias primas industriales (minerales, metales y madera), y entre 2007 y 2011 en 16 países exportadores de materias primas agrícolas. Las restricciones comprendidas incluyen la prohibición de exportar un producto, el establecimiento de cuotas que limitan su volumen exportable, la imposición de retenciones y la exigencia de obtener licencias previas.
Durante los períodos analizados por la OCDE, los 16 países exportadores de materias primas agrícolas y 60 de los 72 países exportadores de materias primas industriales aplicaron alguna clase de restricción a sus exportaciones de esos productos. Específicamente, en materia agrícola, 13 de los 16 países prohibieron por completo la exportación de algún producto y 9 países aplicaron retenciones. La OCDE y el Parlamento Europeo coinciden en remarcar que el uso de esta clase de restricciones ha crecido durante la primera década de este siglo. Por ejemplo, la OCDE señala que tres cuartas partes de las restricciones vigentes en 2012 fueron adoptadas a partir de 2007.
La cifra actualizada por a 2019 suma a 111 países que aplican algún tipo de retención a sus exportaciones, sobre un total de 194 países reconocidos por la ONU (Organización de las Naciones Unidas). El dato fue confirmado ayer por el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx), a partir de un trabajo de compilación realizado por Olga Solleder, economista que trabaja para el Centro de Comercio Internacional (ITC), la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la ONU.
Por su parte, el informe del Parlamento Europeo nos recuerda que las restricciones a las exportaciones sirven a objetivos de desarrollo importantes, incluyendo estabilizar el precio doméstico de bienes exportables que se consumen localmente, aumentar los ingresos fiscales, promover el valor agregado a las materias primas exportables y moderar la extracción de recursos no renovables.
Vale la pena detenerse en las conclusiones del estudio de la OCDE sobre las exportaciones de trigo, dada su importancia como ingrediente esencial de los alimentos que consumimos los argentinos. En 2008, ocho países, incluyendo cinco de los diez principales exportadores de trigo, controlaban su exportación de alguna manera: Argentina (retención), Rusia (prohibición), Ucrania (cuota), Pakistán (prohibición), Kazajistán (prohibición), China (retención), India (prohibición) y Kirguistán (retención). A pesar de esas restricciones, las exportaciones mundiales de trigo aumentaron 27 millones de toneladas respecto de 2007. La restricción argentina, consistente en una retención del 23%, fue derogada por Macri en 2015, con las consecuencias apreciables por cualquier compatriota que compre un kilo de pan en la panadería de su barrio.
Más:
Canal Rural: "Es razonable"

domingo, 15 de diciembre de 2019

Paren los tractores: ni "retenciones" ni suba confiscatoria

Primero: no son retenciones. Son el pago del derecho a poder exportar. Retención supone un recorte sobre algo libre, que por efecto del accionar del Estado se ve diezmado. Esa palabra -como en 2008- sigue funcionando como mecanismo de victimización de los empresarios agropecuarios, que por estas horas han puesto el grito en el cielo, otra vez, por tener que colaborar a la hora de recomponer los ingresos de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
En este marco, los empresarios agropecuarios (no el "Campo"; otra vez el juego de sentidos) no van a pagar -sensiblemente- más de lo que lo estaban haciendo. Volverán a niveles propios del año pasado. Esto hay que explicarlo en detalle, mientras los sectores más radicalizados de la derecha argentina sueñan con una revuelta campesina que aborte el flamante gobierno de Alberto Fernández.
No hay, efectivamente, un aumentazo en los porcentajes de exportación, todos quedan en los niveles de la ley vigente impuesta por Mauricio Macri hace algunos años. Lo que se eliminó fue el tope de los 4 pesos por dólar, que quedó absolutamente desactualizado por efecto de la devaluación macrista.
El gobierno de Cambiemos bajó las retenciones apenas asumió en 2015, mientras que el año pasado, en septiembre, estableció un monto porcentual (uno fijo y uno móvil) para cada tipo de producto, aclarando que en ningún caso un exportador pagaría más de 4 pesos por dólar.
La eliminación del pago del derecho a exportar, decidida cuando el dólar estaba a $13 (2015), significaba en ese momento que nadie pagara mas del 25% de su producción en retenciones. Ese máximo correspondía sólo a la soja (que pagaba 25%), porque el resto de los productos quedaban con retenciones 0.
Cuando Macri, apremiado por la crisis económica que habían provocado sus medidas y las del FMI (Fondo Monetario Internacional), reestablece las retenciones en 2018, quedaban en un 29% para la soja; un 11% para maíz, trigo, cebada y girasol y 8% para el resto de los productos. Sin embargo, con el tope de 4 pesos y el dólar a $40 (la cotización de septiembre de 2018), todos los productos pagaban más o menos lo mismo: entre un 8% y un 9%.
Es decir, las retenciones que estaban pensadas para ese dólar a $13 habían quedado desactualizadas y, ya con un dólar a $40, estaban distorsionando el mercado. Ni hablar con un dólar a $63. Todos, desde el pequeño productor hasta el sojero dueño de media provincia, pagarán lo mismo: un 6%.
El nuevo esquema decretado por el gobierno de Alberto Fernández establece valores de un 1% superiores a esos pero (y acá está lo importante) elimina el tope de 4 pesos por dólar. Por lo cual: las retenciones quedan con los valores dispuestos por la ley anterior pero sin tope: soja paga 30%; maíz, trigo, cebada y girasol pagan 12%; carnes, arroz, maní, leche y legumbres un 9%; y tanto los productos industriales como los de alguna economía regional (limones por ejemplo) pagan 5% con tope de 3 pesos por dólar.
Es decir, valores propios de septiembre de 2018.
Lo que hay que entender es que el único sector al que esta medida afecta en forma dura es a los sojeros exportadores, empresarios multimillonarios que se beneficiaron con cada devaluación, no sólo porque sacaban -con sus desmedidas ganancias- amplias diferencias con el resto de los argentinos, sino además porque pasaron de pagar 40% en 2015, a 25% en 2016, a 9% en 2018 y a 6% hasta la nueva medida de Alberto Fernández. Mientras ellos multiplicaban ganancias y aportaban cada vez menos, el resto de los argentinos pagaba cada vez más altas las tarifas, los alimentos y los remedios.
Esta medida aporta solamente un poquito de justicia, y le da al Estado un poco más de dólares para pagar esa deuda enorme que dejó el gobierno de Mauricio Macri en complicidad con el FMI. Por lo tanto, será muy difícil entender a una persona (que además no se dedique a la producción agropecuaria) que salga a defender a las patronales del sector y a los grandes pulpos exportadores.
Va asomando un nuevo país, y sería bueno que los sectores que durante cuatro años repitieron que había que hacer sacrificios (y con eso justificaban despidos, recortes a los jubilados y bajas salariales) ahora tomen ese ejemplo y se pongan manos a la obra. Ya no hay margen para juegos de sentidos. En estos cuatro año de macrismo -como en otras ocasiones- quedó muy en claro que no todos somos el "Campo".
Disparador
Más:
No es una modificación del esquema de retenciones, sino una actualización previa a la discusión sobre ellas

viernes, 13 de diciembre de 2019

"No más chetos con carita de ángel"

"No más media lengua berreta, metáforas estúpidas, hablar como cheto, mirar como ortiba, carita de ángel. Risas falsas y fraseología de autoayuda para la salvación individual. No más bailecitos ridículos, funcionarios canchereando, cinismo descarado. No más desprecio sistematizado, amenazas latentes, requisa a los guachos, retenes vigilantes, detenciones por una astilla, verdugueo y desdén. No más una guachina como decorado, el abrazo a Cacho de las tortillas y a María que se esfuerza con su microemprendimiento.
No más diálogos guionados, amabilidad de mampostería, duelo de vestuarios de primera dama, risas con la reina, chabones que no roban porque son ricos. No más visitas sonrientes al comedor de Margarita, chetos por pasillos ajenos, ni veganas simulando comer guiso.
No más arribistas, funcionarios sin calle, ignorancia violenta, vergüenza ajena, reposera oficial, discursos de cartón. No más rejas, chocobares, los ddhh son un curro, a todas les gusta que le digan qué lindo culo tenés, ministros chocoarroz, abrazos significativos desde Hurlingham señor presidente, no se inunda más, ya te vas a relajar.
No más arengas de team leader de call center, escenarios impolutos, telepronter 24/7, plazas limpias, Gendarmería enseñando valores, perejiles presos por twitear boludeces, disparadas del dólar para darnos una lección, son ustedes no soy yo, se creyeron que podían tener vacaciones, cambiar el auto, comer afuera, vacunarse, ir a la escuela sin que explote, comprar regalos, escribir en las paredes de las iglesias, vivir de la jubilación.
No más levantarse a ver con qué nos cagan la vida hoy.
No más trabajo en equipo, fascistas disfrazados de liberales y fotos de Antonia en el jardín.
No más Macri, ni macrismo, ni justificaciones falopas, ni celebrar como una hazaña que exportamos un limón".
Fuente
Más:
Cómo desarmar la máquina de extorsionar