"El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a otras organizaciones, manifestó su profunda preocupación  por el proyecto de ley presentado por el Gobierno el 14 de octubre ante el Congreso para reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien.
 Este proyecto de ley utiliza conceptos que “hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social : en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”, señaló el CELS en un comunicado".
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"La aparición de este proyecto pasó desapercibida, porque  solo faltaba poco más de una semana para las elecciones nacionales. La  presidenta en la recta final de la campaña se tomó su tiempo para darle  entrada  en el parlamento con las firmas del Ministro de Justicia y Derechos Humanos,  Julio Alak, y de su Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Así sucedió a  mediados de 2007 con la ley 26268, presentada también por el Ejecutivo  kirchnerista y sancionada en tiempo record bajo la presión del Grupo de Acción  Financiera Internacional (GAFI). Esta norma ya había modificado el Código Penal  agregando dos artículos (213 ter y 213 quater), que introdujeron los delitos de  “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”. Además ya no sería necesario (tal como lo establece la ley actual) ser parte de  una “organización” o “grupo organizado”, por lo que un acto individual también  puede ser considerado terrorista. 
Al igual  que entonces, la figura del GAFI empuja esta nueva vuelta de tuerca que debemos  cumplir si es que pretendemos obtener el certificado de “país confiable” para  recibir inversiones internacionales".
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"Las leyes antiterroristas son una preparación para futuras luchas de los pueblos. Por eso EE.UU. está interesado en que se voten ahora, más allá de que parte del articulado todavía no lo van a aplicar. Pero quieren tener esas herramientas como una decisión previa.
En la historia argentina ha pasado tantas veces: el Código Penal se reforma ante futuros procesos de lucha. Como pasó en 1974 con las tomas masivas de fábrica, cuando el Código Penal ya venía preparado desde enero de ese año, impulsado por Perón, para aplicarlo cuando los trabajadores salieran a manifestarse, a realizar huelgas y tomar fábricas".
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