Y vive en las páginas de Clarín, perturbado porque va a perder el negocio con el cual estafó al resto de sus competidores -durante casi cuatro décadas- al poseer el monopolio de la fabricación del papel para diario.
Y entonces volvieron todos los siervos opositores a despotricar contra la posibilidad de que un diario del interior pague lo mismo que los grandes diarios del país por su principal insumo. Y entonces todo el repertorío que los llevó a ser desnudados por la sociedad dos veces en un mes este año vuelve a inundar las páginas de los diarios de las dos empresas que se van a ver afectadas en sus intereses comerciales y financieros por esta medida impulsada por el gobierno nacional y un amplio colectivo social, similar al que dio sustento a la Ley de Medios. Y entonces se vuelve a mal usar la "libertad de expresión" para en verdad defender los intereses de empresas particulares y tratar de colocarlos por encima del bien general.
Y entonces La Nación se desboca esta semana abusando del término "embestida" hasta para abandonar su discurso de semanas atrás de que este Congreso no había trabajado nada este año, justo en el año, con el 2010, que estuvo dominado por el nefasto Grupo A(hhh), formado, alimentado y publicitado por ellos y sus cómplices de fechorías de Clarín. Ahora que quieren sancionar leyes, se enoja porque entre ellas está una que le toca en lo más profundo de su ser: Papel Prensa.
Como dice el Ingenieri, no se acostumbran a los designios de las mayorías populares y siguen con el sueño de creer que las pueden manejar asustándolas con el cuco kirchnerista que se esmeran por seguir patrocinando. Uno siempre cree que sería más beneficioso para estas empresas paraperiodísticas explicitar sus reales -escondidas- intenciones, liberar a estas pobres personas de la política que deben llevar a cabo la siguiente tarea, como los expone la crónica de Clarín hoy:
"La inclusión del proyecto para declarar “de interés público” la producción de papel para diarios en el temario de las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados generó ayer un fuerte rechazo en sectores de la oposición y especialmente en el mundo empresario.
el jefe de bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, calificó al proyecto oficial de una “amenaza a la libertad de prensa”.
Pinedo relacionó la iniciativa con la “ley de Medios que le otorga al gobierno de turno la facultad de darle radios o televisiones a los amigos” y “el uso de los canales públicos, como si fueran del partido gobernante, para insultar opositores”.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el jefe de bloque Ricardo Gil Lavedra ya había calificado de “inconstitucional” al proyecto oficial. La UCR promoverá un proyecto propio.
El diputado Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) estimó que el proyecto del oficialismo “no es una prioridad de la ciudadanía” . E ironizó: “No veo multitudes en la Plaza de Mayo en reclamo de la sanción de esta ley”.
Milman sostuvo que el Gobierno tiene otros caminos en lugar de este proyecto de ley. “Si el Estado quiere participar de este mercado puede crear una empresa para participar en la actividad”, ejemplificó. El diputado del GEN, dentro del FAP, expresó además que la ley que eventualmente apruebe el Congreso “tiene que amparar jurídicamente los derechos de las empresas que actualmente intervienen en el sector”.
El diputado Gustavo Ferrari, alineado con el sector liderado por Francisco De Narváez, cree que el intento oficialista no sólo es cuestionable desde el punto de vista político sino también técnico. “No hay en el Gobierno un verdadero interés en mejorar la libertad de prensa sino una clara intencionalidad política”, expresó Ferrari.
Además, este legislador objetó técnicamente la iniciativa: “Los artículos 32 y 14 de la Constitución Nacional hablan de la imposibilidad de limitar la libertad de prensa. Y además, el artículo 13, inciso 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos habla de que no se puede cercenar la libertad de expresión incluso a través de ‘medios indirectos’”, expresó. El papel es el insumo básico de la prensa gráfica".
Todo el mismo lenguaje con el cual se quiso satanizar a la Ley de Medios vuelve, a pesar de que las denuncias de que por ella se iban a cerrar canales y radios opositores al gobierno no se cumplieron como era obvio de esperar si uno leía la ley e interpretaba un poquito -nada más- los objetivos de las múltiples organizaciones sociales que venían apoyándola y dándole forma desde hacía 25 años.
Pero no. Igual Pinedo confunde todo (la ley de Medios no incluye a la gráfica), el radicalismo siempre con su manía entreguista, Milman olvida que el Estado Nacional es parte de Papel Prensa y Ferrari cree que liberar el precio del papel de diario para que todos lo puedan comprar al mismo valor es un ataque a la libertad de prensa (el símil del Colorado había dicho estos días que el Congreso volvía "a ser una escribanía", debido al voto del pueblo).
En este marco, otros intentan por caminos diferentes a los ya fracasados. Venturita recurre a la figura añadida de que si el Estado se mete va a ser añicos un mercado que anda perfecto: "Los diarios argentinos consumen 225.000 toneladas anuales de papel: lo importan desde Chile, Estados Unidos o Europa, con arancel cero; lo compran en Papel Prensa -propiedad de LA NACION, Clarín y el Estado nacional- o en Papel de Tucumán. Con exceso de oferta, los precios bajan. Por eso, el nuevo proyecto de ley nunca podrá mejorar ese mercado, que funciona muy bien. Lo que persigue es controlar el suministro de papel, para asfixiar a los diarios".
No le alcanzarán las plumas a Clarín y La Nación para defender tanto los negocios que cimentaron espuriamente su predominio en el sector gráfico como a sus directivos, acusados de delitos de lesa humanidad: "La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía especial para crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura dejarán que el juez federal Julián Ercolini tome contacto con la causa Papel Prensa, comience a empaparse de lo que hay en el expediente y probablemente ya la semana próxima comenzarán a plantearle medidas de prueba y cursos de acción. Concretamente, la Secretaría que encabeza Eduardo Luis Duhalde insistirá con los pedidos de indagatoria que ya había formulado cuando el expediente estaba tironeado entre el juez porteño Daniel Rafecas y el platense Arnaldo Corazza. Pero además, fuentes cercanas a la causa, deslizaron que “hay alguna documentación nueva que apunta a corroborar lo que ya está denunciado en el expediente”, y que hasta ahora no fue agregada al expediente.
En cuanto a la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, refrescarán al nuevo fiscal de la investigación el dictamen por el cual el traspaso de acciones de 1975 desde el Grupo Graiver a los accionistas privados Clarín, La Nación y La Razón, y el paquete de acciones que quedó en manos del Estado usurpado por la dictadura se produjo en un contexto de delitos de lesa humanidad". (Fuente)
Ante este panorama, hoy el diario de Ernestina y Magnetto se lamenta por profecías pegadas en las paredes de Buenos Aires, más si tiene en cuenta que todos sus defensores en el Congreso han sido rechazados por la sociedad en elecciones democráticas y que en el campo de la Justicia los plazos se acortan y también está por caer la cautelar que lo protege del artículo 161 de la Ley de Medios, medida judicial que le ha evitado desprenderse de casi 200 medios audiovisuales de todo el país.
También puede ser una oportunidad, la discusión por Papel Prensa, para que una Patricia Bullrich vuelva del ostracismo, Lilita se adjudique nuevos hijos, la cómplice de Barrionuevo dé otro golpe, o bien para que conozcamos nuevos Fer Iglesias (no está confirmada su vuelta al vóley todavía), que quieran ganarse el favor de un Grupo caído en desgracia antes que cumplir con la Constitución, que seguramente dirán defender tanto como su amor por la República.
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