La Voz del Interior (Córdoba): "La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que intervenga para proteger la integridad de los niños que han sido abusados en la Casa del Niño del Padre Aguilera, en la ciudad de Unquillo.
Esta presentación, que se hizo con carácter urgente, expresa particularmente su preocupación por los niños abusados que todavía continúan viviendo en el hogar y que no han sido derivados a otras instituciones por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la provincia de Córdoba.
Tal como reveló este diario el mes pasado, más de 20 niños, de 4 a 16 años, habrían sido abusados sexualmente por diferentes adultos en la Casa del Niño. Cerca de una docena ya fueron sometidos a pericias médicas y psicológicas, y se obtuvieron pruebas de las denuncias. La Justicia detuvo a algunos de los abusadores (en total serían, por lo menos, ocho personas) e investiga la responsabilidad que les cabe a las actuales autoridades del hogar".
El Tribuno (Salta): "La Corte de Justicia declaró ayer su incompetencia en materia de desmontes y talas en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
En consecuencia, dejó sin efecto la prohibición cautelar que había dictado hace casi tres años y que había paralizado la expansión de la producción sobre los cuatro departamentos del norte salteño. También reconoció que la aplicación de los criterios de protección ambiental es una facultad de la Provincia y dejó para la Corte de Salta las decisiones sobre la continuidad de la causa de amparo interpuesta por grupos originarios y criollos del chaco salteño a fines de 2008.
Sectores productivos alcanzados por la prohibición, que impactó fundamentalmente en la actividad industrial maderera de Orán y San Martín, calificaron a la decisión de la Corte Suprema como una buena oportunidad para reactivar proyectos de producción sustentable y ampliar puestos de trabajo. Es que la cautelar se había convertido en un verdadero obstáculo para el desarrollo de una zona donde los niveles de pobreza y desocupación son alarmantes".
El Atlántico (Buenos Aires): "Aunque en la mayoría de los contratos de alquiler se establece que el inquilino debe de traspasar la titularidad de los servicios básicos a su nombre, la realidad indica que por “olvido” o “desinterés” esta cláusula no es del todo respetada. Sin embargo, la disposición nacional que promueve la renuncia a los subsidios sobre la luz, el gas y el agua, podría llegar a motorizar una transferencia masiva de prestaciones.
Es que en caso de que el trámite no se concrete, y el propietario dé de baja la subvención estatal, la diferencia económica entre el consumo real y el subsidiado deberá de ser abonado por el inquilino y no por el dueño del inmueble.
Así lo aclaró el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Miguel Ángel Donsini, que recomendó a los inquilinos iniciar “cuanto antes” los cambios de titularidad de los servicios, sobre todo porque en los contratos se acuerda que de los impuestos se encarga quien alquila.
“Si bien es obligación legal, con esta nueva medida nacional va a ser beneficioso para ellos también, porque posiblemente muchos dueños, por voluntad u obligación, deban renunciar al subsidio”, analizó el profesional, que descartó que en las inmobiliarias “al menos por ahora” se estén recibiendo consultas sobre este tema".
Río Negro (Río Negro): "La Conferencia Episcopal Argentina le encargó al jurista Marcelo Sancinetti, uno de los más reputados penalistas del país, un análisis de la causa de Julio César Grassi, que concluyó que el sacerdote es inocente de los cargos de abuso sexual contra menores a su cargo, por los que fue condenado a 15 años de prisión.
Así lo revelaron a DyN fuentes judiciales, que precisaron que la tarea fue encomendada durante el mandato del cardenal Jorge Bergoglio y se tradujo en dos libros, uno vinculado con los "hechos referidos a HOJ" y el otro con los "referidos a OA", las iniciales de las dos presuntas víctimas de Grassi.
El abogado querellante en la causa, Juan Pablo Gallego, confirmó la existencia de esos trabajos y denunció que fueron "allegados a distintos escritorios de magistrados" de la Suprema Corte bonaerense, "con el fin evidentemente de provocar presión a la hora de decidir" sobre la condena al sacerdote.
En declaraciones al canal digital 360 TV, Gallego describió que se trata de "un libro muy bien ilustrado... que indica que no están dispuestos a aceptar ningún fallo del Estado Secular y que la justicia kirchnerista es la justicia más parcial desde el regreso de la democracia".
"Las presiones que se han ejercido y se ejercen sobre la justicia, hoy sobre la corte provincial que se apresta a decidir, hablan de un poder que no sabemos hasta donde llega. Pero hay recursos ingentes e interminables para defenderlo", añadió".
El Liberal (Santiago del Estero): "La judicialización por la contaminación del embalse Río Hondo sumó un eslabón más, tras la radicación de la denuncia penal interpuesta por Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, contra los responsables de la última mortandad observada en el lago, a fines de noviembre. La presentación fue realizada en el Juzgado Federal de Santiago del Estero por el fiscal de Estado, Raúl Abate, quien pidió que se aceleren los pasos de la investigación para poder dar con los causantes del grave daño ecológico que dejó el saldo de al menos 30 toneladas de peces muertos por el presunto vuelco masivo de vinaza.
Según explicó el funcionario provincial, la denuncia fue dirigida contra los ingenios que producen alcohol de la caña de azúcar, “y le corresponde al juez determinar quién puede haber sido el autor de esto después de la investigación”".
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