Nuevo Mandato: Ley de Tierras y Déficit Habitacional

"La Presidenta pidió que en la próxima sesión extraordinaria en el Congreso se trate el proyecto de la Ley de Tierras que limita la extranjerización del territorio.
"El otro día leí en un informe de la Organización para la Agricultura y los Alimentos (FAO, según sus siglas en inglés) que el 10% de las tierras están en manos de extranjeras. No es xenofóbica, solo quiero cuidar un recurso como los alimentos y la energía", manifestó Cristina durante su discurso".
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"De las 48 mayores empresas agropecuarias del país, más de la mitad son directamente extranjeras o tienen lazos con inversores externos. Pero a pesar de estos factores, el porcentaje de tierras en manos de extranjeros es todavía pequeño, de entre el 5 y el 10% del total según las diversas estimaciones.
Los datos surgen del capítulo argentino de un informe que acaba de presentar la FAO. El organismo de las Naciones Unidas dedicado a la agricultura y la alimentación evaluó la situación sobre concentración y extranjerización de las tierras en 17 países de América Latina y el Caribe. Sus conclusiones globales fueron que “el acaparamiento de tierras con la participación de gobiernos extranjeros, en su versión estricta, se restringe a Brasil y Argentina, aunque la concentración y extranjerización de la tierra es extendido en la región”.
El trabajo, en su capítulo local, fue encomendado a los especialistas Miguel y María Rosa Murmis, quienes relevaron información sobre 48 firmas agropecuarias que operan superficies de más de 10.000 hectáreas en el país. Entre ellas solamente 19 eran nacionales, mientras que 20 eran extranjeras y las 9 restantes fueron considerados casos mixtos. La explicación es que grandes pooles de siembra como Cazenave, Cresud, MSU, Los Grobo o El Tejar han incorporado inversiones de capital o financiamiento del extranjero.
El trabajo de la FAO cobra relevancia ahora que el Poder Ejecutivo parece empeñado en la sanción de una ley que limite la compra de tierras por parte de extranjeros . Sin embargo, los investigadores advirtieron que varias políticas estatales, como la Ley Minera o la falta de cumplimiento de las regulaciones en las zonas de frontera, ya han permitido el pase de manos de grandes propiedades, básicamente en la zona cordillerana.
Además sostienen que será difícil legislar pues “en muchas provincias no se encuentra regularizada la titulación de grandes extensiones del territorio, los catastros y registros de propiedad cuentan con un desarrollo parcial, y los datos existentes no están ni sistematizados ni organizados”.
Así, para estimar la real participación de los extranjeros en el mercado local de tierras, los expertos de FAO debieron arreglarse con diferentes hipótesis. Según éstas, entre 14,5 y 27 millones de hectáreas pertenecen hoy a capitales foráneos, lo que representa entre 5 y 10% del territorio continental. Esos porcentajes, sin embargo, crecerían a 8,3 y 15,5% si se comparan con la superficie productiva. Pero los autores aclaran: “Una parte importante de las extensiones se encuentran fuera de las zonas de mayor productividad”. Son los casos emblemáticos de Turner, Lewis, Tompkins y Benetton, con casi 1 millón de hectáreas el mayor terrateniente del país".
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"“Los gobiernos de la región deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar”, señaló Fernando Soto-Baquero, Oficial de Políticas de la FAO.
Según Martine Dirven, especialista en desarrollo rural, en América del Sur “estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importante. En diez años han habido aumentos de siete veces del precio de la tierra en Uruguay y un tremendo proceso de concentración de las tierras en América Latina”
Según el Director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Fernando Eguren la concentración en la tierra no es sólo un fenómeno económico, “es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo.
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"Muchas familias tienen plata en el bolsillo para construir, les falta la tierra . Se ve en la cantidad de pisos en las villas. Tenemos que sacar una ley que agilice las expropiaciones a nivel provincial y municipal”, aseguró a este diario uno de los principales diputados del oficialismo. Otro insistió en brindar créditos a tasas bajas y a largo plazo, destinado a jóvenes o inquilinos. Y un grupo impulsará la “Ley de Fomento para el Desarrollo del Suelo Urbano” del Movimiento Evita: Edgardo Depetri, Juliana Di Tullio y Adela Segarra, entre otros, presentarán esta semana el anteproyecto que buscará el aval de la Presidenta para tratarse el año próximo.
Los impulsores de la iniciativa estimaron en 2.000.000 “como mínimo” la cantidad de lotes para construir viviendas necesarias para empezar a solucionar el problema. Otros relevamientos calcularon que el déficit habitacional afecta a más de tres millones de hogares , unas 9,7 millones de personas, y que 8 millones alquilan. A su vez, los muertos por los desalojos a las tomas de terrenos y la represión a comunidades indígenas potenciaron la visibilidad pública de la cuestión: el asesinato de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero se sumó a la serie de Formosa, Jujuy y el Parque Indoamericano, en la Ciudad de Buenos Aires.
“En el interior hay casos puntuales o el tema de los pueblos originarios. El gran problema es el conurbano, no hay tierras suficientes para relocalizar a los pobladores de las villas. El 70% son del interior, y una parte aceptaría volver”, planteó ante Clarín una diputada oficialista interiorizada en la problemática, y consideró necesaria una ley que permita la expropiación “más ejecutiva” : aun con la incertidumbre sobre si el Gobierno podrá disponer de fondos para ese fin en el contexto del año próximo, mencionó a la ANSeS como posible fuente de financiamiento. “También hay tierras fiscales, aledañas al ferrocarril o con infraestructura ociosa. Las hectáreas abandonadas, sin alambrado, mejoramiento y pago de impuestos, podrían ser sujetas a expropiación sin pago”, adelantó, y agregó la necesidad de crear un banco de tierras –con información sobre lotes disponibles-, un registro de postulantes y establecer una “coordinación integral” entre las provincias y los municipios, a partir de una ley nacional marco".
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"El informe de la FAO señala que durante la década del 90 se crearon en Uruguay las condiciones institucionales que facilitaron el proceso de concentración y extranjerización de la tierra.
Añade que en los últimos 10 años el valor de la tierra se multiplicó por seis y se comercializó un tercio de la superficie agropecuaria del país.
Por rubros, la FAO indica que hay mayor concentración en la actividad forestal, “con predios de hasta 230.000 hectáreas en manos de europeos y chilenos; en la soja se observa un predominio de argentinos, el mayor de los cuales posee en propiedad o arriendo 130.000 has; a su vez en el caso de la lechería se detecta un emprendimiento de origen neozelandés (actualmente controlado por una multinacional del agronegocio con base en Singapur) con 35.000 has; en el caso del arroz y la ganadería, además de grandes propiedades de uruguayos también hay propiedad de brasileros”.
El informe agrega que a su vez la industria arrocera y los frigoríficos son de propiedad extranjera, con una fuerte presencia de brasileros".
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"El incremento de las compras masivas de terrenos en África y otros continentes aumenta el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra y el agua”. Ésta es una de las conclusiones de uno de los primeros estudios sobre la compra de enormes superficies de tierras en países de África, América Latina y el sudeste asiático por parte de grandes empresas y Estados importadores de alimentos. El informe, encargado por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y publicado a finales de mayode 2009, revela que este negocio ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco años por parte de multinacionales, empresas locales –muchas filiales de empresas extranjeras– y de Estados con superavit de capital y déficit de tierra cultivable. Las compras de tierras casi siempre están acompañadas de expropiaciones. Según advierte este estudio, las legislaciones locales no protegen el derecho de acceso a la tierra de la población, dejando que los acuerdos entre empresas y gobiernos se hagan sin transparencia y sin el consentimiento previo de las comunidades rurales implicadas".
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