Se sabe que muchos políticos (especialmente los que se encuentran circunstancialmente en la oposición), en campaña, prometen y prometen a sabiendas que las mismas son irrealizables si pasan a ser gobierno. Y si son de derechas, peor. Porque deben mentir debido a que habitualmente no pueden decir las medidas que realmente tomarían si llegaran a ser gobierno. De ahí el esfuerzo mayúsculo que estos días hace el PRO, por ejemplo, para presentarse más progresista que cualquier otro candidato. Apenas les queda eso, ya que si dijeran que si fueran gobierno privatizarían, recortarían, ajustarían, etc. (bueno, en el caso del partido barrial porteño, ya lo hizo con otra modalidad: subejecutando) tienen miedo de que no los vote nadie o muy pocos (esa derecha residual que está esperando, en verdad, que un candidato se asuma como tal, sin vergüenza y pagando el costo de un pasado lleno de planes socioeconómicos que fueron en contra del interés del país).
En este marco, el ex ministro de Seguridad de Ramón Mestre en Córdoba en la época del floreciente menemimso neoliberal ahora promete que le aumentará un 50% el sueldo a los maestros. Pero en aquel entonces, su gobierno se los recortó además de despedir maestros y cerrar escuelas.
Veamos la historia del amigo del represor multicondenado por delitos de lesa humanidad Luciano Benjamín Menéndez (juicios en los cuales tanto Mestre como Aguad fueron acusados por testigos de proteger a los genocidas) y actual procesado por la desparición de 60 millones de pesos cuando fue interventor en Corrientes junto al mismo Mestre en los tiempos de la Alianza de De la Rúa.
"En su primer día de gobierno, Mestre envió a la Legislatura local dos proyectos de ajuste más severos que el sostenido por Angeloz. El plan estableció una quita del 30 por ciento en los salarios de los empleados estatales, y una reducción del horario laboral del 40 por ciento. El personal trabajaría en turnos rotativos. Se eliminaron cinco de los diez ministerios de la gobernación, la mayoría de los cargos de asesores y un número significativo de empleados contratados.
También se emitieron bonos por 800 millones de pesos para cancelar salarios y jubilaciones, impagos y deudas con proveedores y contratistas. Preocupado por el déficit de caja del estado, el gobernador se dispuso a combatir la evasión impositiva (calculada en un 60 por ciento), se eliminaron exenciones y se aumentaron las alícuotas impositivas.
En un gesto por restablecer la tregua social, que los sindicatos interrumpieron cuando Mestre presentó sus proyectos de ajuste, ordenó la normalización del cronograma de pagos que se mantenía atrasado desde los últimos meses de Angeloz. Mestre se reunió con medio centenar de sindicalistas, a los que les pidió "preservar la paz social y la convivencia para ayudar a atraer inversiones".
Sin embargo, durante su gestión de gobierno, Córdoba asistió el 25 de agosto de 1996 a la mayor manifestación de protesta sindical desde el regreso de la Democracia, cuando 50.000 personas marcharon por la capital mediterránea en contra de la reforma educativa que Mestre intentó imponer y luego se vio obligado a replantear. No obstante, logró imponer una de las medidas más resistidas por el sector docente: el presentismo", relata Wikipedia.
Por su parte, la Corriente Pucará se pregunta: "¿No se acuerdan el desastre que generaron en la provincia el tándem Mestre – Aguad? ¿Nadie recuerda el recorte del 30% de los salarios a los empleados estatales y jubilados? ¿Todos han olvidado la “reforma educativa” que -caso inédito- unió a privados con públicos y sacó a más de 50.000 cordobeses a la calle? ¿De los cierres de escuelas y hospitales? ¿Nadie recuerda ya el cruento desalojo del Hospital Misericordia, con la policía corriendo por los pasillos a médicos y pacientes con balas de goma? ¿Tampoco viene a nuestra memoria el cierre compulsivo de la Cervecería Córdoba y al grupo ETER entrando a la madrugada a la fábrica tomada para detener a los trabajadores como si fueran delincuentes? ¿Ya nadie recuerda la detención periódica de delegados del SEP y de Judiciales o las órdenes de captura a dirigentes de Luz y Fuerza, y el permanente apriete a representantes de los organismos de Derechos Humanos de la provincia? Menos se acuerdan de los teléfonos pinchados en las redacciones y las distintas operaciones de "inteligencia" que denunciaban complots que solo existían en la mente del gobernador y sus ministros. ¿Nadie preguntará jamás por los negociados de la Intervención de Aguad en la provincia de Corrientes y en la que tomo un crédito por 60 millones de dólares y de los cuales se desconoce cuál fue su destino y razón por la cual el mismo se encuentra procesado?".
Llega el momento de actualizar las respuestas.
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