Esta nueva ley ha causada polémica, ya que representantes de varios sectores han señalado que tiene modificaciones que solo perjudican al país.
Entre los puntos negativos que se han especificado de esta normativa es que por lo indicado en el artículo 47 se afectaría la soberanía del país ya que se le permite, además de a las empresas mineras, también a otros Estados ser beneficiados con una concesión.
Además en el artículo 49 se pone en riesgo el derecho privado de territorios y además en la nueva legislación no se establecen responsabilidades penales o administrativas contra quien incumpla las leyes ambientales".
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"Las organizaciones ambientalistas se retiraron del proceso de concertación de la nueva Ley de Minería tras acusar al Congreso Nacional, presidido por Juan Orlando Hernández, de “confabularse con grupos económicos nacionales y transnacionales al aprobar una ley de minería que presenta fuertes indicios de inconstitucionalidad e irrespeta la vida humana y los bienes naturales”.
A través de un comunicado anunciaron que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad por la Ley General de Minería porque contiene artículos que ponen en entredicho el concepto de soberanía sobre algunos territorios.
Según los ambientalistas, en el cuerpo jurídico “continúa apareciendo la tónica entreguista de otras leyes en discusión al regalar el territorio y ampliar ‘derechos’ a las compañías mineras”.
“Estas podrán vender, transferir, hipotecar o hacer lo que mejor les convenga con la concesión y los recursos minerales que son propiedad del pueblo hondureño”.
“Adicionalmente se otorgan las concesiones sin límite de tiempo, es decir, a perpetuidad. Para lo cual se comprometen a pagar cantidades irrisorias a las municipalidades y al Estado mismo”, afirma la Red Ambientalista".
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COSTA RICA
"Pese a la firme oposición de varias organizaciones nacionales y el
voto contrario de los representantes de la Federación Ecologista, la
mayoría de los integrantes de la Comisión Técnica Nacional de
Bioseguridad (CTNBio) decidió aprobar la solicitud presentada por
D&PL Semillas Ltda, subsidiaria de la compañía Delta & Pine Land
(Monsanto), para sembrar 15 hectáreas con maíces transgénicos
MON-88017, MON-603 y MON-89034.En diciembre pasado, representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del sector académico, habían solicitado posponer la votación, supuestamente para solicitar a la transnacional más información acerca del proyecto de siembra de maíz transgénico.
De acuerdo con la información brindada a Sirel por Fabián Pacheco, representante del sector ecologista ante la CTNBio, el voto a favor de la solicitud fue casi unánime y fue emitido por correo electrónico.
Un reciente estudio conducido por el biólogo francés Gilles Eric Seralini demostró que las ratas alimentadas con maíz transgénico MON-603, patentado por Monsanto, murieron prematuramente y tuvieron una frecuencia de tumores del 60-70 por ciento, frente a un 20-30 por ciento del grupo al que no se le proporcionó ese alimento".
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"Actualmente existen en el país 443,1 hectáreas de cultivos transgénicos, de las cuales 394,3 ha son de algodón, 44,6 ha de soja, 1 ha de banano y 3,2 ha de piña de las empresas Semillas Olson, D&PL Semillas, Bayer, Semillas del Trópico y Del Monte, de acuerdo con datos del Servicio Fitosanitario de Estado (SFE).
En todos los casos se trata de siembra para semilla o para investigación, nunca para consumo o comercialización en el país, pues toda la semilla generada se exporta".
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