Junto a los mismos de siempre, esos que, en su mayoría, se sentaban en el palco a despotricar y conspirar contra la democracia argentina o a aplaudir amigos Generales.
"Para el constitucionalista Felix Loñ, la
expropiación del predio de la Rural carece de legitimidad. "No se puede
hacer por decreto. La Constitución obliga a una ley declarativa de
utilidad pública del bien y una previa indemnización. Para emitir un DNU
debería ser una situación especial que no se da. Se apropian de
propiedad privada.
Para su colega Gregorio Badeni, "si el Estado cree
que el predio fue vendido a un precio vil debe promover una acción
judicial que se denomina de redargución de falsedad, que de todos modos
ya estaría prescripta por el paso del tiempo. Es insólito que mediante
un decreto se dé una expropiación".
Más de dos décadas después de que el ex presidente Carlos Menem decidió
vender por decreto el predio de la Rural, la causa judicial que
investiga la venta "a precio vil" de los terrenos de Palermo continúa
abierta. Entre sus procesados está el ex ministro de Economía Domingo
Cavallo, imputado por el delito de peculado y embargado por 10 millones
de pesos".
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"Dirigentes de la UCR, Pro, el peronismo disidente y la
Coalición Cívica coincidieron en calificar de "arbitraria e ilegal" la
medida, y alertaron sobre los efectos que ésta puede traer sobre la
seguridad jurídica en el país.
"La decisión del Gobierno, con base en el procesamiento
de ex funcionarios por parte de un juez federal, resulta claramente
arbitraria e ilegal", afirmó el diputado radical Ricardo Gil Lavedra.
Para el legislador de la UCR, "no existe una declaración de certeza
acerca de la ilegalidad de la transferencia, sino una mera probabilidad;
se debió esperar al dictado de una sentencia definitiva en sede penal, o
recurrir a un juez para que éste declare la nulidad luego de tramitar
un proceso legal. Pareciera una acción confiscatoria, no una medida
regular de la administración".
Más político, Federico Pinedo (Pro) apuntó de manera
directa al kirchnerismo. "Si el argumento es que el predio de La Rural
fue vendido a precio vil, entonces que la familia Kirchner devuelva los
terrenos que compró a precio vil en Calafate", fustigó el titular del
bloque macrista en la Cámara baja. "Esto es otra bomba de humo para
tratar de engrosar el relato K, cada vez mas raquítico y menos creíble",
añadió.
Desde la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió afirmó:
"No es posible declarar la nulidad absoluta de un acto administrativo
porque expresamente se lo prohíbe el articulo 17, segunda parte, de la
ley de procedimiento administrativo. Al dictar un decreto en clara
violación a ley, se va a terminar beneficiando a los que fueron parte
del acto administrativo menemista".
"O las cosas se hacen bien y como en derecho
corresponde o se hacen mal y terminamos pagando todos los argentinos los
actos ilegales de los gobiernos", culminó Carrió.
Jorge Chemes (Entre Ríos), Juan Casañas (Tucumán) y
Lucio Aspiazu (Corrientes), todos radicales y con pasado en
organizaciones agrarias, criticaron duramente la decisión.
"La expropiación de Palermo es una barbaridad que nos
asemeja a la dictadura venezolana. Una decisión que debilita aún más
nuestra seguridad jurídica y es un ataque directo a una institución
centenaria que representa a montones de productores argentinos, como la
Sociedad Rural", afirmaron los diputados en un comunicado conjunto.
"Este decreto es un ataque a la ciudad y a los
ciudadanos. La Capital, como ciudad autónoma, tiene sus reglas, un plan
estratégico y mecanismos de decisión en la Legislatura local, que no
pueden ser avasallados por el Poder Ejecutivo Nacional", se quejó
Patricia Bullrich, diputada porteña y líder de Unión por Todos".
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"La Sociedad Rural Argentina (SRA) calificó como un "ataque" a esa
institución y al campo la expropiación de su predio ferial de Palermo y
anoche evaluaba la forma de frenar en la Justicia el decreto dispuesto por la presidenta Cristina Kirchner.
Luego del anuncio oficial, los ruralistas de las distintas entidades
se comenzaron a llamar entre sí y hablaron con los referentes de la SRA
para tratar de expresarles un apoyo. "Me solidarizo con la Rural. Esto
es un nuevo hecho de confrontación. Continuamente quieren confrontar.
Pareciera que ésa es la única forma que tienen de gobernar", expresó a
LA NACION Rubén Ferrero, presidente de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA). Ferrero no descartó que las distintas entidades
adopten una postura en común.
Carlos Garetto, presidente de Coninagro, lamentó
también la expropiación. "Realmente nos toma por sorpresa. Los
productores tienen una cuestión sentimental con una muestra que expresa
el desarrollo de la ganadería argentina", indicó.
Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de
Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri también fustigó el
decreto presidencial. "Vemos esto con preocupación porque va contra los
derechos adquiridos. Es una noticia que no cae bien en el sector",
subrayó.
En la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad a la
que el Gobierno le retiró en 2008 el manejo de la emisión de carta de
porte de cereales, tampoco salían del asombro. "Nos sorprendió que sea
una expropiación directa y no haya una instancia de negociación",
precisó Julio Currás, vicepresidente".
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"La medida no es una expropiación, que debería haber pasado por el
Congreso, sino que se trató de una revocación de un viejo decreto de
Menem que había autorizado la venta de esos terrenos del Estado. El
inicio de esa operación fue un 20 de diciembre de 1991, mismo día en la
que la Presidenta decidió anular la operación.
El primer artículo del decreto establece que se revocan
tanto la vieja decisión de Menem como "todos aquellos actos dictados en
consecuencia".
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"La "premonición" ocurrió hace poco más de dos meses.
Pueblo Peronista, la agrupación que lidera el
secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estaba reunida para
festejar un nuevo aniversario en su sede de Núñez cuando el funcionario
dejó planteado el "sueño" de que el predio de la Rural pasara a manos
del Estado.
Lo hizo a través de una encuesta que ese día hizo
circular entre los asistentes a la reunión y que luego difundió vía
Facebook, en el sitio de Pueblo Peronista.
"¿Qué harías si un día soñaras que el Predio Ferial de Palermo es de dominio público y está disponible?", planteaba el sondeo".
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"La lucha por su espacio es un símbolo de la relación que el campo
argentino mantiene con la clase gobernante, una tensión de larguísima
data cuyo más reciente capítulo se escribió ayer.
Los movimientos de rezonificación generaron el reclamo de los vecinos y
la remodelación de Plaza Italia, y la consiguiente incorporación de
mobiliario no hicieron más que subrayar la importancia social y cultural
de ese patrimonio porteño con trayectoria de gigante. Pese a todo, La
Rural nunca dejó de ser el escenario de los sueños y glorias de la
Argentina".
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"La discusión sobre si la Sociedad Rural pagó mucho, poco o fue precio
vil puede ser infinita, Cuando Carlos Menem vendió el predio la entidad
llevaba allí más de cien años .¿Cuál era el costo de recuperarlo por
métodos que respetaran la leyes y los derechos? Menem no se planteó
enfrentarlo. Hay una discusión enorme en la Argentina sobre cuánto
valían los bienes que se privatizaron. No siempre se discute con todos
los datos en la mano y se ocultan muchos de ellos. No todas las
privatizaciones fueron iguales. Y los Kirchner no sólo respaldaron con
entusiasmo al menemismo, sino que también jugaron un decisivo papel
político para que pudieran llevarse a cabo esas ventas".
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"No hace mucho, el directivo de una empresa privada en
cuyo directorio debe convivir con uno de los representantes de la Anses,
proveniente de La Cámpora, confió a LA NACION: "¡Son terribles estos
muchachos! Allí donde creen ver un buen negocio, se preguntan por qué no
puede ser gerenciado por el Estado".
La anécdota traza el perfil actual de un gobierno que,
sin pausa, viene haciendo del capitalismo de Estado su bandera y al que
sólo le falta que Cristina Kirchner imite a su par venezolano, Hugo
Chávez, con su ya célebre latiguillo: "¡Exprópiese!".
Si Abal Medina, durante la conferencia en la que hizo el anuncio,
hubiera dado lugar a preguntas de periodistas, se lo podría haber
interrogado sobre si los terrenos fiscales de El Calafate adquiridos por
el matrimonio Kirchner y otros representantes de la política
santacruceña a precios más que irrisorios no deberían ser también objeto
de confiscación".
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viernes, 21 de diciembre de 2012
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