La fatwa K contra el Poder Judicial

Ah, sí, sí, sí. Lo denuncia un "periodista" de La Nación, siempre tan atenta en identificar rápidamente cuando un poder ahora independiente, honesto y objetivo como como lo es la Justicia argentina luego de la extensión de la cautelar que le permite a su socio seguir usufructuando de sus negocios sin adecuarse a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El pequeño traspié del fallo en el caso Marita Verón se neutraliza fácilmente: presentar a Susana Trimarco como una adicta al poder de la Diktadura. Hasta meter a Zaffaroni en el medio, si es necesario, como rápidamente interpretó -él solito- Massaccesi en TN la otra noche.
Pero vayamos a lo que se le ocurrió escribir sin desparpajo al columnista Enrique Valiente Noailles: "La organización republicana, además de democrática, tiene sentido para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder. Esto ha funcionado en la práctica en estos días y es un primer buen signo hacia el futuro: los límites que la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema han puesto en el caso Clarín ante la prepotencia oficial. Uno ha comenzado a acostumbrarse, pero si retrocedemos un poco, es sorprendente esta fatwa, este edicto librado por el gobierno de un país para ejercer el acoso contra uno de sus integrantes. De quien hasta hace algunos años era un socio que obtenía las primicias del Gobierno y que obtenía también la gracia de tener la aprobación de la fusión entre Multicanal y Cablevisión en otro 7-D.
Pero esta inconsistencia, como decenas de otras, es inocua en la Argentina, porque así como está suspendida la rendición de cuentas en otras áreas, está también suspendida la rendición de cuentas frente al principio de no contradicción. Lo que también sorprende en esta extraña forma de teocracia laica, en la cual el relato es el texto sagrado cuya profanación exige el castigo, son los acólitos acríticos que se suman, sin matices y sin voluntad de distinguir lo que se hace bien de lo que no. Acólitos que no se agotarían de arrojar objetos hacia arriba si saliera un decreto derogando la ley de gravedad.
A los signos que pueden ser tomados como una semilla de reversión pueden adicionarse la percepción de un fin de ciclo político ligado a la improbabilidad creciente de que la Presidenta pueda ser reelegida, a partir de encuestas de aprobación descendentes".
Laborda, por su lado, denuncia la oculta intención del gobierno K (así no cambia nada y sus jefes no pierden a sus jueces adictos): "El escandaloso fallo de la justicia tucumana sobre el caso Marita Verón le dio a Cristina Kirchner un pretexto para insistir en algo que ya insinuó con todas las letras el domingo pasado en la Plaza de Mayo: su obsesión por vengarse del mal trago que le hicieron pasar la Corte y la Cámara Civil y Comercial en la causa contra la ley de medios promovida por el Grupo Clarín.
En otras palabras, la jefa del Estado estaría pergeñando ahora una suerte de una nueva ley de medios que esta vez tendrá como blanco a los jueces que se resistan a las presiones del Poder Ejecutivo".