El concejal de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, Osvaldo Da Costa, descalificó los dichos del titular de la secretaría de Ambiente provincial, Federico Bocco, responsable del operativo de ayer, al sostener que "o son de alguien que fue mandado a mentir o bien de un imbécil, porque todo lo que dijo fue mentira".
Por su parte, Sergio Rivarola, jefe de la ANSES local, aclaró que el informe de impacto ambiental que reclama el gobierno delasotista fue presentado hace 18 días y no fue contestado. "Con esto, queda claro la intencionalidad política de la acción. La carta documento que recibió ArSat está firmada por un riocuartense, Osvaldo Simone, titular de Epec", sostuvo Rivarola. Y recordó que lo más grave de la situación es que De la Sota rescindió de forma unilateral el convenio entre Córdoba y la empresa ArSat, por lo que la antena queda sin poder usarse. "Hay metidos 7 millones de pesos ahí", graficó uno de los presentes. Se desconoce si debería ser trasladada.
Hoy jueves, la Universidad Nacional de Río Cuarto también sumará su repudio a esta acción que cercena el derecho de los ciudadanos del sur cordobés a poder recepcionar una televisión de calidad y gratuita, y aleja la posibilidad de que la institución pueda sacar al aire una señal propia para mostrar los diferentes contenidos de producción propia y a través del Nodo Audiovisual Río Cuarto.
Estas manifestaciones se dieron en el marco de una charla-debate sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, organizada por La Jauretche Río Cuarto, Nuevo Encuentro y Unidos y Organizados, que contó con la presencia del titular del AFSCA Córdoba, Carlos Vicente.
Mañana, viernes 7, a las 19, se realizará una marcha al Centro Cívico (sede de las oficinas del gobierno provincial en Río Cuarto) para repudiar la medida adoptada intempestivamente por De la Sota y pedir que no se lesione el derecho que tienen los cordobeses del sur de acceder al servicio de la televisión digital gratuita. "Es un derecho adquirido que De la Sota les niega", repitieron durante el encuentro.
Vicente recordó que los grupos que tienen que presentar su plan de adecuación lo pueden hacer de forma voluntaria hasta el 7 de diciembre. Una vez cumplido ese plazo, la AFSCA "tiene la obligación de actuar de oficio".
Recordó que la ley se está aplicando y ya ha producido fenómenos a rescatar: 25 radios y 1 canal de pueblos originarios, 50 señales reservadas para las universidades y decenas de horas de producción audiovisual esperando pantalla.
"Lo que resta realizar es muy difícil de llevar a cabo sin la aplicación de los artículos 45 y 161", admitió Vicente, a la vez que -como Da Costa- pidió que los contenidos que se produzcan sean de calidad profesional. "La gente será quien elija verlos o seguir viendo a los grandes medios. A eso, ninguna ley puede regularlo", ejemplificó.
Durante la reunión se deslizó en un par de oportunidades la posibilidad de que la justicia pueda otorgarle una nueva medida cautelar al Grupo Clarín. "Pero si no es este 7D, será otro día que la ley pueda aplicarse plenamente para todos", sostuvieron.
Antes, el filósofo Guillermo Ricca se refirió al concepto de hegemonía, presente -según él- en el fondo de la problemática comunicacional argentina: "Los medios opositores al gobierno nacional usan esa palabra como sinónimo de dominación ilegítima. Gramsci la define como la disputa por la construcción del sentido común, que orienta las acciones de los seres humanos. El sentido siempre está en disputa y pelear por él es participar de la construcción de las agendas".
Uno de los mecanismos de construcción de sentido que advirtió Ricca es el que reemplaza la denominación ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por ley de Medios o ley de Medios K: "De esta forma, se incluye a la prensa escrita, que en verdad no está contemplada por la ley. Se borra la idea de servicio y se presenta una igualación entre medio y empresa, que se rige por las leyes del mercado. La comunicación, en verdad, es un derecho humano".
Concluyó que lo mejor es que haya procesos hegemónicos, "porque eso significa que hay una disputa democrática de relatos. Si no los hubiera, querría decir que una violencia habría acallado voces. Lo que sucede es que algunos quieren seguir siendo los únicos en poder hablar y que otros sigan callados. La política es esa práctica que le da espacio a esas voces".
Por su parte, el abogado Enrique Novo aseveró que una medida cautelar sin plazo no cumple con el preámbulo de la Constitución nacional que propone "afianzar la justicia". "Espero que la Cámara no dicte una prórroga", afirmó.
Armando Chiappe, referente de La Jauretche Río Cuarto, pidió a los presentes militar más que nunca la ley, "luego de que De la Sota decidió cerrar la antena de tv digital gratuita negándole el derecho a informarse a miles de riocuartenses y ciudadanos de la región".
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