"El proyecto de ley de riesgos del trabajo que el Poder Ejecutivo envió
al Congreso es un punto de inflexión. Lo es porque se trata de un
articulado redactado en función de los intereses de los empresarios y en
detrimento del de los trabajadores y porque no subsana las tachaduras
de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia hizo a la
24.557. Pero además, porque pone en aprietos a varios funcionarios del
Poder Ejecutivo que soñaban con una reforma integral de la ley,
concebida en el seno del neoliberalismo privatista y flexibilizador del
menemismo, y también a los diputados de extracción sindical del Frente
para la Victoria que están tironeados entre la defensa de los derechos
de los trabajadores y la lealtad a los designios del bloque que
integran. Lo mismo les ocurre a muchos sindicalistas oficialistas,
quienes puestos a "defender el modelo" deben aceptar este parche a la
legislación, que no fortalece la prevención de accidentes, que elimina
la doble vía y que obliga a quienes se animen a ir a la justicia a
recaer en el fuero civil.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo es también un punto de
inflexión porque generó la reacción que generó en Moyano y el silencio
absoluto de las centrales obreras más oficialistas. De hecho, ni la CGT
que lidera el metalúrgico Antonio Caló ni la CTA de Hugo Yasky
concurrieron a la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja a dar su opinión
sobre la iniciativa. Aun cuando las invitaciones no hayan llegado en
tiempo y forma e incluso cuando pudieran suponer que lo que tuvieran
para decir fuera a quedar en el terreno de lo testimonial (argumento que
esgrimió Moyano a gritos), algo deben tener para decir sobre este
proyecto que, en su espíritu, inclina para el lado del empleador la
balanza del derecho laboral, que tiene justamente la función contraria".
Fuente
martes, 23 de octubre de 2012
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