"El proyecto del Poder Ejecutivo es una norma extorsiva que limita los derechos ciudadanos de acceso a la Justicia
buscando la eliminación de la doble vía, que es el derecho del
trabajador de litigar cuando se siente defraudado por la indemnización
de la ART. El Gobierno busca ganar tiempo hasta que la Corte Suprema,
seguramente, dicte su inconstitucionalidad, como lo hizo catorce veces
con la 24557.
Un aspecto poco debatido es la implicancia del actual régimen desde el punto de vista de la Seguridad Social y la Salud Pública. Con más de mil cuatrocientos muertos por año en accidentes, nuestra
tasa de infortunios se acerca a los 9 cada 100.000 trabajadores. Gran
Bretaña tenía en 2005 una tasa 0,7/100.000, 12 veces menor. Más de 7.000
muertes al año causan las enfermedades relacionadas con el trabajo,
buena parte de ellas oncológicas.
Las enfermedades laborales no
reconocidas son la principal causa de litigiosidad. Esa es la realidad y
no la industria del juicio como dijo la Presidenta.
Durante dos años, desde la CTA, en un proceso participativo en el cual intervinieron miles de trabajadores, elaboramos un proyecto que tiene como ejes la prevención y el fin del negocio de las ART. Ese proyecto fue presentado el 13 de septiembre en una masiva
movilización por el diputado Víctor De Gennaro. El senador Rubén
Giustiniani lo hizo suyo en el Senado. En lugar de abrir el debate, el
oficialismo lo cerró sin considerar estas propuestas alternativas,
firmando los dictámenes aun antes de escuchar las opiniones de los
trabajadores y los académicos.
Si se aprueba la ley hoy, mañana los trabajadores estaremos igual o peor que antes".
Fuente
miércoles, 24 de octubre de 2012
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