El giro de Dilma

"La presidenta de Brasil Dilma Rousseff anunció la reducción promedio de 16,2% en las facturas de electricidad de los hogares y de 28% para las industrias. Dilma afirmó que la reducción del costo de energía volverá al país más competitivo y permitirá reducir los precios en el mercado interno y en las exportaciones, además de ayudar a las industrias en dificultades, evitando el despido de trabajadores.
Dilma dijo que Brasil entró en un nuevo ciclo de desarrollo, con cambios estructurales, tales como tasas de interés más bajas, cambio más competitivo y reducción de la carga tributaria. Ella dijo que no estaba satisfecha con las tarifas cobradas por los bancos, que no reducen sus ganancias.
"Estamos consiguiendo, por ejemplo, una marca sin precedentes de reducción de tasas de interés constante y fuerte en la tasa básica Selic -a cerca de un 2% anual en términos reales-, que hizo que el tipo de interés a largo plazo cayera a menos del 1% anual, también en términos reales. Eso me hace feliz, pero confieso que todavía no estoy satisfecha, porque los bancos, las compañías financieras y, de forma muy especial, las tarjetas de crédito pueden reducir aún más las tasas cobradas al consumidor final, disminuyendo a niveles civilizados sus ganancias", argumentó Dilma.
Dilma también citó la creación de la Empresa de Planificación Institucional y Logística (EPL) para reformar el sistema de transportes, mediante la integración de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. La Presidente afirmó que el gobierno invertirá R$ 133.000 millones (US$ 65.533 millones) en carreteras y vías férreas. La inversión, dijo, llegará a 10.000 kilómetros de ferrocarriles y 8.000 kilómetros de autopistas".
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"José Manuel Restrepo, rector del Cesa, considera que aunque estas medidas pueden reactivar la oferta, la intervención del mercado generaría bastantes inquietudes, especialmente en el sector industrial.
“Al modificar los precios de consumo de enegía con la intervención del Estado, Brasil podría aproximarse a modelos económicos de Latinoamérica que no están funcionando”, señaló Restrepo. “Y al generar desconfianza en el sector interno, podría darse la retirada de algunos mercados importantes que estimulan la producción“, añadió.
Los precios de la energía son los más elevados del mundo debido a los impuestos estatales que representan hasta el 45% de las cuentas de electricidad. Pero con la medida se daría un ahorro de US$500.000 millones en los próximos 30 años".
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"El desembolso de capital en forma anémica ha sido históricamente un problema para el crecimiento de Brasil, incluso durante el reciente "boom" económico. Las inversiones en el país representan el 19% del Producto Interior Bruto (PIB), muy por debajo del promedio en China, India y otros grandes mercados emergentes.
Analistas aplauden la disposición del Gobierno de acelerar las inversiones. Ese tipo de medidas, dicen, pueden ser más efectivas en el largo plazo que los estímulos al consumo como las reducciones de impuestos y facilidades de crédito anunciadas en los últimos meses. "Suena como un cambio de política positivo", escribió por su parte Gray Newman, economista jefe de Morgan Stanley para América Latina, en un informe reciente".
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"El excedente comercial de Brasil depende de embarcar montañas de soja, mineral de hierro y otras materias primas, que son transportadas a lo largo de caminos con baches hacia puertos anticuados y mal manejados, para quedar en depósito, muchas veces durante varias semanas, antes de ser cargados.
El número de pasajeros aéreos se duplicó en la última década en Brasil y se espera que se duplique de nuevo en la próxima. La red ferroviaria del país, en tanto, es una octava parte que la de Estados Unidos, y gran parte está en condiciones lamentables. Si bien el gasto federal en infraestructura creció recientemente, se sitúa en solo 1,1% del Producto Interno Bruto, excluyendo las viviendas".
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"Frente a la crisis provocada por la paralización de distintos sectores de la administración estatal, la presidenta Dilma Rousseff tomó la decisión política para tratar de aprobar una ley para regular las huelgas en el sector público. La embestida comenzaría luego de que las negociaciones sobre los ajustes salariales hayan finalizado y luego de la propuesta de presupuesto para 2013 haya sido enviada al Congreso.
La idea es la de prohibir la paralización de los sectores armados y garantizar los servicios esenciales a la población, de forma que se mantengan al menos una parte de los responsables de los servicios en actividad.
Los sindicalistas ya se preparan para tratar de bloquear el proyecto de ley de huelga, como ya lo hicieran durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Los sindicatos quieren que el gobierno reglamente el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula las negociaciones colectivas de trabajo en la administración pública. Argumentan que, antes de asegurar el derecho de los trabajadores a negociar sus reclamos, el gobierno busca crear instrumentos de castigo.
El proyecto que se trató durante el gobierno de Lula proponía, por ejemplo, que la aprobación del inicio de la huelga en la administración pública sólo podría darse en asambleas que contaran con la presencia de más de dos tercios de los trabajadores".
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"Los partidos de base del Gobierno -incluyendo una parcela significativa de los diputados del PT- resuelven aliarse con los representantes de los sectores más conservadores del empresariado y del núcleo dirigente del agronegocio, para aprobar uno de los cambios más retrógrados para la política medioambiental de nuestro país. Una sorprendente empatía con los que luchan por la defensa de los grandes negocios del campo y del llamado agrobussines.
El proyecto de Ley, que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 24 de mayo pasado, es escandaloso en la protección de los que siempre violaron las leyes ambientales estableciendo mecanismos de amnistía y moratoria. Más que eso, camina a contramano de todo lo que se viene haciendo en Brasil durante los últimos años en términos de actualización de nuestra legislación y prácticas ambientales.
Tras la falsedad del discurso contra los «ambientalistas extranjeros, que quieren impedir a Brasil desarrollarse» y supuestamente contra las «propuestas de las ONG extranjeras operando en nuestro territorio contra los intereses de nuestro pueblo», el proyecto abre todas las fronteras para profundizar todavía más las prácticas extractoras y agrícolas que deterioran el medio ambiente, estimulan la tala descontrolada de las áreas de preservación y la foresta, para permitir la continuidad del ciclo de la desforestación/pecuaria extensiva/monocultivo de la soja y de otras variedades del mismo género.
Por último, la presidenta ha anunciado su intención de promover la privatización de algunos de los principales aeropuertos el país: Guarulhos (SP), Viracopos (SP) y Brasilia (DF). El argumento presentado es el de la urgencia para cumplir con el cronograma previsto para la Copa del Mundo de 2014, con la suposición implícita de que el sector privado tendría las condiciones para cumplir mejor tales plazos. Con esto se repite la vieja fórmula de nuestro capitalismo tupiniquim, donde todo el poder de decisión de las ganancias queda en el sector privado, mientras el Estado está para cuando le piden auxilio financiero en caso de urgencia.
El Gobierno, que debería actuar en defensa de los intereses de la mayoría de la población trabajadora, opta por políticas públicas contrarias a todo lo que sus integrantes siempre defendieron antes de la llegada al poder. Y lo más sorprendente es que pasa a poner en práctica medidas favorables a los grandes grupos económicos y financieros, que hace mucho tiempo presionaban por más apertura en esa ganga, para aumentar el horizonte de sus aplicaciones patrimoniales y la rentabilidad de sus negocios".
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