La mentira de Ceferino Reato

"La Justicia concluyó que es altamente probable que el ex líder de la CGT José Ignacio Rucci haya sido asesinado por un grupo armado de la organización Montoneros, pero entendió que el homicidio no puede ser tipificado como de lesa humanidad y, por lo tanto, no es imprescriptible. En consecuencia, decidió archivar el expediente.
La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, luego de que en 2008 reconoció a la diputada del peronismo disidente Claudia Rucci, hija del asesinado, como querellante. La mujer incorporó nuevas pruebas en la investigación, reunidas en el libro del periodista Ceferino Reato, titulado Operación Traviata, que sostiene la idea de que Rucci fue ejecutado por Montoneros.
Lijo criticó la investigación de Reato al sostener que algunos datos no se corroboraron, como la existencia de un departamento de la avenida Juan B. Justo al 5700, usado como base de operaciones. "La investigación presentó varios puntos carentes de sustento fáctico, si de ella se pretende adquirir un valor epistémico que sirva a la investigación penal", escribió Lijo. Reato admitió que supo a último momento que el dato era falso, pero igual lo incluyó en el libro y no lo rectificó en su testimonial, le reprochó el juez.
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La reacción de La Nación no se hizo esperar ante semejante desaire a su amada teoría de los dos demonios.
"La Corte Suprema de Justicia acaba de sobreseer definitivamente a un grupo de ex montoneros que incluye a Mario Firmenich y a Horacio Verbitsky, por la grave responsabilidad que pudo haberles correspondido en el sanguinario atentado perpetrado en el comedor del edificio de la Policía Federal, en 1976.
Hace pocas horas, también el juez federal Ariel Lijo resolvió que el asesinato del gremialista José Ignacio Rucci, llevado a cabo por miembros de Montoneros en 1973, en pleno gobierno de Juan Domingo Perón, no constituyó un delito de lesa humanidad y dispuso el archivo de la causa.
Como si en los 70 apenas hubieran sucedido algunos disturbios o desórdenes esporádicos, sin la intensidad requerida para calificarlos de conflicto armado interno, expresamente regulado por las Convenciones de Ginebra de 1949, que son derecho interno en la Argentina desde 1957. De esta manera, el máximo tribunal evitó pronunciarse explícitamente -aunque sólo para el caso particular recientemente resuelto- sobre la existencia o no de un conflicto armado interno en nuestro país, confiriendo a los terroristas de los 70 un rincón de impunidad".
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Mientras tanto...
"El juez federal Sergio Torres mandó a juicio oral al ex secretario de Hacienda durante la dictadura militar Juan Alemann por haber consentido tormentos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado elevó a juicio oral esa parte de la megacausa ESMA, que es trascendente porque avanza sobre la complicidad de civiles en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura".
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