Córdoba: leves condenas a productores agropecuarios por contaminar con agroquímicos

La Cámara Primera del Crimen de Córdoba condenó a Francisco Parra, acusado de haber contaminado con agroquímicos en los meses de febrero de 2004 y 2008, y al aeroaplicador Edgardo Pancello a la pena de 3 años de prisión condicional. El Tribunal, compuesto por los jueces Lorenzo Rodríguez, Mario Capdevilla y Susana Cordi Moreno, absolvió -como había pedido el fiscal- al productor agropecuario Alberto Gabrielli.
La aparición de enfermedades presuntamente provocadas por las fumigaciones clandestinas con agrotóxicos en 2004 y 2008 en el Barrio Ituzaingó Anexo de la capital cordobesa -próximo a sembradíos de soja- fue la acusación principal de este juicio que hoy finalizó con el veredicto.
Los acusados fueron imputados por el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos (24051), que remitiendo al artículo 200 del Código Penal, prevé penas de tres a 10 años de prisión por contaminación ambiental.
Desde el año 2003, rige la ordenanza municipal 10590 que prohíbe fumigaciones a menos de 2500 de distancia del barrio. Y la ley provincial de Agroquímicos 9164 establece zonas de resguardo para las poblaciones a la hora de aplicarse fumigaciones aéreas y terrestres.
A lo largo de las audiencias, que se iniciaron el 11 de junio pasado, desfilaron alrededor de 60 testigos, entre vecinos y técnicos -entre otros-, donde más allá de los episodios que se ventilaban, los supuestos efectos de la aplicación de agroquímicos sobre la salud y el medio ambiente se mezclaron en un debate que pareció no tener fin.
Este juicio fue reivindicado como un logro por las Madres de Ituzaingó -pero no así las penas impartidas-, un grupo de mujeres que desde hace una década lucha por que la Justicia condene el uso de agroquímicos en cercanías de poblados, y por diferentes agrupaciones sociales.
Las opiniones, minutos después de haberse escuchado la sentencia, fueron divididas entre los que criticaban los pocos años de condena y los que subrayaban que los productores agropecuarios habían sido condenados, por lo tanto, se reconocía la existencia de delito: así, se sienta precedente, y además se podría accionar reclamando resarcimiento económico en el fuero civil.
Al mismo tiempo que se ventiló este juicio, continuó la investigación del fiscal instructor Carlos Matheu, en torno a la denominada “causa Madre” en la que se intentará establecer si las distintas enfermedades detectadas en el sector sur de la ciudad están vinculadas a los agrotóxicos.
La Justicia de Córdoba, por otro lado, tiene en carpeta una nueva causa por fumigaciones con agroquímicos, cuya investigación concluyó y derivó ya en la correspondiente elevación a juicio oral. El hecho se remonta al 5 de noviembre de 2008, ocho meses después de que se concretaron las fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo. En esta oportunidad, Néstor Conci está acusado de haber realizado fumigaciones en un lote sembrado con papa pero generalmente destinado a soja, en la zona de Colonia Tirolesa, con un insecticida a base de thiametoxan y lambdacihatina de categoría 2, considerado moderadamente peligroso para la salud, que fue aplicado con un equipo terrestre de arrastre.
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