El ajuste de De la Sota

"El gobernador José Manuel De la Sota confirmó en la Legislatura provincial el ajuste en las jubilaciones, que había anunciado y que estaba sin definir la semana pasada cuando presentó su propuesta de revocar su adhesión al Pacto Fiscal y por el que reclamaba la detracción del 15 % de la coparticipación primaria a favor del Estado nacional.
Con la presencia de De la Sota, sin debate, con el retiro de la oposición (Unión Cívica Radical, Frente Cívico e Izquierda Socialista) del recinto y un trámite legislativo de menos de media hora, se produjeron cambios significativos en el sistema previsional. La medida aprobada plantea desfasar por 180 días los aumentos a los jubilados y pensionados de la provincia. Es decir, que desde ahora los jubilados cobrarán los aumentos logrados por los activos no de modo automático –como ocurría hasta hoy- sino 6 meses después.
Desde ahora, la Provincia lograría 200 millones de pesos de ahorro, pero el déficit es mucho mayor: se estima que a fines de 2012 alcanzaría los 1.600 millones de pesos.
La deuda que la Provincia le reclama a la Nación es de 1.040 millones de pesos –sin contar lo de este año-. Al respecto, la Provincia se presentó ante la Corte Suprema de la Nación para reclamar por la misma. Desde el gobierno nacional, se defienden diciendo que la Caja cordobesa no cumplió con la “armonización” pactada en el convenio firmado y que eso exime a la Nación de cumplir con el financiamiento comprometido".
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"Sin respuestas de la Nación y ya cruzados los límites de la desesperación financiera, el gobernador José Manuel de la Sota movió sus piezas. La jugada incluye una demanda ante la Corte por la deuda de Anses, el abandono del Pacto Fiscal en un intento por recuperar la coparticipación plena, el recorte de jubilaciones vía retraso de los aumentos y un nuevo impuesto al combustible que haría que la nafta, el gasoil y el GNC cuesten en Córdoba casi cinco por ciento más que en el resto del país.
Los 500 millones que la Provincia planea recaudar con la tasa a los combustibles irán a un fondo especial no coparticipable con los municipios –como ocurrió en los últimos años con cada una de las nuevas fuentes de ingresos de la Provincia– y los cambios previsionales incluyen la posibilidad de que por decreto se suban los aportes patronales a la Caja, que en el caso de los municipios se deducen directamente de la coparticipación".
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"De la Sota cambió su criterio de no tocar los haberes jubilatorios y eso es lo que lo impulsó a proyectar una versión acotada del plan Laura (apellido del empresario que propuso durante el menemismo una red de autopistas financiada con un impuesto a los combustibles).
El Gobierno celebró como un triunfo haber reducido a la mitad el déficit de la Caja, estimado para este año en 1.600 millones de pesos y proyectado en más de dos mil millones para 2013. El cálculo puede ser acertado si se mantiene la inflación por encima del 25 por ciento, pero la postergación por seis meses de los pagos a los jubilados de los aumentos a los activos es una medida que depende nada menos que de las alzas de precios.
Dicho en otras palabras: es un paliativo atado a factores externos al sistema previsional propiamente dicho.
La medida le abrió a De la Sota su flanco más débil. No tiene en Córdoba a quién echarle la culpa por errores que cometió en sus anteriores ciclos como gobernador.
Tiene razón De la Sota en el reclamo a Cristina, que a su vez oculta el pecado de no haber atinado a plantear un sistema previsional autosustentable, ajeno a los aprietes nacionales y a la necesidad de desviar dinero de los ingresos del Estado cordobés para pagar jubilaciones tan generosas como impagables".
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"Hay un capítulo del relato del gobernador que es incuestionable: la Nación debió cumplir con Córdoba y enviar los 1.040 millones de pesos que se comprometió a aportar ante la Corte Suprema de Justicia. La Casa Rosada, una vez más, mezcló las cuestiones de Estado y de gestión con las antipatías políticas. Porque el no envío de fondos a la Provincia no está motivado por estrecheces económicas de la Nación sino por razones eminentemente políticas. De lo contrario, sería imposible explicar que a Córdoba no haya llegado un solo peso mientras que Santa Cruz dispuso del doble de lo que estaba previsto (360 millones de pesos, un promedio de 25.295 pesos por jubilado).
La queja de la Provincia tiene fundamento firme, así como también su decisión de ir a la Corte Suprema. Lo que está viciado es el mecanismo interno que eligió para aliviar el déficit de la Caja.
Primero, porque implica volver a caer en los recortes lisos y llanos sin pensar en reformas impositivas que puedan agregar equidad a un sistema tributario que, como el cordobés, es altamente regresivo. Segundo, porque la forma que se usó para aprobar el proyecto es inadmisible".
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"63% del ingreso de un mes perdería un jubilado estatal cordobés entre agosto y febrero próximo por la demora en recibir los aumentos que los activos tendrán en agosto y noviembre. En un haber de $ 5.000, implica perder en ese período $ 3.150".
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"Más allá de las posturas de la oposición y de las reacciones de los gremios estatales, que ayer se manifestaron en la sede de la Caja de Jubilaciones, las medidas adoptadas por el gobierno de De la Sota revelan que la crisis financiera que atraviesan las provincias –y de la que Córdoba no es ajena– resulta verdaderamente preocupante. Tan preocupante como la indiferencia de la Nación, que parece pensar que los distritos no conducidos por sus aliados políticos pertenecen a otro país".
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