Río revuelto: La Nación sale a defender a Blaquier

Lo hace mediante su operador judicial Adrián Ventura, también periodista de TN (Grupo Clarín).
"El presidente de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, acusó al Gobierno de nombrar en forma irregular al fiscal que lo investiga, para lograr su condena. Pero ésa es sólo una de las denuncias de irregularidades que estudia la Cámara Federal de Salta, que deberá decidir si confirma los procesamientos o si, ante la falta de pruebas, los revoca.
Blaquier y Alberto Lemos, ex administrador de uno de los complejos agroindustriales más grandes del país, fueron denunciados hace seis años porque, en 1976, supuestamente le habrían prestado varias camionetas a la Gendarmería Nacional para que secuestrara a empleados de la planta.
En la causa nunca se encontró prueba de que Blaquier y Lemos hayan consentido esa maniobra ni, tampoco, que hubieran facilitado algunas de las más de 100 camionetas que estaban a disposición de su personal. Incluso la Gendarmería informó oficialmente que no tenía registro de haber usado aquellas camionetas.
Pero el Gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos vieron la posibilidad de hilvanar otra puntada más en la teoría oficial de que el golpe del 76 tuvo apoyo civil.
Ayer, Jorge Valerga Aráoz, ex integrante de la Cámara Federal porteña que condenó en 1985 a la junta militar y defensor de Blaquier, afirmó que "el fiscal Pablo Pelazzo no es independiente y debe ser separado". Y agregó: "Antes de asumir fue letrado de los querellantes, y además fue nombrado sin acuerdo de la Presidenta ni del Senado. La causa no es un juicio justo".
"Sufrimos una situación similar a la que resolvió la Corte hace una semana, cuando declaró nula la designación a dedo que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hizo de un fiscal civil, con el agravante de que el fiscal Pelazzo es penal", agregó el letrado.
La semana última, la Corte Suprema, en el caso "De Martino", dijo que la designación que había hecho Gils Carbó de una fiscal civil, en aquellas mismas condiciones, fue irregular y nula y ordenó su superación. Ahora, el abogado Valerga Aráoz sostiene que Pelazzo también debería ser separado, pero, además, siendo un fiscal penal, debería declararse la nulidad de todo lo que hizo.
Todos los empleados que habían sido secuestrados y que luego de recuperar la libertad declararon en la Justicia recordaron que habían sido llevados en vehículos de Gendarmería y de la policía provincial. Es decir, no identificaron camionetas de Ledesma ni a choferes del ingenio. Salvo dos de ellos (los hermanos Alfaro Vasco), que sí hablaron de una camioneta de la empresa, pero y que se contradicen con la declaración de otras personas que iban en el mismo vehículo.
¿Y si efectivamente se usaron camionetas de Ledesma o las que había donado la empresa a otras instituciones y Blaquier nunca se enteró? Efectivamente pudo haber ocurrido esto. El propio juez Poviña reconoce que en el expediente hay "escasez de pruebas directas" y admite que probablemente Blaquier tampoco hubiera tenido el "propósito" de prestar camionetas para secuestrar personas.
Poviña, cuando procesó a Blaquier y a Lemos, sostuvo que "se desprenden del análisis historiográfico previamente realizado -que el juez remontó a los años 30- los fuertes nexos existentes entre grandes industriales, lobbistas y autoridades estatales y militares durante aquel ajetreado ciclo golpista".
El juez, en su procesamiento, sostuvo que el ingenio Ledesma, incluso durante los gobiernos civiles de Illia y de Frondizi, se había beneficiado con el cierre de las plantaciones de Tucumán, para llegar así a monopolizar el mercado azucarero. Y también habló del exterminio sistemático de víctimas sindicales que, sostuvo, comenzó durante la gestión de María Estela Martínez de Perón.
El juez, sin embargo, soslayó algunos datos que contradicen su construcción teórica: 1) el período de 1930 y 1976 no está siendo juzgado; 2) si tanto se benefició Ledesma en aquella época, ¿qué más podía esperar del gobierno militar?; 3) ninguno de los empleados secuestrados era sindicalista; 4) una docena de trabajadores, una vez liberados, volvió a trabajar a Ledesma, y 5) los sindicalistas que sí declararon en la causa elogiaron la capacidad de negociación de Ledesma y dijeron que no sufrieron persecuciones.
¿Avanza la Argentina hacia una justicia cuyo objeto es sólo darle contenido al relato político?", alega Ventura, casi como abogado defensor de Blaquier.
En estos días, la editorial del diario se había encargado de atacar las políticas de derechos humanos (como ya lo ha hecho reiteradamente).
El domingo, repitiendo por enésima vez que lo sucedido durante los años 70's fue una guerra y que "el retorno a la democracia dio paso al juzgamiento y a las leyes de obediencia debida y punto final que encauzaron el sentido y alcance de las condenas. Los indultos a los condenados de ambos lados de aquella violencia intentaron dejar atrás una etapa dolorosa y crítica de nuestra historia. Sin embargo, aquel proceso de pacificación fue interrumpido y un gobierno que hizo de los extremos ideológicos y de la confrontación un instrumento de creación de poder revirtió aquellas medidas". Al final de la diatriba, La Nación pide que se cierre la causa por apropiación de hijos de desaparecidos contra Ernestina Herrera de Noble.
El lunes, aseverando que agrupaciones políticas K acosan y agreden a integrantes del Poder Judicial: "Cabe recordar las amenazas por parte de militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora de las que fue víctima, en junio pasado, Juan Carlos Maqueda, uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A lo que se suma la presencia violenta y reiterada de militantes de la agrupación Tupac Amaru que, sin vergüenza ni pudor, amenazan a magistrados que intervienen en algunos casos con impacto político".
Sobre la Tupac, La Nación la acusa de haber agredido a Magnetto y sus abogados durante la audiencia de mediación con Víctor Hugo Morales, y "al doctor Carlos Pedro Blaquier, el 10 de julio de 2012, cuyo vehículo fue destrozado a la vista de todos, con violencia inusitada, en un atentado que hasta pudo costarle la vida al empresario si el auto no hubiera estado blindado.
Queda claro que el accionar de la organización Tupac Amaru es intimidatorio y que está cuidadosamente planificado, financiado y organizado. Sus grupos de choque actúan disciplinadamente y parecen haber sido entrenados en el uso jacobino de la violencia".