Ni el resurgimiento de discursos pro “capitalismo nacional” en los elencos gubernamentales, ni el renovado protagonismo de firmas de capital local supuestamente interesadas en desarrollar el mercado interno, han logrado revertir durante la posconvertibilidad el proceso de extranjerización. En 2010 las compañías de origen foráneo dentro de la elite empresaria eran 115 y su ponderación en las ventas totales orillaba ya el 60 por ciento. Semejante primacía trasnacional se dio, además, en un cuadro de creciente concentración a favor de estos segmentos del poder económico, pues las doscientas empresas más grandes del medio doméstico explican ya cerca del 30 por ciento de toda la producción generada en el país, porcentual holgadamente superior a los registros durante la convertibilidad.
El señorío extranjero se manifiesta en casi todos los sectores, pero se torna particularmente intenso en las actividades que han tenido un rol protagónico en el crecimiento económico de la posconvertibilidad: agroindustrias, armaduría automotriz, industrias químicas y de refinación, minería y petróleo, comercio minorista y de productos agropecuarios. Además, los capitales transnacionales tienen una presencia destacada en servicios como la telefonía celular y el sistema financiero (hacia el año 2010 los bancos de afuera controlaban la mitad de los depósitos y los préstamos concedidos por la banca privada con operatoria en el medio local).
El peso estructural de los oligopolios foráneos se vuelve aún más gravitante cuando se evalúa su importancia sobre el comercio exterior: la participación de este tipo de firmas sobre el total de las exportaciones argentinas pasó del cuarenta por ciento hacia fines de la convertibilidad a casi el cincuenta por ciento hoy por hoy. De esta manera un número acotado de corporaciones extranjeras ejerce el control sobre buena parte de las divisas generadas en el país, lo cual les confiere objetivamente un importante poder de veto sobre la orientación del funcionamiento estatal en distintos aspectos".
"No hay estudios que comparen la concentración argentina con la que
experimentaron otros países, pero dudo de que el aumento de la misma en
nuestro país sea un fenómeno generalizado o que forme parte de la
tendencia inmanente del capitalismo. Concretamente, las 200 empresas más
grandes pasaron de representar del 16 al 28 por ciento del valor de
producción nacional entre 1993 y 2010, lo que arroja un aumento del 75
por ciento en el grado de concentración.
Entre 2002 y 2007 los intereses de los grandes grupos económicos eran
compatibles con los objetivos económicos del Gobierno –el cual buscaba
aumentar el empleo y los salarios–, entre otras cosas porque había un
elevado crecimiento, capacidad ociosa instalada y salarios muy
atrasados. Pero a partir de 2007 la progresividad en la distribución del
ingreso se estanca, con una participación de alrededor del 40 por
ciento de la masa salarial en el producto bruto nacional. Ese parecería
ser el límite distributivo que toleran los grandes grupos en la
Argentina, aunque más interesante aún es que en las grandes compañías la
participación del salario es de un 25 por ciento. En ese marco, se
intensifica la puja distributiva, con una economía que –crisis mundial
mediante– de-sacelera su crecimiento, agota la capacidad ociosa, acelera
el aumento de precios y aprecia el tipo de cambio. Allí, las fracciones
dominantes de capital plantean una devaluación para reeditar el proceso
de reducción de salario real de 2002, lo que entra en tensión con la
política de ingresos del kirchnerismo. Por eso el Gobierno empieza a
enfrentar a los sectores dominantes, y a plantear, en lugar de una
devaluación, la reinversión de las utilidades para apuntalar la
competitividad, el crecimiento y resolver los problemas de “restricción
externa”".Fuente
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