Reforma impositiva en Santa Fe y Tierra del Fuego: como siempre, el Campo se opone

"Casi todas las provincias ya avanzaron con sus reformas, a excepción de Santa Fe, donde la actual relación de fuerzas políticas no le permite prosperar. Hay un agravante: según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) la carga tributaria en Santa Fe ya en ese entonces era mucho más baja que en Córdoba, Capital Federal y Buenos Aires. Más allá de las miradas diferentes sobre el gasto público, es ese desfinanciamiento estructural el que llevó al gobernador Bonfatti a decir que está rascando la olla para garantizar el pago de salarios y aguinaldos.
El mapa tributario del Instituto Argentino de Análisis Fiscal fue cerrado a finales de 2011, previo a que casi todas las provincias autorizaran en el primer semestre de 2012 aumentos en sus impuestos, en especial la alícuota de Ingresos Brutos (impuesto que justifica 74 por ciento promedio de los ingresos propios de las provincias) o eliminaron exenciones vigentes desde el pacto fiscal de 1993.
El único ítem en el que Santa Fe se ubica en el lote de las provincias con mayor carga tributaria es en el de las grandes industrias sin sede en la provincia. De todos modos, la alícuota de 3,2 por ciento es más baja que el 4 por ciento de Capital y Córdoba.
Si se analizan las alícuotas que aplica Santa Fe en los nueve grandes rubros de la economía se ve con claridad las razones del desfinanciamiento. Sin dudas el status quo actual implica una transferencia de recursos al sector privado vía no percepción de recursos tributarios.
Intermediación financiera: Santa Fe aplica 3,3 por ciento, Córdoba 4,5; Capital Federal 5,8 y Buenos Aires 5,6.
Sector agropecuario: Buenos Aires y Capital Federal aplican 1 por ciento de Ingresos Brutos a empresas que facturan más de 60 millones anuales; en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos está exento.
Industrias locales: Buenos Aires grava empresas que facturan más de 60 millones; Capital Federal y Córdoba a las que facturan más de 20 millones;  Santa Fe alícuota cero.
Sector comercial: Santa Fe 2,6 por ciento, lejos del 4,2 de Buenos Aires; el 3,3 de Capital Federal y el 3,6 de Córdoba".
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"Decir con absoluta liviandad que la provincia quiere aumentar el inmobiliario urbano en un 120 por ciento, o que el inmobiliario rural se incrementará en un 600 por ciento es, al menos, desconocimiento y especulación política. En el caso del inmobiliario urbano, el aumento previsto en un total de 40 por ciento de los contribuyentes será de 20 pesos anuales; esto es, menos de 2 pesos por mes para el universo citado. Y no se dice que es la primera vez que un gobierno decide tomar medidas para evitar la especulación inmobiliaria.

Con respecto al inmobiliario rural, las críticas se hacen desde la intencionalidad política. Es importante que la ciudadanía entienda que la valuación fiscal de los inmuebles rurales data del año 1974. De manera que, un propietario rural de la mejor zona de la provincia, paga por una hectárea de campo, $55 anuales de impuesto inmobiliario; mientras que esa hectárea tiene un valor de mercado —considerando no sólo ese valor patrimonial, sino también su productividad, su acceso a los centros de comercialización y las mejoras lindantes— de alrededor de 16.000 dólares.

Pero si comparamos el precio de una hectárea patrimonio rural con un vehículo automotor, el propietario de un campo de una hectárea paga $ 55 al año, siendo que el mismo genera ingresos, mientras que el dueño de un auto de un valor similar abona anualmente un impuesto a la patente de $ 1.500 por año.

Un productor que posea 50 hectáreas tendrá un tope de incremento del 50 por ciento y los que posean más cantidad de hectáreas deberán pagar proporcionalmente más impuesto, no sólo por la cantidad de hectáreas sino también por el valor económico de sus tierras".
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"El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego remitió cuatro proyectos de ley que reforman la normativa  impositiva vigente en la provincia. Se busca eliminar el beneficio de  tasa cero e incrementar en 1,5% las alícuotas vigentes del Impuesto sobre Ingresos Brutos. También se impulsa la generalizació del Impuesto de Sellos a todos los actos y contratos onerosos que se realicen en Tierra del Fuego. Además se reformula la metodología del cálculo de las  valuaciones fiscales de los inmuebles rurales y se propone crear un  régimen simplificado para pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos".
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"El proyecto de reforma tributaria generó rechazos en el sector comercial, tanto en Ushuaia como en Río Grande, al considerar que no es «oportuno» hacerlo por el enfriamiento que existe en la economía, lo cual ha provocado una caída en el consumo y con ello una retracción en la economía.
Algunos sectores plantearon que hay una caída del 20% en la actividad, en relación al año pasado y sostienen que las expectativas no son las mejores, en el futuro inmediato".
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"Desde la Asociación Rural de Tierra del Fuego están de acuerdo con la modificación del impuesto inmobiliario rural, pero rechazaron totalmente la modalidad que pretende implantar el Poder Ejecutivo para el revalúo de las tierras en función de operaciones de compra y venta de terrenos.
«El proyecto que han presentado está con datos que no reflejan la realidad», sostuvo Pablo Canga, presidente de la Asociación Rural, al objetar la política para valuar los campos, consistente en tomar el precio de venta de bienes inmobiliarios del sector rural.
«Entendemos que la provincia tiene que modificar el sistema impositivo para el campo, sin ninguna duda. Sucede que el proyecto presentado esta con datos que no son de la realidad», dijo Canga.
Indicó que «los impuestos están muy atrasados, eso es un tema que hay que destacar, pero ello no es culpa del campo. Hace más de veinte años que el Estado no ha hecho un revalúo» de los terrenos de la zona rural.
Sobre la decisión del Gobierno de calcular el valor del campo, en base a operaciones de compra y venta, Pablo Canga dijo que «no lo compartimos, primero por la cantidad de datos que han relevado, que son muy pocos y, segundo, por la historia, porque hablan de operaciones inmobiliarias que son de 1995».
Sostuvo que el «valor fiscal no es el valor de la venta de un campo, sino el de la tierra libre de mejoras, lo que es totalmente diferente y es a eso a lo que estamos apuntando», explicó Canga.
«Estamos convencidos que hay que revaluar los campos, pero hay que hacerlo por productividad, porque es la forma histórica de hacerlo y es como se hace en todo el país», señaló el presidente de la Asociación Rural fueguina".
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