Clarín y La Nación salen a defender la evasión fiscal

Kirschbaum: "La Presidenta ayer utilizó la cadena nacional para narrar que, a raíz de una nota en Clarín sobre el impacto del cepo cambiario en el mercado inmobiliario, le había pedido a la AFIP que investigue al autor de esas opiniones. Y que había descubierto que éste no había presentado declaración jurada de Ganancias desde 2007.
La intención de la Presidenta es tan transparente que asusta, porque lo que se busca, está claro, no es que Fulano o Mengano aclaren su situación impositiva sino que callen sus críticas o sus descripciones negativas que las medidas oficiales tienen en los sectores en los que se desempeñan.
Y que lo haya hecho por cadena nacional, como un modo ejemplificador y disciplinario, es aún más grave porque es una amenaza a gran escala para amordazar las críticas.
La libertad de expresión y de opinión son derechos constitucionales que defienden de represalias y sanciones a quienes los utilicen en los medios que les plazca".
Sin firma: "La Presidenta cruzó un límite en su escalada verbal contra los medios. En cadena nacional, y sin ponerse colorada, reveló que decidió investigar los antecedentes financieros y patrimoniales de un empresario inmobiliario. ¿Cuál fue su pecado? Dar su testimonio para Clarín en un artículo sobre la desaceleración de la economía que se publicó el domingo pasado".
Braslavsky: "La Presidenta inscribió la nota de este diario, que daba cuenta de esa problemática, en “operaciones desánimo” . Mostró igual haber pasado el peine fino a las tres historias que se contaron. En ámbitos empresarios -en que por razones obvias nadie quiso dar su nombre- se tomó como “un mensaje” el uso de la AFIP para cuestionar a quienes dan testimonio de la marcha de la economía. Párrafos más adelante de su discurso Cristina aseguró que no desea “que se le tape la boca a nadie”.
Hace dos años en medio de la pelea con el Grupo Clarín, hubo un inédito desembarco de un batallón de inspectores de la AFIP en el diario Clarín. En Tucumán, el comedor Santísima Trinidad se hizo famoso porque desde allí transmitió su programa de Canal 13 Jorge Lanata hace dos domingos. Está en una barriada humilde donde se vive de changas y del cirujeo. Por eso llamó la atención que al día siguiente de la transmisión aparecieron inspectores de la AFIP por el barrio haciendo preguntas “rutinarias” en los modestos comercios".
Sin firma: "“Ni la Presidenta ni la cabeza de la AFIP pueden dar a conocer circunstancias que tienen que ver con la situación frente al fisco de un contribuyente en tanto y en cuanto no se pruebe en sede judicial que se ha cometido algún delito” , manifestó el economista Raúl Cuello. “Las circunstancias de un contribuyente son absolutamente secretas y eso no puede ser dado a conocer a la opinión pública”, añadió. “Más allá que está pésimo que no se hayan presentado las declaraciones, la Presidenta no puede utilizar la subordinación de Echegaray como una suerte de buchón”, opinó el abogado Ricardo Monner Sans. “Antes de designar a Boudou como vicepresidente habrá consultado a Echegaray por la situación patrimonial de su compañero de fórmula”, se preguntó irónicamente.
La postura fue diferente en el Consejo de Ciencias Económicas. Según fuentes de la institución consultadas por Clarín, el artículo 101 de la Ley 11.683 plantea que “no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas”, y de esta manera la Presidenta no habría violado el secreto fiscal. “El nombre de la empresa no lo dio, entonces no violó el secreto fiscal”, agregaron fuentes gubernamentales".
Nicolás Wiñazki: "Celeridad para algunos y vista gorda para los amigos. La AFIP de Ricardo Echegaray, la misma que estudió por pedido presidencial a un directivo de la inmobiliaria Toselli, le dio a la ex Ciccone Calcográfica una moratoria excepcional para que pague su deuda multimillonaria con el fisco".
Sabsay: "El uso de la cadena nacional de parte de la Presidenta constituye un abuso sin precedente durante un período democrático, que nos retrotrae a las prácticas de los presidentes de facto. Esta modalidad quiebra la más mínima igualdad que debe imperar entre los representantes de diferentes tendencias políticas y a partir de ayer ha sido utilizada como medio de persecución contra quienes expresan opiniones que resulten molestas para la titular del Poder Ejecutivo.
El episodio no puede sino generar una fuerte reacción de parte de todos los que deseamos vivir en un Estado de Derecho. Cuesta creer que la Presidenta, en particular teniendo en cuenta su condición de abogada, desconozca que la normativa impositiva les impone a todos los funcionarios el deber de mantener la confidencialidad en materia fiscal.
Esta injustificada y grave falta pone de manifiesto una actitud claramente extorsiva. En adelante, queda claro que todo aquel que se manifieste en contra de alguna política oficial será pasible de la intervención de la autoridad de aplicación en materia de impuestos, como una suerte de medida de castigo que inhiba a otras personas a incurrir en el mismo proceder. Es cierto que esto ya ha ocurrido contra quienes en programas televisivos han denunciado hechos que comprometen a funcionarios nacionales o provinciales vinculados con el partido de gobierno. Pero hasta ayer no nos imaginábamos que se trataba de un temperamento impulsado por la misma titular del Poder Ejecutivo, quien incluso lo expresó abiertamente de manera arbitraria y con ánimo de perseguir a supuestos "enemigos".
Esta forma despótica de ejercer el poder nada tiene que ver con los valores y las prácticas que deben regir a una democracia constitucional. Nos referimos al pluralismo, la tolerancia, el respeto a la opinión ajena, entre otros componentes básicos. Lejos de ello, hoy nos debatimos en una realidad en la que la libertad de expresión se encuentra cada vez más limitada y ante la inexistencia de contrapesos que permitan restablecer el equilibrio perdido. Ojalá que desde la comunidad surjan antídotos que pongan un límite a tanta prepotencia y desprecio por las obligaciones que les impone la ley a los gobernantes".