En los últimos días, directivos de la empresa Monsanto a nivel local anunciaron que próximamente se iniciarán las obras para la instalación de dos estaciones experimentales de soja y maíz, una en nuestra ciudad y otra en Tucumán. En Río Cuarto, la planta estaría en funcionamiento en alrededor de 9 meses.
A ello se suma la radicación de la planta para acondicionamiento de semillas más importante de América Latina en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, que comenzaría a funcionar a fines de 2013.
Aunque este último anuncio fue rectificado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador José Manuel de la Sota, desde Funam advirtieron que “existen obstáculos legales y administrativos muy importantes” para que la empresa radique obras de este tipo en nuestro país en el corto plazo.
En concreto, Montenegro indicó que ante esta clase de emprendimientos se aplica la Ley del Ambiente 7343 de la provincia de Córdoba, así como la ley nacional 25675. “Ambas normas tienen establecida la evaluación de impacto ambiental y la audiencia pública: sólo una vez hecho el estudio de impacto y que los propios actores sociales se presenten y debatan se puede instalar una planta de estas características”, afirmó. Y aclaró que este procedimiento estaría vigente tanto para la planta que se instalará en Malvinas Argentinas como para la estación experimental de Río Cuarto.
“Todo lo que representa experimentación con material biológico transgénico requiere un más que cuidadoso impacto ambiental tanto por los efectos biológicos que puede tener sobre otras especies como obviamente si en ese predio se usan plaguicidas”.
Consultado acerca de la actitud que tomarán desde la fundación si las normativas vigentes no son respetadas en la provincia, el biólogo aseguró: “Si no lo cumplen denunciamos penalmente al gobernador o al funcionario que sea: los funcionarios tienen la obligación de cumplir la ley y también de hacer que esa ley se cumpla”".
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"A lo largo de un extenso informe, la fundación predice que una mayor presencia de Monsanto en la provincia “agravaría regionalmente los efectos indeseados” del actual modelo, tales como la “expansión de la superficie cultivada, la destrucción de ambientes nativos y, sobre todo, más enfermedades y muertes por exposición a bajas dosis de plaguicidas”.
Al respecto, desde la organización aclaran: “La planta que Monsanto pretende instalar en Malvinas Argentinas no se dedicaría a la producción de plaguicidas. Pero incentivaría indirectamente su uso a nivel provincial”.
En ese marco, el documento reconoce el atractivo que representan los puestos de trabajo prometidos por la empresa, pero contrasta estos beneficios con las consecuencias indirectas que su instalación generaría en la salud de la población “y la pérdida de puestos de trabajo en actividades incompatibles con los cultivos transgénicos”".
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"En Argentina dejamos de privilegiar la alimentación de seres humanos para pasar a alimentar masivamente el ganado de la Comunidad Europea y China, y a proveer de biocombustibles sus vehículos. El uso de estos últimos le permite argumentar a los países del Primer Mundo que ellos utilizan menos petróleo, y que son por lo tanto más sustentables, lo cual es falso.
Quienes compran soja y derivados de soja en naciones alejadas de sus territorios cuidan así sus suelos, sus aguas y su salud, pues trasladan a los países productores –en este caso Argentina- todos los efectos negativos. Aún hoy seguimos creyendo, erróneamente, que el elevado precio internacional pagado por tonelada de soja compensa las pérdidas ambientales y sanitarias. Previsiblemente las codicias privadas y públicas alimentadas por la soja siguen asociadas, aunque gobiernos y productores hayan mostrado fuertes enfrentamientos. Entretanto las enfermedades y muertes no registradas, la pérdida de biodiversidad única y la formación de crecientes depósitos ambientales de residuos de plaguicidas continúa escandalosamente".
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"Tras un nuevo intento de explotación minera, esta vez impulsado por una empresa brasileña, los vecinos autoconvocados de Villa Yacanto están reuniendo firmas a los fines de pedir la ampliación de un decreto provincial del año ‘99 que declaró la “Reserva Hídrica Provincial de Achala” e incluir tierras que podrían estar sujetas a este tipo de actividad.
El año pasado, fueron los mismos vecinos quienes iniciaron una verdadera cruzada en contra de la explotación minera del Cerro Blanco para extraer el cuarzo. Mas de 100 vecinos volvieron a reunirse con las autoridades locales, quienes le manifestaron la decisión en firme de decirle “No a la minería”, por lo que también decidieron, en caso de que no haya respuesta de Carlos Alesandri, legislador departamental, presentar el Proyecto de Ley por iniciativa popular.
El 9 de julio último, comenzó a gestarse el nuevo reclamo de los vecinos autoconvocados contra la minería en Villa Yacanto, luego que se conociera que una nueva empresa solicitó autorización para extraer minerales de la zona. Se trata de la firma Vale do Rio Doce, quien inició gestiones ya que tendría intenciones de explotar canteras en la zona. Si bien las autoridades locales reconocen que nadie les ha notificado oficialmente la inquietud empresaria, el propio intendente Oscar Musimeci, confirmó que un geólogo, en nombre de la compañía brasileña, mantuvo reuniones con él, concejales oficialistas y otros funcionarios, quienes le expresaron su negativa.
Meses atrás, la empresa Cerro Blanco, otra firma interesada en explotar la zona minera de la Villa, a través de sus abogados patrocinantes, presentó un recurso administrativo ante el municipio para que deponga su actitud. “No se va a permitir la instalación de ninguna minera, es una decisión ya tomada y sobre la cual no volveremos atrás”, señaló el intendente".
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"Musimeci dijo que el proyecto está acompañada de la promesa para la localidad de una escuela, pavimento y otras obras de infraestructura y de un fuerte apoyo político de la órbita provincial. Y puntualizó que le sugirieron que derogara las ordenanzas que limitan la actividad.
“Queremos sostener el perfil turístico, por eso rechazamos la minería, esta localidad creció mucho con inversiones turísticas y vamos a seguir en ese camino”, indicó el funcionario.
Hace 10 días atrás, se realizó una reunión en Villa Yacanto a la que asistieron habitantes de la localidad y de poblaciones vecinas que se oponen a la explotación minera en la región. “Hay que proteger las sierras grandes, es una estructura muy frágil, habría que promover explotaciones menos agresivas”, opinó Paula Marcora, bióloga, que asistió a la charla. Aclaró que, si bien se habla de cuarzo, cuyos métodos de extracción no son contaminantes, ya sentaría un precedente. La zona, en el pie del Champaquí es, además, un gran reservorio hídrico.
Musumeci sostuvo que planteó el tema en la Comunidad Regional Calamuchita pero Carlos Alesandri, legislador por Calamuchita y titular de la entidad, no se hizo eco del rechazo. “Él va a apostar a la minería”, opinó. Y comentó que teme que se cumpla la “amenaza de achicar el ejido”, para que Cerro Blanco, la zona rica en el material, quede fuera de la jurisdicción de Villa Yacanto.
Por su parte, Alesandri dijo: “Yo no estoy ni a favor ni en contra, lo que digo es que si se respetan las leyes provinciales y nacionales y las normas de las secretarías de Ambiente y Minería, uno no puede oponerse”.
El legislador dijo que desde hace años plantea como actividad productiva la explotación minera, siempre que sea “racional”. Destacó que la provincia sancionó una ley de minería “modelo”, que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto. Y dijo que explotar el cuarzo no implica inconvenientes".
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