En una de sus editoriales, la empresa de los Mitre y Saguier la emprenden con todo contra la segunda autoridad del país. La titula "Boudou, símbolo de corrupción y de impunidad" y argumenta su implícito pedido en los siguientes párrafos: "Ha pasado suficiente tiempo para que la opinión pública termine de convencerse de que los argentinos carecemos de un vicepresidente confiable y respetable. Nos hallamos ante alguien que no sólo habría faltado a sus deberes y a la ética que corresponde a un funcionario público, sino también a la verdad.
Que un funcionario en permanente zozobra con cada hallazgo del caso Ciccone siga generando escándalos constituye una vergüenza. Que ese funcionario sea quien ejerce la Presidencia ante la ausencia de Cristina Kirchner lo hace más escandaloso aún".
Román Lejtman también habla de la "renuncia" de Boudou en El Cronista: "Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero son los tres jueces federales que pueden decidir la situación política y procesal del vicepresidente Amado Boudou. Freiler, Farah y Ballestero son tres magistrados que conocen las leyes y las relaciones de poder. No habitan en una Torre de Marfil y están bajo fuego cruzado. Tienen en sus manos la renuncia de Boudou y aún no definieron qué camino tomarán, frente a la evidencia que se acumula en la causa que investiga Ariel Lijo, el juez federal a cargo del caso Ciccone".
Leuco, el domingo, había escrito sobre una supuesta movida gubernamental de mani pulite con sus funcionarios más criticados: "Se resolvió cambiar los comunicadores. Sacar del medio a los más desprestigiados: Boudou, Aníbal Fernández, Julio De Vido y Nilda Garré, y colocar en su lugar a Florencio Randazzo, Lorenzino, Sergio Berni y Axel Kicillof. Hasta la propia Cristina dio un paso al costado para no fatigar. Simultáneamente, se estudia un esquema para quebrar el sello de corrupción que se instaló en el oficialismo. Carlos Zannini explora el mejor atajo para sacar a Boudou del chiquero en el que cada día se entierra más. La opción menos cruenta sería “estatizar” la ex Ciccone y tratar de enviar la causa a un agujero negro. Dos ministros piensan que es hora de entregar la cabeza de los que manchan al Gobierno. Una especie de mani pulite (manos limpias, el proceso que encabezó en Italia en 1992 el fiscal Antonio Di Pietro) en línea con lo que hizo Dilma Rousseff. En dos palabras: arrojar lastre. No son los únicos, pero casi todos los números del talonario los tienen Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi".
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