Verbitsky vs. Aníbal F.

"Mientras el ex ministro Aníbal Fernández negaba la existencia del Protocolo X (que se puso en funcionamiento durante su gestión, en 2005) Garré revisó con el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Miguel Angel Bermejo, el cumplimiento del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas. El ministerio estableció “Criterios Mínimos de Actuación”, a los cuales adhirieron ya 19 de las 24 jurisdicciones del país (faltan la Ciudad Autónoma, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Corrientes). Del primer encuentro del Consejo, en marzo de 2011, en el que se marcó “el respeto y la protección de los derechos” de los manifestantes, participó la entonces presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Griselda Baldata, de la Coalición Cívica-ARI, integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática. El Protocolo procura resolver los conflictos sin daños “para la integridad física de las personas” ya estén involucradas o no en la manifestación. Con ese objeto, prohíbe la portación de armas de fuego al personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes. Las postas de goma sólo son admitidas con fines defensivos, en caso de peligro para la integridad física de cualquiera de las partes presentes. Todo el personal de seguridad debe lucir una identificación clara que se advierta a simple vista y respetar en cada etapa del operativo la Ley de Inteligencia Nacional. El Ministerio está impulsando estos lineamientos en todo el país, con cursos de capacitación para los cuerpos provinciales. Antes de que concluya la auditoría, parece evidente la contradicción entre esta línea central de trabajo y los procedimientos con anuencia judicial que ha estado realizando la Gendarmería. Es tan desatinado pretender que el espionaje se produjo por orden de Garré o de la presidente CFK, como disimular su gravedad. Los pasos fundamentales dados desde 2003 para controlar el uso de la fuerza y la actuación policial en manifestaciones públicas deberían complementarse con una política explícita de no criminalización por vía judicial de los activistas sociales y la misma voluntad política que el gobierno ha mostrado para fijar pautas a las provincias petroleras y mineras, puede aplicarse para impedir que las fuerzas provinciales continúen respondiendo con violencia a reclamos por la tierra, la vivienda, los derechos de comunidades nativas o las protestas ambientales. La auditoría del Proyecto X puede ser un nuevo punto de partida".
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