lunes, 9 de julio de 2012

La Nación, preocupada por su Constitución: el pensamiento de Viciano Pastor

Dispuesto a hacer como que no escribió la columnita del sábado -donde aseguraba que la gente rechazaba las políticas del gobierno K contra Clarín-, Pagni hoy se mete en un lindo debate, aunque con su intención de siempre: adelantarse al Relato K para tratar de invalidar su argumento y esconder el suyo y el de La Nación. En este caso, le asigna a agrupaciones e intelectuales K querer reformar la constitución sólo para darle la reelección a CFK. Con esto disimula que él y lo que significa el campo simbólico e histórico de La Nación están en contra de las reformas estructurales a la Constitución liberal argentina Si hasta entregarían todo si la enmienda fuera solamente para regalarle un nuevo mandato a Cristina, antes que se hagan los cambios profundos que supongan un asalto del populismo latinoamericatizante a la última pieza de la visión mitrista de la vida en sociedad.
Entre los respaldos sociales, académicos y profesionales de esta movida, Pagni nombra a Zaffaroni, D'Elía, Sigal, Wasiejk, Ferreyra, Cholvis, Barcesat, Médici, Forster y Girotti (Gargarella, en su blog, hace algunas aclaraciones y pide por favor que no dejen en manos del kirchnerismo la reforma de la Constitución Nacional, aunque esté de acuerdo en que deba hacerse). "Esta red de profesores ha establecido desde comienzos de año un vínculo con la Universidad de Valencia. Allí están radicados los constitucionalistas Roberto Viciano Pastor (foto), viejo conocido de Juan Manuel Abal Medina, y Rubén Martínez Dalmau. Son el presidente y el vice del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Estos teóricos de la izquierda radical española han trabajado como asesores en las reformas constitucionales de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sus ideas están cifradas Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, un libro de autoría colectiva editado por Viciano Pastor. En marzo último, invitado por la CTA, Viciano visitó la Universidad de La Plata, donde explicó que "la reforma de la Carta Magna del año 94 fue un pacto entre las elites del país para llevar a la letra la entrada en el Consenso de Washington". Viciano volverá en septiembre, para participar de otro seminario de la central de Yasky", relata.
Ampliemos un poco el pensamiento, entonces, de Viciano Pastor, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de València, titular de la cátedra Jean Monnet sobre Instituciones Comunitarias, y preside la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS).
En el libro El nuevo Constitucionalismo en América Latina (Ecuador, 2010), sostiene que en América Latina, desde comienzos de los años 90 del siglo XX, "se supera el concepto de Constitución como limitadora del poder (constituido) y se avanza en la definición de la Constitución como fórmula democrática donde el poder constituyente -la soberanía popular- expresa su voluntad sobre la configuración y limitación del Estado pero también de la propia sociedad.
(...) Si el constitucionalismo es el mecanismo por el que la ciudadanía determina y limita el poder público, el primer problema del constitucionalismo debe ser garantizar la traslación fiel de la voluntad del poder constituyente (del pueblo) y certificar que sólo la soberanía popular, directamente ejercida, pueda determinar la generación o la alteración de las normas constitucionales. Desde este punto de vista, el nuevo constitucionalismo recupera el origen radical-democrático del constitucionalismo jacobino, dotándolo de mecanismos actuales que pueden hacerlo más útil en la identidad entre voluntad popular y Constitución.
(...) El nuevo constitucionalismo defiende que el contenido de la Constitución debe ser coherente con su fundamentación democrática, es decir, que debe generar mecanismos para la directa participación política de la ciudadanía, debe garantizar la totalidad de los derechos fundamentales incluidos los sociales y económicos, debe establecer procedimientos de control de la constitucionalidad que puedan ser activados por la ciudadanía y debe generar reglas limitativas del poder político pero también de los poderes sociales, económicos o culturales que, producto de la historia, también limitan el fundamento democrático de la vida social y los derechos y libertades de la ciudadanía".
En este marco conceptual, Viciano Pastor, en co-autoría con Martínez Dalmau, postula el nuevo constitucionalismo latinoamericano, cuya apuesta principal es "la búsqueda de instrumentos que recompongan la perdida (o nunca lograda) relación entre soberanía popular y gobierno. (...) Establecer mecanismos de legitimidad y control sobre el poder constituido mediante, en muchos casos, nuevas formas de participación vinculantes.
(...) El compromiso constitucional de promover la participación a través de fórmulas directas no cuestiona la esencia del sistema de democracia representativa, ampliamente presente en todas las constituciones. La democracia participativa se configura como un complemento en la legitimidad y un avance en la democracia, pero no como una sustitución definitiva de la representación. Sin embargo, sí interrumpe la posición tradicional de los partidos políticos, que si bien se mantienen principalmente en el ámbito de los derechos políticos, su papel queda limitado por la acción directa del pueblo.
(...) El segundo aspecto más relevante es la profusa carta de derechos de las nuevas constituciones. A diferencia del constitucionalismo clásico, que se limita a establecer de forma genérica los derechos y no se preocupa por la individualización y colectivización –de acuerdo con cada caso- de los mismos, es fácil observar en los textos del nuevo constitucionalismo la identificación de grupos débiles (mujeres, niños y jóvenes, discapacitados, adultos mayores…) y una interpretación amplia de los beneficiarios de los derechos.
(...) En relación con lo anterior, las nuevas constituciones plantean en mayor o menor medida, de acuerdo con su realidad social, la integración de sectores marginados históricamente, como es el caso de los pueblos indígenas.
(...) Si la dimensión política es de suma relevancia en el nuevo constitucionalismo, también lo es la normatividad constitucional. Las nuevas constituciones huyen del nominalismo anterior y proclaman el carácter normativo y superior de la Constitución frente al resto del ordenamiento jurídico. De hecho, a las medidas de acción directa de la Constitución, como la tutela o el amparo constitucional, se le añade un elemento revolucionador de la normatividad constitucional en América Latina, que había contado con algunos ensayos en las constituciones anteriores: el control concentrado de la constitucionalidad, uno de los elementos directamente implicados en la consolidación de la democracia.
(...) Por último, como no podía ser de otra manera, la necesidad de superar las desigualdades económicas y sociales y de plantear constitucionalmente el nuevo papel del Estado en la economía se traduce en amplios capítulos económicos. En efecto, las constituciones económicas en el nuevo constitucionalismo incorporan simbióticamente varios modelos económicos que van desde la iniciativa privada y la justicia redistributiva hasta la protección de la economía comunitaria, pero con un elemento común: la presencia del Estado, cuya participación se traduce en aspectos tan relevantes como la decisión pública sobre los recursos naturales, o la regulación de la actividad financiera. Se trata, en definitiva, de una reivindicación de los movimientos sociales que dieron vida a los procesos constituyentes, y que cuenta con su traslación en la perspectiva de un desarrollo económico alternativo. Al respecto, en el campo internacional, desde la primera de las nuevas constituciones es fácil apreciar una dinámica integradora radicalmente diferente a la prevista en las constituciones anteriores: el nuevo constitucionalismo latinoamericano plantea un compromiso con una determinada integración, la latinoamericana, más amplia que la puramente económica, que plantea posibilidades reales de integración de los pueblos y que, en definitiva, intenta compatibilizar la necesidad de integración con un concepto recuperado de soberanía".

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