En un extenso escrito presentado en la Corte, el grupo empresario alegó “un ostensible estado de indefensión y privación de justicia” producto de las recusaciones de magistrados, excusaciones y renuncias provocadas por el Gobierno, lo que impide conformar el tribunal que debe resolver el pedido de extensión de la medida cautelar que para el oficialismo vence el 7 de diciembre.
“El Estado Nacional está actuando con deliberada mala fe para obstruir el normal funcionamiento del fuero e impedir el acceso a la justicia” del Grupo Clarín , que objetó por inconstitucionales dos artículos de la Ley de Medios en un juicio que estaba listo para pasar a sentencia -sobre el fondo de la cuestión- pero que se paralizó por diversas maniobras del Gobierno".
Tiempo Argentino: "Fuentes judiciales indicaron que la presentación no se ajustó a las vías de procedimiento usuales para recurrir al máximo tribunal –el "per saltum" no ha sido promulgado y tampoco se trató de un recurso "en queja"– por lo que existe la posibilidad de que sea rechazado desde el punto de vista formal.
El abogado que sorpresivamente firmó la presentación como apoderado del Grupo Clarín es Alejandro Carrió, quien precisamente es el hermano de Diego Carrió, el propio secretario de la Sala I, donde está radicada la causa contra la Ley de Medios".
La Nación: "Lo que viene a pedir el Grupo Clarín es algo así como una medida cautelar provisional, que sirva de puente hasta que la Cámara Federal Civil quede integrada.
Justamente, el Gobierno, con su catarata de denuncias y recusaciones, busca que el Grupo Clarín no tenga opción alguna de obtener una prórroga de la cautelar que vence el 7 de diciembre.
La presentación no invoca la ley que estableció el recurso per saltum -que todavía no fue publicada en el Boletín Oficial- sino que solicita que la Corte actúe en virtud de sus propios poderes para resolver esta complicada situación".
Ámbito: "El Gobierno hasta anoche no había sido notificado de esta presentación, pero los funcionarios del más alto nivel conocieron el contenido y avanzaron en una estrategia de respuesta. Según asesores de Olivos, el grupo está pidiendo a la Corte lo mismo que le pidieron ellos cuando fueron al tribunal para que la Cámara se integrase según dice la ley. La Corte en aquel momento, hace dos meses, respondió que esos trámites los había delegado en la propia Cámara y que no intervendría".
Cronista: "Para solucionar este estado de parálisis de hecho en que se halla la Cámara y el agravio a la libertad de expresión de Clarín, el grupo pide a la Corte que “prorrogue la vigencia de la cautelar hasta tanto los jueces competentes que deberán ser los naturales del fuero civil y comercial federal, se pronuncien sobre la apelación pendiente, ya sea confirmando o revocando la denegatoria de la extensión”.
Como agravante, recuerda que el Afsca anuncia públicamente que si antes del 7 de diciembre Clarín no vende varios de sus activos, transferirá de oficio esos medios por licitaciones".
Página 12: "El Grupo Clarín intenta impedir que la Cámara en lo Civil y Comercial Federal convoque como jueces subrogantes para cubrir dos puestos vacantes a camaristas del fuero en lo Contencioso Administrativo, un camino que prevé la ley. El tribunal acordó esas designaciones anteayer, porque en la situación actual se encuentra “desintegrado” y sin poder resolver el pedido de ampliación de la medida cautelar que hizo el multimedio para permanecer eximido de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión según los límites que estableció la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Incluso tiene que decidir, y tampoco puede, el futuro de la recusación contra el camarista Francisco de las Carreras presentada por el Gobierno, que lo denunció por haber viajado a una conferencia en Miami sobre libertad de expresión con invitación de Clarín, lo que pondría en duda su independencia de criterio. Ante la decisión del tribunal de avanzar en la designación de los subrogantes, la empresa se presentó en la Corte Suprema con un escrito de 37 carillas en el que alega, según informó la agencia DyN, una situación de “indefensión y privación de justicia” y le pide una extensión de la cautelar a la que el propio alto tribunal le puso como fecha de caducidad el 7 de diciembre.
La realidad es que falta muy poco para el 7D (que en rigor, por los días hábiles, es el 10D) y, tal como están dadas las cosas, parece improbable que el ajedrez judicial se mueva demasiado en los próximos días. En cuanto a la Cámara Civil y Comercial, sus integrantes se fueron corriendo del asunto “ley de medios” y sus derivaciones, recusados o excusados, y la única que quedó habilitada para resolver es María Susana Najurieta. Su sala, la número uno, tiene asignado el expediente donde se cuestiona la constitucionalidad de la cláusula de desinversión. Su ex compañero Martín Farrel quedó arrastrado por el escándalo que estalló cuando se supo que, junto a su colega Ricardo Recondo, había hecho un sorteo con papelitos, entre sólo dos nombres, para designar el juez interino del expediente Clarín. Farrel, jubilado, renunció a su puesto de subrogante. El otro integrante de esa sala es De las Carreras, que además de estar denunciado en el Consejo de la Magistratura, es investigado por la Justicia penal por presunto cohecho o dádivas".
TN: "Explicó que "se ha llegado a esta situación como consecuencia de una conducta deliberada, maliciosa e inadmisible" del Estado, "quien ha objetado mediante argumentos insostenibles la imparcialidad de los jueces del mismo Estado federal que él integra".
"En tren de hacerlo, los ha recusado o los ha presionado con denunciadas administrativas o penales, forzando sus excusaciones y su temor. No se conoce antecedente semejante en toda la historia", añadió.
El Grupo Clarín dijo también que "si alguien ha demorado esta causa (impidiendo llegar a una sentencia definitiva rápidamente), ese alguien ha sido el Gobierno demandado".
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