Morales Solá: "Nunca había sucedido antes. Un fuero entero de la Justicia, el Federal
Civil y Comercial, fue eliminado. Jueces renunciados, excusados,
recusados o de licencia. Una sola camarista, María Najurieta, podría
tomar decisiones, pero en esa instancia se necesitan dos votos al menos.
El Gobierno entró a sangre y fuego en un fuero que no sólo tiene en sus
manos la cautelar que protege las propiedades del Grupo Clarín; también
es el lugar de la Justicia donde se preserva el derecho constitucional a
la propiedad. Jueces honestos, pero con miedo, eligieron evadirse o
postergaron decisiones hasta que el kirchnerismo los fulminó. Ofensivas
campañas mediáticas. Inconsistentes denuncias penales. Todo eso terminó
con magistrados asustados que se fueron o los fueron.
El tamaño del conflicto es mucho más grande que el que abarca sólo al
multimedio audiovisual de Clarín. Si lograra desguazarlo, ¿por qué la
Presidenta se resignaría luego a leer un periodismo gráfico
independiente y crítico, el poco que queda? Nunca se olviden de algo: a ella le importa más lo que lee que lo que ve
, dice un funcionario que la conoce desde hace muchos años. Ejemplos de
esa aseveración son el diario y las revistas de Jorge Fontevecchia. No
reciben publicidad oficial a pesar de una orden de la Corte Suprema.
Nada. Cristina detesta el periodismo de Fontevecchia. La Nación sólo
recibe una porción testimonial, por no decir ridícula, de pautas
publicitarias del Estado. Tampoco le gusta el periodismo de La Nación.
Ni justicia, entonces".
Kirschbaum: "El control de los medios es estratégico en la equivocada creencia de
que sin otro relato que el oficial se segará la fuente de las
desventuras para el oficialismo. Simultáneamente, la presión sobre la
Justicia, que supera cualquier antecedente desde la restauración del estado de derecho en 1983, forma parte de otra pieza maestra para que el libre juego democrático sea una formalidad.
Sin Justicia independiente y sin periodismo independiente, el oficialismo aspira a intentar conservarse en el poder más allá de 2015".
La Nación: "Para algunos representantes del oficialismo, el 7 de diciembre, grupos
como Clarín no sólo tendrán que desprenderse de licencias que
presuntamente excedan el cupo fijado por la ley, sino que éstas, además,
deberían ser transferidas a grupos con una línea editorial muy distinta
de la de Clarín y, preferentemente, afín al gobierno nacional".
Van der Kooy: "Cristina pretende llegar al 7D, fecha que se impuso como una
exigencia política, sin reparar en lo que, eventualmente, pudieran
decidir jueces de primera instancia o la Cámara. Está pendiente el
veredicto sobre la constitucionalidad o no del artículo 161 –que fuerza
la desinversión– y la posibilidad de la extensión de la medida cautelar
que en su fallo sobre el tema dejó abierta la Corte Suprema. La
Presidenta quiere que esa brasa sea manipulada rápido y directamente por
los siete jueces máximos de la Nación. A la Corte no le agrada el per saltum".
Sirvén: "La colonización del espectro radial por parte del kirchnerismo no es
ninguna novedad. Sólo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde viven 17 millones
de los 40 millones de los argentinos, se calcula que sobre 550 emisoras
en AM y FM, alrededor de un 80% manifiestan distintos grados de
dependencia y compromiso con el oficialismo".
Viau: "Para Cristina Fernández el 7D marcará el inicio de un cambio de fase y tendrá razón. Si sus planes de ir “por todo” se cumplen, la democracia argentina descenderá todavía un peldaño más y dará elementos a los cientistas políticos para analizar en profundidad cuáles son los factores que transforman una “democracia delegativa” en una expresión de “autoritarismo competitivo”, qué signos aceleran ese cambio de piel.
En un nivel inferior en la escala de democracias de baja calidad
están los “autoritarismos competitivos”, sistemas híbridos que el
politólogo norteamericano Steve Levitsky ubica tan distantes de la
democracia como del autoritarismo pleno.
Levistky arriesgó que, desde su punto de vista, el gobierno de Cristina Fernández no ha cruzado aún la frontera
que separa la democracia delegativa del autoritarismo competitivo. A
la pregunta de cuál sería la señal que indicaría que ese límite ha sido
traspasado, Levisky respondió, sin dudarlo: “El cierre de un medio de comunicación”.
El
plazo para saber en qué casillero ha caído el país, bajo qué régimen
vivirán sus ciudadanos lo ha fijado la propia Presidente".
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