A 10 años de los asesinatos de Duhalde: aquellas editoriales de La Nación

Para que la justificación del golpe de Estado de Paraguay que hoy enarbola en sus páginas no parezca una isla sino lo que es: una coherencia ideológica y política a lo largo de toda su historia.
Cuando todavía los cuerpos de dos chicos que luchaban por un país mejor no se habían enfriado, y mientras su socio le echaba la culpa a "la crisis", la empresa de los Mitre y Saguier escribían, cómplices de la represión ilegal y el terrorismo de Estado como siempre:
"Era de suponer que las tensiones que desatan habitualmente actos ilícitos como los cortes de caminos por organizaciones de piqueteros iban a provocar algún día un trágico saldo como el producido ayer en Avellaneda.
(...) Pueden o no compartirse muchas de las demandas de los grupos de manifestantes que recurren con llamativa asiduidad a cortar rutas o calles, pero nadie que defienda las instituciones de la República y la vigencia de las leyes podrá estar de acuerdo con su metodología.
(...) El mecanismo de protesta de los piqueteros, lamentablemente extendido a lo largo y ancho del territorio nacional, viola preceptos constitucionales, tales como los que garantizan los derechos de trabajar y de transitar libremente por nuestro suelo, al margen de ocasionar severos perjuicios económicos al impedir el paso de distintos medios de transporte de pasajeros y de carga, que no pueden llegar a tiempo a sus destinos. Si a esto se añade que buena parte de quienes organizan los piquetes concurren armados, como mínimo con palos y otros objetos contundentes, no hace falta abundar en más precisiones para concebir a estas manifestaciones como auténticos hechos de violencia.
Frente a estas situaciones, y a partir de esta violencia originaria, no caben dudas. El deber de las autoridades es garantizar el respeto a la ley, evitando provocaciones y atropellos de imprevisibles consecuencias.
No parece sensato hablar de represión indiscriminada cuando las imágenes de la televisión mostraron a los manifestantes de Avellaneda en una actitud francamente hostil, como si desde el comienzo estuvieran dispuestos a enfrentarse con las fuerzas del orden.
Es de esperar que desde distintos sectores de la sociedad y desde la Justicia no se insista en equivocados criterios –como los expuestos con motivo de los trágicos incidentes en la Plaza de Mayo, en diciembre último– por los cuales quienes actúan conforme con la ley terminan siendo castigados por cumplir con su deber, mientras que los generadores de los desórdenes no reciben sanción alguna".
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"Los dolorosos enfrentamientos que se han registrado en estos días como consecuencia de los disturbios causados por grupos piqueteros -muchos de ellos con el rostro cubierto, como en los tristes tiempos de la subversión terrorista- deben encontrar una inmediata respuesta en la conciencia moral de los argentinos. La sangre que se ha derramado, trágico signo de la recurrente incapacidad de cierta dirigencia gremial para encontrar vías pacíficas de negociación, debería generar en la sociedad una reacción inmediata, tendiente a modificar de raíz los hábitos de violencia que se están instalando en el campo de la protesta social.
Es necesario que las autoridades preserven el orden público con la máxima firmeza y rechacen cualquier conducta que atente contra la seguridad individual y colectiva.
(...) Quienes conducen los movimientos de protesta social deben ser, a su vez, hoy más que nunca, cuidadosos y reflexivos. El precio que hay que pagar cuando esa responsabilidad se descuida se mide, con frecuencia, en vidas humanas, como se comprobó dolorosamente anteayer".
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"Los dirigentes de movimientos piqueteros que alientan a sus seguidores a quebrar el orden público y a producir manifestaciones de protesta cargadas de agresividad, que terminan escapando a todo control, deben tomar conciencia del peligro a que exponen a la sociedad y a los propios integrantes de sus movimientos.
(...) Por supuesto, los agentes de policía que reprimieron la protesta deben responder por los abusos o delitos en que puedan haber incurrido al ejecutar su cometido. Si esos guardianes del orden faltaron a sus deberes reglamentarios o violaron la ley penal deben ser sancionados con el rigor que corresponde.
(...) De todos modos, debe insistirse en la responsabilidad subyacente del grupo extremista que condujo la protesta. El artero ataque físico de que fue objeto el comisario que comandó el desalojo -finalmente detenido por sus eventuales responsabilidades penales, que deberán ser investigadas a fondo- y los inútiles y gravosos daños materiales causados en el vecindario demuestran a las claras el evidente grado de peligrosidad de los autores de la protesta".
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