La Universidad de Córdoba da marcha atrás con convenio con Monsanto

“He tomado la decisión de frenar la aplicación del convenio. Le he expuesto a mi Consejo Directivo que dado la preocupación universitaria que hay con respecto a la comunidad, vamos a hacer un taller debate en nuestra institución para definir la conveniencia o no de continuar con este convenio”, manifestó ayer el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Juan Marcelo Conrero.
Conrero recibió críticas de varias organizaciones sociales y de ciudadanos que se oponen a la instalación de Monsanto en la provincia luego de que se conociera que había firmado un convenio "de formación" con la multinacional estadounidense.
El martes, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba se hizo eco de una declaración presentada por el rector Francisco Tamarit y la vicerrectora Silvia Barei, en la que se ratificó la posición tomada por los miembros del Consejo en 2012, donde se manifiesta la solidaridad con la comunidad de Malvinas Argentinas, localidad cordobesa que resiste desde hace años la instalación de Monsanto.
El texto, además, especifica que el convenio firmado entre el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la empresa Monsanto no considera el principio de precaución establecido por la Ley General de Ambiente 25.675/2002, ni la conflictividad social que desde hace varios años se ha generado en Córdoba".
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Hace días atrás, Laura González, presidenta del Centro de Estudiantes de Agronomía, dijo que el convenio que firmó el decano Juan Marcelo Conrero “es por 3 años, de formación, y fue firmado el ocho de agosto, durante los festejos por el día del ingeniero agrónomo. En un clima festivo, se firmaron un montón de convenios; nadie prestaba atención”.
“El acuerdo plantea hacer una revisión del impacto ambiental de Monsanto”, reveló González. Dicho estudio ya fue rechazado por las instancias de control provinciales, además de una decisión de la Justicia provincial de paralizar la construcción de la planta de tratamiento de semillas en Malvinas Argentinas.
“Como centro de estudiante nos posicionamos en contra de esta acción del decano, verticalista y autoritaria. No podemos creer que esta facultad legitime, desde una institución pública, la instalación de Monsanto en el campo escuela de nuestra facultad y en Córdoba, habiéndose ya la Universidad de Córdoba posicionado en contra de Monsanto y a favor de la lucha histórica del pueblo de Malvinas Argentinas”, recordó González.
“Nos quiere hacer funcionales como estudiante a esta multinacional. No creemos que sea la solución hacer pasantías o becas de trabajo con esta empresa que no responde a las necesidades de nuestro pueblo. Necesitamos otras prácticas para relacionarnos con nuestros productores para garantizar la alimentación”, reclamó la dirigente estudiantil.
Esta incursión de Monsanto para seducir instancias formativas públicas de Córdoba no es la única. Semanas atrás se conoció que la multinacional promociona y financia supuestos cursos de capacitación para jóvenes dictados en una escuela pública de Malvinas Argentinas.
Bajo la consigna “Malvinas quiere aprender”, Monsanto y la Fundación para la Inclusión Social lanzaron estos cursos, que se dictan en la Escuela Ipem 24 Anexo Malvinas Argentinas.
En ellos, se “capacita” en electricidad, sanidad, cuidado de ancianos, cocina, reparación de celulares, computación, corte y confección.
“Es una provocación para los ciudadanos de Malvinas Argentinas el hecho de que se utilicen las instalaciones de una escuela pública provincial para realizar actividades financiadas por Monsanto”, consideró Roberto Birri, legislador provincial por el socialismo, que prometió hacer un pedido de informes ante la Legislatura".
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Por su parte, integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida denunciaron penalmente ayer a los miembros de la Cámara Contencioso Administrativo, que con un polémico fallo no permitieron el acceso de los manifestantes al expediente de Monsanto.
En la presentación realizada en la Fiscalía Distrito Turno 4º con el apoyo del legislador del Frente Cívico Santiago Clavijo, se denuncia por “prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público” a los miembros de la cámara.
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