Mirtha, La Nación, el Profe Romero El Malo, la Dictadura, los juicios

No desfallece la campaña para volver todo atrás.
El sueño de un presidente amable con estos reclamos continúa.
Cada vez más desembozado.
La Nación, hoy: "La señora Mirtha Legrand ha dicho, una vez más, lo que piensa. A pesar de que constituya un hecho natural que alguien exponga sus convicciones, no es lo más frecuente en estos controvertidos tiempos. A veces por temor, otras por prudencia, lo cierto es que hablar de un modo rotundo suele sorprender a algunos y hasta incomodar a otros, más de lo conveniente.
Quien fue actriz exitosa y se desenvuelve desde hace muchísimos años como célebre conductora de programas televisivos, se atrevió a pensar en voz alta al afirmar que la Argentina vive bajo una dictadura. Le contestó la Presidenta, pero, más que para desmentirla, para apelar a uno de sus recursos favoritos: la descalificación de la persona por lo que hizo o no hizo en el pasado, como si todos los tiempos hubieran estado requeridos por igual de comportamientos idénticos para el común de los mortales.
La señora Legrand retomó el tema para decir más tarde: "La de Videla era una dictadura, pero la de ahora también". Quien quiera exaltar la templanza de carácter de esta personalidad del mundo del espectáculo no tiene por qué compartir su opinión. Basta con poner de relieve su entereza, valentía y desdén frente a la jauría oficialista que pretende siempre injuriarla.
El Diccionario Esencial de la Lengua Castellana, editado por Santillana con el respaldo de Gregorio Salvador, uno de los miembros de número de mayor relieve de la Real Academia Española, dice que dictadura es la "concentración de todos los poderes en un solo individuo o institución". Sería bueno que la Presidenta contestara: ¿no han procurado, tanto ella ahora como antes quien fue su marido, concentrar al máximo los poderes del Estado en sus manos? ¿Cuál ha sido, acaso, el objetivo de gobernar en estos 12 años con más decretos de necesidad y urgencia que todos los dictados desde 1810 hasta 2003? ¿Cómo calificar la pretensión de subsumir al Poder Judicial a poco menos que un conjunto de reparticiones con jurisdicción federal al servicio de los presidentes de turno? ¿O utilizar los medios de comunicación del Estado sólo para beneficio de un gobierno faccioso, negándoles pauta publicitaria o atacando directamente a los independientes?
Sería deseable que la Presidenta o alguno de sus servidores pudiera poner las cosas en su lugar. ¿Cómo creen que debe llamarse el régimen que ellos encarnan? Disponen de una paleta de excepcionales definiciones alternativas si arrancan de la calificación de "democracia", que hoy no vamos a discutir. Los legos ignoran la enorme cantidad de definiciones que la ciencia política ha aplicado a los sistemas fundados, en principio, en el voto popular. El origen del sistema está fuera de discusión en la Argentina, aunque pueda volverse controvertible si se profundizan las investigaciones sobre la degradación que el populismo ha inferido al voto popular, en los últimos días de elecciones como también en los otros 364 días del año.
De modo que tomemos las valerosas palabras de la señora Legrand como la invitación a un gran sinceramiento. Seguramente más de uno se atreva hoy a arrojar una segunda piedra".
La Voz, ayer: "¿Cuál es el balance de los actuales juicios de lesa humanidad? Los pésimos procedimientos seguidos han dañado seriamente el Estado de derecho y el principio del gobierno de la ley.
Respecto de la verdad, hubo poco de nuevo, pues quienes podían hablar se abroquelaron en el silencio. Se ha castigado, de forma masiva y al bulto, pero muchos inocentes cayeron en la volteada. Vistos desde otra perspectiva, los juicios han constituido un espectáculo impactante, un teatro. ¿Qué es exactamente lo que se quiso mostrar?
Los juicios actuales por delitos de lesa humanidad no resisten la comparación con los de 1985, cuyo procedimiento inobjetable afirmó y consolidó el Estado de derecho.
Estos, en cambio, son manipulados sin disimulos por el Gobierno nacional y sus militantes. En ellos no se representa ni la majestad de la ley ni la voluntad del pueblo. Con una cuidada puesta en escena, exhiben los atributos más valorados por el Gobierno: su discrecionalidad y su impunidad.
El primer acto del drama es el trato vejatorio a los acusados, para quienes no valen los derechos humanos. A los mayores, la prisión domiciliaria les fue negada de manera sistemática. Así han muerto en sus celdas más de 300 detenidos. No faltará quien piense que se lo merecían, pero es un argumento inaceptable en un Estado de derecho.
Muchos intervinientes en estos juicios han contado, en general en forma privada, estas barbaridades jurídicas. Muchos expertos han dicho que con esos fundamentos las sentencias son endebles y no resisten una revisión.
Es posible que esto ocurra cuando lleguen a la Corte Suprema o cuando la presión del gobierno de turno no sea tan notoria. Por entonces, probablemente, la mayoría de los condenados ya habrá muerto.
Estos juicios van a dejar gravemente herida a la Justicia y al principio de los derechos humanos, víctimas de un gobierno que, curiosamente, se vanagloria de defenderlos. ¿Para qué? La respuesta más obvia remite al clima faccioso, a la decisión política de llevar el enfrentamiento al límite, y a la explotación del deseo primario de la revancha, usando el poder contra los antiguos victimarios.
Hoy, como entonces, la teatralización no es accesoria sino central. La impunidad y la arbitrariedad son dos de los nombres del poder.
Hacer gala de ellas es un poderoso disuasivo y un instrumento disciplinador. Probablemente allí resida la lógica profunda del gobierno que ahora termina".