#RelatoAntiK: "¡Salvemos los silos bolsa!"

Primero, Longoni, periodista rural de Clarín, enojado porque CFK les haya marcado a los hombres de campo su desacierto de darle bolilla a la Mesa de Enlace y perder millones de dólares sólo por querer erosionar las finanzas del país como supuesta forma de adelantar la salida del kirchnerismo del poder.
Igual que Nelson Castro, Longoni miró la cámara y la llamó "Señora Presidenta". Y enfiló (minuto 23'42'' del video): "Señora Presidenta, le hablo a usted, que calificó a los productores que guardan la soja en el campo. Les dijo angurrientos, avaros, especuladores y bobos. Bobos por no vender su cosecha de soja. Imaginemos un chacarero. El 20 de mayo cosechó su soja. Tenía 200 hectáreas. Más o menos salió bien porque sacó 3 toneladas por hectárea, un poquito por arriba del promedio. Entonces tiene 600 toneladas de soja, o sea 10 'chorizos' en el campo. Si hubiera vendido el 20 de mayo, cuando cosechó, el hombre hubiera tenido un ingreso bruto de 1.56 millones de pesos porque la soja valía ese día 2.600 pesos. Pero no. El bobo resistió y recién vendió ayer con la soja en 2.275 pesos; cobró 200 mil pesos menos. Un 13% menos.
El Estado se lleva siempre 35% de lo que se produce de soja. La cosecha fue de 54 millones. Si le aplico un 35% de retenciones, concluyo que el Estado es dueño de 19 millones de toneladas de soja. El 20 de mayo, el valor de exportación era de 533 dólares. Si el Estado hubiera vendido ese día, habría embolsado 10.127 millones de dólares. Si las vendía ayer, cobraría 7.695 millones. La diferencia es muchísima, del 24%, no del 13%".
Y después se dedicó a pegarle a La Cámpora y a los recitales de Fito Páez. Parecía un panelista de Intratables.
Justamente del programa del "limpio" Del Moro es habitué ahora el economista Matías Tombolini, ex asesor del socialista menguante Roy Cortina.
Tombolini también salió a defender la soja encanutada en los 'chorizos': "A los productores -como al resto de los actores económicos del sector privado- los moviliza el fin de lucro, que por ahora no está tipificado como delito en el código penal. En ese sentido es que los productores buscan maximizar sus utilidades, lo cual sucede en Argentina pero también en el resto de los países del mundo. Es decir que, entre otras cosas, van a tratar de vender su producto o servicio al máximo precio que la demanda esté dispuesta a pagar por ello".
La "columna" de Tombolini es ilustrada con una foto de los silos bolsa y un pie de foto que reza: "Las silobolsas hacen posible un mayor almacenamiento de granos en los campos".
Y hoy La Nación consuela a sus productores-lectores, que tanto pronóstico errado recibieron desde sus páginas estos meses de depreciación de la tonelada de soja en Chicago: "El campo es uno de los sectores más prevenidos por la posibilidad de que caiga sobre él el sistema policíaco, ineficaz e inconstitucional que la mayoría oficialista sancionó en el Congreso. Se ha promulgado, como se sabe, una nueva ley de abastecimiento, de tan triste memoria desde la primera versión, hace más de sesenta años. Si aquello ocurriera, sería un acto de provocación de impredecibles consecuencias. Las actividades agropecuarias soportan ya el múltiple peso de la escalada de los costos internos; la inflación; el biombo puesto al valor real de la moneda en términos que dañan en particular a los productos exportables; el rigor impositivo sin precedente, que tiende a agravarse por la insuficiencia de recursos en una economía estancada y con un Estado que aumenta sin cesar la dilapidación de lo que recauda, y, por si fuera poco, el retroceso que han sufrido en los últimos meses los precios agrícolas. La suma de esas variables configura una tormenta política de magnitud que ningún gobernante estaría dispuesto, en su sano juicio, a potenciar, si cabe aun más, con la penetración de funcionarios públicos en los campos a fin de alzarse con granos almacenados en silos bolsa.
Desde luego que la hipótesis de un acto de esa naturaleza constituye la ejemplificación burda del tipo de atropellos que la mayoría oficialista del Congreso ha autorizado al Poder Ejecutivo (PE). Lo ha hecho en una ley que delega facultades tan graves como la determinación, con franco aire de marxismo, de lo que quiera entenderse por exceso de renta, merma injustificable en el ritmo de producción o falta de oferta, lo que se denominaba "agio" en la antigua nomenclatura del Estado intervencionista. Respecto de ese pasado, la nueva legislación no contempla penas de prisión, que se impusieron, hacia 1950, a verduleros y carniceros, pero consolida y extiende facultades para que el PE regule las actividades productivas y comerciales.
Como una muestra más de la abrumadora papelería burocrática con la que el ente recaudador aumenta gastos y complejidad al manejo de los campos, se intimó a productores a suministrar datos georreferenciados de los silos bolsas. Sólo falta que cuando las autoridades consideren que los productores deben vender granos que retienen por las razones que fueren, como lo es el pésimo momento por el que atraviesan las cotizaciones en el mercado, sus agentes invadan los predios agrícolas e incauten a capricho, y sin autorización judicial, lo que se encuentre allí almacenado".