Se desconoce si De la Sota va a aplicar el decreto de defensa de libertad de expresión para proteger al periodista que destapó el escándalo de los #Narcopolicías

Tomás Méndez radicó la denuncia por amenazas de muerte ante Enrique Senestrari, el fiscal federal que lleva adelante la investigación de esta causa que sacude a las más altas autoridades de la provincia.
El conductor del programa ADN, de Canal 10, tiene custodia domiciliaria desde que en ese programa se diera a conocer la causa judicial que involucra a los jefes de la Lucha contra el Narcotráfico con narcotraficantes, con denuncias que involucran a altos cargos también del gobierno provincial y con un escándalo en ciernes alrededor del supuesto suicidio de uno de los denunciados, Juan Alós. El abogado de la viuda y el fiscal Senestrari confirmaron que el auto en el cual apareció muerto Alós fue lavado para hacer desaparecer pruebas.
Méndez expuso ante el fiscal que uno de sus colaboradores escuchó en una reunión en un barrio marginal de Córdoba que alguien dijo que había 300 mil pesos para "darlo vuelta".
En abril, el gobernador envió un decreto a la Legislatura (que lo convirtió en ley) que prometía preservar la libertad de expresión en toda la provincia, en sintonía con uno similar que había emitido el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para la ciudad de Buenos Aires, a pesar de las críticas que recibieron por entrar, ambos instrumentos legales, en conflicto con la Constitución Nacional, que ya protege ese derecho.
Todavía ni desde el gobierno provincial ni desde los grandes medios cordobeses se han registrado muestras públicas de solidaridad con Méndez. Tampoco por parte de organizaciones periodísticas o de empresarios de medios nacionales.