"La respuesta a esta pregunta no admite un sí o un no rotundo, sino que requiere de un análisis un poco más complejo que permita contestarla. La pregunta no es ingenua, a días que trescientas mil dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 arribaran a nuestro país. Aunque el interrogante es antiguo, ya que entre nosotros vive un grupo cada vez más numeroso de autodenominados anti-vacunas, el debate se actualiza en virtud no ya del derecho a vacunarse sino del derecho a no vacunarse.
Cuando se escribe sobre la existencia de un derecho siempre es necesario buscar si su ejercicio no se encuentra reñido con el ejercicio de derechos de otrxs y, en su caso, buscar una forma razonable de compatibilización. Cuando hablamos del derecho a no vacunarse, a lo que estamos haciendo referencia es sobre el derecho a la autonomía del cuerpo. Pero a diferencia de otras implicancias del derecho a la autodeterminación del cuerpo, como el caso de la no transfusión de sangre por motivos religiosos, cuando hablamos de vacunarse contra alguna enfermedad que tiene la potencialidad de transformarse en epidemia o pandemia, el asunto es un poco más complejo, porque lo que también está en juego es otro derecho: el de la salud pública. ¿Por qué? Porque quienes no se vacunan siguen siendo portadores y distribuidores potenciales del virus, pudiendo contagiar a quienes no se han vacunado todavía o quienes no pueden vacunarse por cuestiones inmunológicas.
¿Podría un enfermero, que trabaja en terapia intensiva de un hospital, negarse a recibir la vacuna contra el Covid-19 aduciendo motivos religiosos, ideológicos o cualquier otro basados en el derecho a la autodeterminación del cuerpo?
La respuesta a la pregunta tiene sentido incluso más allá de la decisión de los gobiernos (nacional o provinciales) de establecer sanciones a quienes no quieran vacunarse.
La respuesta a la pregunta no puede resolverse desde la guerra de los absolutos. ¿Qué sería la guerra de los absolutos? Determinar la existencia absoluta del derecho a la autodeterminación del cuerpo siempre o, por el contrario, establecer que la salud pública es un derecho que está por encima de los demás. Por supuesto que el tema es más complejo que “tu derecho termina cuando comienza el mío”, pues no se establece una forma razonable de balancearlos. Generalmente la frase “tus derechos terminan cuando comienzan los míos” es una fórmula muy utilizada por la derecha para anular los derechos de los demás sin dar más explicación que el recorte a los propios.Me llama la atención la profunda dificultad que tiene @MartinSouto para comprender algo tan sencillo como la inmunidad de rebaño que genera cualquier vacuna cuando todos se la aplican. pic.twitter.com/0U11L6VvOC
— Demian (@endemianado) December 28, 2020
La forma más razonable de contestar la pregunta es utilizar el sistema de balancing test o balanceo de derechos. Comenzamos a reconocer que existe el derecho a la salud pública por un lado y el derecho a la autodeterminación del cuerpo por el otro, y ninguno de los dos son derechos absolutos. Debe buscarse una forma armónica para que ambos convivan ¿Cómo? Estableciendo que no pueden todas las vacunas ser obligatorias. Pero tampoco podría existir un calendario completamente opcional. En el actual calendario vacunatorio hay vacunas obligatorias para la infancia, como la BCG, y otras como la Bexero para una cepa de meningitis, que es opcional.
También se armonizan ambos derechos estableciendo un sistema diferenciado de obligatoriedad. La pregunta sobre el derecho a no vacunarse bien podría ser formulada al revés: ¿existe una obligación de vacunarse? En la actualidad, la respuesta es sí en relación a algunas vacunas, pero la sanción para asegurar el cumplimiento del mandato legal (vacunarse) es bastante lábil, pues a nadie lo obligan con la fuerza pública a vacunarse, aunque tiene algunas consecuencias no hacerlo, como no poder inscribirse en una escuela o no poder recibir algún plan social.
En relación a la vacuna contra el coronavirus, también podría establecerse un sistema de sanciones no tan duras, es decir, hay que obviar al sistema penal para asegurar que el remedio sea peor que la enfermedad. Hay que evitar utilizar el Código Penal para asegurar que todos se vacunen.#BuenMartes
— Sergio Villone (@sergioVillone) December 29, 2020
El Día V: comenzó la vacunación contra el coronavirus en Argentina.
Del Hospital Posadas, en Buenos Aires, al Rawson en Córdoba. pic.twitter.com/oRUgCanJVr
Pero podría ser obligatorio, por ejemplo, para empledxs públicxs de todas las reparticiones, para todo el personal de salud público y privado, para docentes y estudiantes. ¿La sanción? No sería un policía obligándote a vacunarte o un juez enviándote a la prisión, pero se podrían establecer sanciones para quienes tienen una relación de dependencia, por ejemplo multas o incluso la cesantía, o no poder asistir a clase, pues no sería coherente que un agente del Estado, estando disponible la vacuna, contagie a unx cuidadanx. Sistemas más estrictos podrían exigir cuarentenas más largas y obligatorias a quienes decidan no vacunarse, o restricciones de circulación entre países, provincias o departamentos.
En la discusión hemos avanzado bastante, pues nadie menciona a las vacunas como meras mercancías del mercado de bienes y servicios. Nadie niega que vacunarse es un derecho, y un derecho humano fundamental que los Estados deben garantizar. Por fortuna, nuestro gobierno nacional se ha comprometido con la salud pública y distribuirá gratis todas las vacunas, pero no fueron gratis, fueron compradas a laboratorios y traídas en avión.
Que se repartan de manera gratuita es una conquista. Ojalá no haya que convencer a nadie de lo importante que es vacunarse para con el Otrx.
Nunca la interdependencia como especie y nuestra precariedad estuvieron tan latentes".
Por Lucas Crisafulli
Abogado y docente de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba
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