Macri y Darío Nieto, su secretario privado, sindicado como el que recibía
los informes del espionaje ilegal y se los entregaba en mano al ex presidente
El diputado nacional Leopoldo Moreau propuso formar "una Comisión de la Verdad, una especie de Conadep" para develar toda la estructura de espionaje ilegal que organizó el macrismo durante su gobierno y que se está tramitando en instancias judiciales.
"Hay que formar una Comisión de la Verdad, una especia de Conadep, en lo que fue respecto del juicio a las Juntas, que fue muy importante, como así también la sentencia. Pero la Conadep fue relevante para crear una condena social, que es más fuerte que una condena penal. Tenemos que mostrar toda la articulación de esta banda que se apropió del Estado y quiso tener de rehén a la democracia", aseveró Moreau en diálogo con AM 530 Somos Radio (Buenos Aires).
"Esa estructura no es que eran grupos sueltos, sino una organización que se podría calificar de mafiosa. Además de espionaje ilegal sistemático, extorsionaron y fue utilizada para la persecución política. Su centro era la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), y le agregaron la inteligencia ilegal de la AFIP, la UFI (Unidad de Información Financiera), la Dirección de Migraciones y el área de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal", describió el legislador nacional.
"Es la organización de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia argentina, que tenía como vértice al ex presidente de la Nación (Mauricio Macri), que era usuario de estas operaciones para tratar de acallar la voz de los opositores, las disidencias internas de Cambiemos y el encarcelamiento de argentinos a través de la Mesa Judicial, que guionaba a testigos y extorsionaba a personas para que se convirtieran en falsos arrepentidos", agregó el actual presidente de la comisión bicameral que, desde el Parlamento, investiga estas actividades irregulares de inteligencia.
"El IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) reveló un mundo hasta ayer ajeno al reconocimiento público. La política había sido planeada para 3,5 millones de personas, pero se inscribieron 12 millones y hubo 9 millones que cobraron efectivamente el beneficio. La seguridad social no integraba a su sistema de transferencias a esos 4,5 millones de personas que aparecieron en el mapa, sumándose a lo planificado por el Gobierno. Es un universo de trabajadoras de casas particulares, monotributistas y desempleados/as que salen a buscar empleo y no consiguen, laburantes en negro de todas las ramas de actividad; creadores de ingresos literalmente diarios que suman, moneda a moneda, lo justo para vivir.
Cualquier desajuste mínimo en los gastos mensuales supone un desacomodo en sus finanzas: una falla del auto, un electrodoméstico que se descompone, un arreglo en el hogar, el jean para ir a las reuniones que se rompe, la camisa de las ocasiones especiales que se mancha con lavandina, las suelas de las zapatillas que se despegan, los servicios que vienen con más aumento del esperado. Todas esas pequeñeces propias de lo habitual, de las cosas que pasan todo el tiempo, se convierten en una montaña imposible de escalar. Que mete presión, que angustia: no alcanza la plata para reparar, menos para reponer. Está lo justo por mes, siempre y cuando el rebusque no se caiga algunos días. Una narrativa hecha del hoy.
Para toda esa gente contar con un ingreso fijo, que se cobra con seguridad en una fecha determinada, que ingresa a la cuenta del banco sin tener que enviar reclamos a empleadores contingentes, significa una fortaleza inédita. No es que su vida cambiará drásticamente. Seguirán saliendo cada mañana a ganarse el mango como han hecho siempre, pero con una certeza colada entre tanta preocupación cargada en la espalda: el plato de comida no dependerá de lo que logren vender hoy".
"Abusaron de las arcas del Banco Nación, estafaron a los productores rurales, enajenaron el complejo cerelearo exportador más grande del mundo y, además, figuran en la lista de acreedores.
El directorio y los accionistas de Vicentín son los únicos responsables del vaciamiento de esa empresa y, aún así, se presentaron en la convocatoria de acreedores reclamándole a Vicentín que les pague $349.781.932. Hasta la propia Vicentín SAIC se presentó como acreedora de… Vicentín SAIC, por $1.430.050, llevando esta farsa hasta los $351.211.982 reclamados al muerto por aquellos mismos que lo mataron.
Sobre la deuda total de la empresa, que supera los 99 mil millones de pesos, esas acreencias son un monto mínimo, aunque es ineludible señalar el absurdo. Y observar, en sus detalles, que a eso que hoy se defiende como una esforzada empresa familiar se lo puede caracterizar mejor como una horda de saqueadores hijos de primos.
De los 97 acreedores accionistas de Vicentín, 13 familias explican los mayores reclamos, encarnados en 80 acreedores. Ese es el primer trazo, que abre a muchos equívocos, porque entre esas 13 familias prácticamente no hay forma de que no haya cruzamiento.
De esas 13 familias, sólo los Paduan, los Colombo y los Roeschlin (que suman juntas apenas siete acreedores) no tienen relación con las demás. Después, es una de darse todos con todos. Al punto en que es difícil saber quién es qué en función de ordenar qué monto se debe a cada familia. Olga Vicentín de Rodríguez, que reclama más de 65 millones, ¿es Vicentín o es Rodríguez? Los Rodríguez –que son cuatro personas– reclaman en conjunto $17.932.177, muchísimo menos que los más de 217 millones que reclaman los Vicentín en su conjunto (30 vampiros sedientos). Sin embargo, Olga Vicentín de Rodríguez vive en Iturraspe 732, según declara en su legajo del concurso de acreedores, misma dirección que declaran tres de los cuatro Rodríguez: Alejandro Gonzalo, Mariana Isabel y Nazarena María.
Misma se situación se repite continuamente entre las principales familias que se presentan como accionistas acreedoras, Vicentín, Gazze, Paduan, De Prato, Buyatti, Rodríguez, Nardelli, Boschi, Alal o Padoan (sí, hay con u y con o). La principal vía de entrada al grupo, obviamente, es a través de Vicentín. Largamente ha estudiado la antropología el tema del intercambio de hijas y bienes, aquí tiene un caso de colección. Si bien hay cruces que no implican a los Vicentín –por ejemplo, María Virgina Gazze de De Prato, que quiere llevarse $14.136.027–, los Vicentín han hecho familia con los Nardelli, los Rodríguez, los Boschi, los Hacen, los Alal, los Torossi, los Padoan y los Buyatti. Todas esas familias cruzadas con los Vicentín hacen el aporte de sus propios accionistas acreedores. Por eso sólo 13 familias explican a 80 de los 97 acreedores accionistas".
En Chile: "¿Cuánto dinero le debe Latam a BancoEstado y cuánto les debe a las AFP chilenas? Además del dinero que éstas tienen invertido en su capital accionario, que también se verá severamente perjudicado. Son preguntas de interés nacional que aún esperan respuesta.
Con un proceso de intenso lobby en curso para que el Estado apoye financieramente a Latam, cuya viabilidad está en manos de las autoridades estadounidenses, luego que la aerolínea –controlada por la familia Cueto– se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de ese país, existe abundante información –de notorio interés público– que se encuentra bajo el manto de la opacidad.
¿Cuál es el volumen de la deuda que tiene Latam, directa o indirectamente, con BancoEstado? ¿Créditos directos? ¿Inversiones en bonos u otros instrumentos emitidos a nivel internacional por Latam para financiarse?
¿Puede el Gobierno entregar cientos de millones de dólares adicionales, vía directa o indirecta, a una empresa internacional, que sólo tiene su matriz –cada día menos relevante– en Chile, y que presumiblemente ya le debe mucho dinero al banco de todos los chilenos?
¿Cuánta plata de sus afiliados van a perder las AFP (Administradoras de Fondos de Pensión), en conjunto e individualmente, como consecuencia de sus inversiones en Latam, tanto en bonos u otros títulos o instrumentos y, también, por su relevante participación accionaria en esa compañía, que asciende a un 17% (como consecuencia del denominado “Chapter eleven”, estas acciones ya valen prácticamente nada)?".
En Argentina: "Si bien desde Latam responsabilizan a los gremios aeronáuticos por la salida del mercado de cabotaje argentino, lo concreto es que la empresa acarreaba una pérdida de 266 millones en los últimos dos años que fue difícil de sostener.
A diferencia de otros países, en Argentina los dirigentes sindicales se negaron a aceptar recortes salariales del 50% y el ministerio de Trabajo intimó a la compañía a cumplir con la totalidad de los sueldos.
También está claro que tanto en Brasil como en Perú, Ecuador, Paraguay y Colombia, Latam no llegó a la crisis del coronavirus con cuatro años de resultados con un rojo significativo como sí sucedió en la Argentina bajo la administración Cambiemos.
Mientras que en el último mandato de Cristina Kirchner la mayor aerolínea de la región registró una ganancia de 14 millones de dólares -con tres años al alza y sólo uno de caída-, en el gobierno Macri perdieron 337,1 millones de la misma moneda.
De ese monto, el 79% correspondió a los últimos dos años en los que las constantes devaluaciónes licuaron los ingresos de pasajes ya vendidos y derrumbaron las ventas futuras.
Paralelamente, el ingreso de las "low cost" y el aumento de costos producto de la depreciación de la moneda y un barril de petróleo al alza que llegó a tocar los 82 dólares, terminaron de delinear el escenario de catástrofe.
En Chile, solicitaron un rescate al gobierno de Piñera en medio de un escándalo por el pago de 34 millones de dólares por parte del principal accionista hacia una firma de los hijos del presidente".
La revista estadounidense Time confeccionó una lista de los países que tuvieron la mejor respuesta contra la pandemia del coronavirus y en ella incluyó a la Argentina, junto con Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Islandia, Emiratos Árabes, Alemania, Grecia y la isla de Taiwán.
Sobre nuestro país, Time elogió que "sus números se ven mucho mejor que los de la mayoría de sus vecinos", gracias a que "el gobierno impuso una cuarentena el 20 de marzo", con "estrictas medidas de distanciamiento social", que "los ciudadanos acataron bien".
"Con la cooperación bipartidista de los gobernadores y las figuras del Congreso, la respuesta de la nueva administración de Alberto Fernández a la gestión del coronavirus (que obtuvo la aprobación del 83 por ciento de los argentinos) ha dado lugar a un aumento de sus índices de aprobación", que "es fundamental, ya que ahuyenta a los inversionistas internacionales y le permite atravesar el noveno default del país", destacó el medio norteamericano.
"Fernández (junto con su vicepresidenta y ex presidenta Cristina Kirchner) son peronistas que adhieren a políticas económicas más izquierdistas y, fiel a sus raíces ideológicas, ofreció a los trabajadores de bajos salarios una suma global de 10.000 pesos para ayudarles a capear la crisis. Pero aunque su voluntad de gastar en estímulos internos puede estar ahí, la realidad de las finanzas de su gobierno y los inminentes reembolsos de la deuda a los acreedores extranjeros los limita considerablemente (su paquete de estímulo asciende a sólo el 4,9 por ciento de su PBI), y su intento de imprimir más dinero puede empujarlos al infierno de la inflación", advirtió.
, Ian Bremmer, consideró que "los nuevos casos en Buenos Aires están aumentando, y hay cada vez más críticas al estricto bloqueo (las restricciones se han suavizado en otros lugares). Sin embargo, la intención de Fernández de cuidar de su gente y la decisión de desviar recursos del pago de la deuda para ello -aún a riesgo de un inminente colapso financiero- ha sido la mejor opción entre las malas alternativas".
Bremmer elaboró el listado basándose en los criterios de salud (capacidad de testeo y movilización de recursos), políticas públicas (coordinación interjurisdiccional local e internacional, reacción de la población, efectividad gubernamental) y economía (esfuerzo fiscal y monetario).
"La Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino, en cuya conducción la empresa Vicentín tiene un peso decisivo, gestionó subsidios millonarios para mantener una ruta aérea de vuelos low cost y logró que ese aporte estatal recaiga en la compañía aérea MacAir -propiedad de la familia Macri- y su sucesora Avian, donde quedaron muchos directivos muy cercanos al ex presidente.
La 'Revolución de los aviones', como gustaba de llamarla el ahora titular de la Fundación FIFA y jugador de bridge, incentivó a los exportadores del extremo norte de la provincia de Santa Fe a intentar instalar vuelos de bajo costo, fundamentalmente para sus ejecutivos, desde la ciudad de Reconquista.
La organización que los nuclea fue el "canal institucional" elegido: la Cámara está integrada por “empresarios de variada envergadura, micro y pequeñas, medianas y grandes empresas”, según su página web. En la comisión directiva que allí se publica se observan dos representantes del gigante aceitero en crisis: Dante Sartor de Friar S.A. y Verónica Vicentín de Vicentín S.A.I.C.
El 5 de junio de 2017, a través de la resolución N° 473, el Ministerio de la Producción accedió a una solicitud de esta cámara patronal de un “aporte no reintegrable por un monto total de $400.000, destinado a solventar parte de los gastos necesarios para hacer frente al punto de equilibrio exigido por la línea aérea MacAir Jet, que permita mantener el servicio en el tiempo”.
“La empresa informó que se debe garantizar una venta mínima de pasajes, cubrir costos operativos del personal de comercialización y logística, recepción y despacho de pasajeros y equipaje en el aeropuerto, costo de pernocte y viáticos de la tripulación del avión en Reconquista”, fue el argumento esgrimido.
MacAir Jet, como su nombre lo sugiere, era la empresa aérea del grupo Macri. Fue fundada en 1996 por el padre del ex mandatario, Franco, e inicialmente se dedicó al negocio de los vuelos ejecutivos. Cuando se inicia la era Cambiemos a nivel nacional, rápidamente se vio beneficiada por acciones gubernamentales. La primera de ellas, publicitada como un gesto de sencillez, fue abandonar el Tango 01 para usar líneas aerocomerciales, entre ellas la compañía de la familia presidencial. Meses más tarde, la entonces titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini, le condonó deudas que tenía con la firma estatal.
Tras el subsidio de 2017, la cámara patronal conducida por Vicentín fue por más y lo logró. El 21 de agosto de 2018, a través de la resolución N° 384 y con los mismos fundamentos que el año anterior, el ministerio de Producción de Santa Fe accedió a aportar $2.400.000. Se incorporó una cláusula: “la Cámara deberá ceder los pasajes pre comprados al Gobierno de la Provincia a requerimiento de éste, en tanto y en cuanto, no sobrepase el volumen de dinero aportado en este pedido y acorde a los términos del convenio de pre compra entre la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino y Avian Líneas Aéreas S.A.”.
Así, la receptora del dinero público fue la heredera de la línea aérea relacionada familiarmente con Macri. En el primer año de Cambiemos en el poder, y en medio de los escándalos por los favores presidenciales, se formalizó la venta de MacAir a Avianca. Pero en la empresa se mantuvieron en sus puestos directivos algunas personas cercanas al ex mandatario: Carlos Colunga, último presidente de MacAir, se transformó en vice de Avian Líneas Aéreas; Pablo Clusellas, el secretario legal y Técnico de la Presidencia, fue apoderado legal de MacAir y luego participó en gestiones administrativas de Avian. El fiscal Jorge Di Lello caracterizó toda la operatoria bajo las figuras delictivas de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias".
"Vecinos de Avellaneda y Reconquista (Santa Fe) se movilizaron este martes en contra de la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentín. En el norte provincial, donde la firma agroexportadora tiene su casa matriz, la medida -anunciada el lunes por el presidente Alberto Fernández- cayó decididamente mal. La interpretan como una intromisión del Estado sobre una empresa emblemática de la región.
Las protestas fueron fogoneadas por el intendente radical-macrista de Avellaneda, Dionisio Scarpín, quien mostró activa participación como un virtual vocero de la firma que se encuentra desde principios de año en concurso de acreedores, camino a la quiebra, y bajo sospecha de la Justicia por los multimillonarios créditos que recibió del Banco Nación en la gestión de Mauricio Macri, de quien la firma santafesina fue principal aportante en las últimas elecciones.
Scarpín, quien gobierna desde 2011 el municipio de Avellaneda, motorizó los banderazos protagonizados por los vecinos de a pie en defensa de una de las más grandes empresas del país, que tiene un rojo de 1.350 millones de dólares, motivo por el cual la Nación decidió su intervención.
Según el intendente, “hablar de Vicentín es hablar de una empresa familiar de la provincia que ha crecido de la nada. No estamos hablando de una multinacional extranjera”. También el senador departamental, el también radical Orfilio Marcón, se sumó a las protestas. Ambos arengaron a la multitud, igual que lo hizo un sacerdote.
Leuco, excitado, sobre la marcha en defensa de la estafa y quiebra de Vicentin: "Fíjese la calidad de gente". pic.twitter.com/XO22ZCxYUK
En las dos principales ciudades del departamento General Obligado, las imágenes podían ser las de un festejo de la Selección Argentina, pero correspondían a una protesta promovida por las propias autoridades locales en medio de un brote de contagios de coronavirus, que hace diez días mantiene en vilo a todo el departamento General Obligado.
Las protestas se repitieron durante todo el martes, pero tuvieron su pico al atardecer. Los vecinos de Avellaneda se agolparon frente a las oficinas de la empresa y se colocaron detrás de una extensa bandera argentina. El propio intendente Scarpín, junto a miembros de su gabinete, se sumaron a la manifestación y a la convocaria. “Están robando parte de una historia”, repitió Scarpín una y otra vez ante los medios locales y nacionales que cubrieron las protestas.
Ya caída la noche, lejos de aplacar los ánimos, los manifestantes de Avellaneda decidieron ir hacia la vecina ciudad de Reconquista para protestar frente al Grand Hotel, donde se están alojando los funcionarios nacionales que fueron este martes a intentar recorrer las instalaciones de la casa matriz de Vicentin. Terminaron echándolos del lugar, al borde del linchamiento.
Así tuvieron que sacar escoltado de su hotel en Reconquista al sub-interventor de Vicentin, Luciano Zarich.
“Que se vayan”, fue el grito que repetían los manifestantes, que llegaron pasadas las 19 al hotel custodiado por personal de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de la Policía provincial. También allí los manifestantes cantaron el himno envueltos en banderas argentinas, imágenes muy similares a las manifestaciones de 2008 contra la Resolución 125 motorizadas por otras patronales del agro.
Scarpín es un dirigente radical del norte santafesino que, si bien participa formalmente dentro del Frente Progresista, tiene buen vínculo con el macrismo: de hecho convocó a votar a Macri en las últimas elecciones presidenciales. Lleva tres mandatos al hilo como intendente de Avellaneda, desde 2011.
En la misma posición de rechazo a la intervención de Vicentín se ubicó el senador provincial Marcón, también radical del Frente Progresista, quien atraviesa actualmente su tercer mandato al hilo.
Ambos dirigentes radicales pertenecen al llamado Grupo Universidad, conducido por Mario Barletta y José Corral, referenciado en la conducción de la Universidad Nacional del Litoral y macristas de la primera hora cuando la UCR definió pintarse de amarillo".
"El sistema de espionaje ilegal investigado por la justicia federal y montado durante la presidencia de Mauricio Macri se llevaba adelante en distintas sedes operativas. Algunas de ellas eran oficinas institucionales de la propia AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y del Servicio Penitenciario. Otras eran propiedades clandestinas alquiladas para tal fin.
Muchos de estos lugares fueron allanados por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en busca de pruebas para poder acreditar cómo funcionaba esta maquinaria estatal dedicada a seguir, filmar y amedrentar a políticos, empresarios, religiosos, sindicalistas y periodistas.
“Hay algunas oficinas institucionales y otros lugares armados para la ocasión que están en la mira”, reconoce una fuente con llegada a un expediente que se encuentra vedado por el estricto secreto de sumario.
Esta red de espionaje ilegal contaba con “casas operativas” que fueron alquiladas en forma temporaria. Una de ellas estaba ubicada en pleno barrio porteño de Mataderos, en la calle Pilar 1458. Ahí, en el segundo piso “B”, la red de espionaje montó una oficina donde se terminaba de ordenar la información recabada en los seguimientos ilegales.
La cueva de inteligencia de la calle Pilar, en Mataderos
Una suerte de oficina de archivos atestada por documentos con fotos de seguimientos, videos de filmaciones y datos privados de las víctimas del espionaje ilegal. “Era el lugar donde se terminaban de armar las carpetas que luego eran entregadas a otro eslabón de la banda”, reveló una fuente de inteligencia.
Muchas de estas propiedades fueron alquiladas en forma temporaria para no dejar rastros. Incluso, se mantenían operativas hasta que los extraños movimientos de los espías despertaban la curiosidad de los vecinos. Ahí, las “sedes del espionaje ilegal” era cambiadas por otros lugares más seguros.
En algunos casos se habrían utilizado empresas como pantallas para celebrar contratos de alquiler que ahora están en la mira. En el caso de la “cueva” de la calle Pilar la justicia ya cuenta con las pruebas necesarias para ligar esa propiedad a una agente de inteligencia de la AFI, ya dada de baja, identificada como María Mercedes Funes Silva. La ex espía, de estrechos vínculos con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fue quien aportó ese departamento a cambio del pago de un alquiler mediante los tan polémicos fondos reservados.
También el espionaje ilegal utilizaba sedes oficiales. Son bases institucionales como la que está ubicada en un predio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), un organismo centralizado dependiente de la Subsecretaría de Investigación, Política Industrial y Producción del Ministerio de Defensa.
El predio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF),
donde funcionaba la oficina del ex director Alan Ruíz
En ese predio, ubicado a metros de Tecnópolis, funcionaba la oficina del ex director de operaciones de la AFI, Alan Ruíz. Este agente fue denunciado por el abogado Facundo Melo como quién encabezó las maniobras ilegales que hoy generan un estallido político.
Ruíz fue funcionario de la cartera de Seguridad del ex intendente de Santa Rosa, La Pampa, Juan Carlos Tierno. Luego, durante la gestión de Cambiemos, llegó al Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich y de ahí pasó a la AFI.
El juez federal Villena también mandó a allanar distintas oficinas del Servicio Penitenciario como la Dirección Principal de Análisis de Información, sede de la inteligencia penitenciaria, ubicada en la calle Varela 266 en el barrio de Flores.
En la jerga interna de los guardiacárceles, a este lugar se lo identifica como la “D50”. El área está a cargo del Inspector general Cristian Suriano, un hombre identificado con la gestión del ex director del servicio Emiliano Blanco. También fue allanada la Dirección de Seguridad del Servicio.
Villena encontró en esas dependencias pruebas para poder vincular las operaciones ilegales realizadas en esas oficinas con las tareas de espionaje desarrolladas en las “bases clandestinas”.
A partir de hoy lunes, por los tribunales federales de Lomas de Zamora van a comenzar a desfilar los principales referentes políticos de las Argentina para interiorizarse de un expediente de alto voltaje que nadie sabe cómo puede terminar".
"Nos llama la atención que su “Carta abierta al Sr. Presidente”, de una forma muy sutil pero con precisión, sea tan funcional a los que predican contra la cuarentena, porque la mayoría de ellos, con intereses mezquinos, intenta resquebrajar al gobierno nacional.
Nos parece grave, riesgoso, porque es jugar con la vida de los que estamos expuestos al contagio.
De manera indirecta, hay una feroz crítica al manejo de la cuarentena desde sus comienzos, y se suma al latiguillo mentiroso de “la cuarentena más larga del mundo”, aunque use el término de “interminable”.
Grave nos parece descalificar a los que saben del tema, los infectólogos, como si hablaran pavadas cuando dicen que se eligió la “opción menos riesgosa”. ¿Con qué datos, ciencia o autoridad se hace esta crítica?
Grave es acusar al Sr. Presidente y a un casi 80 por ciento de la población, que adhiere a sus políticas, de que para ellos, “es banal la libertad”. Y nos parece falaz que las limitaciones impuestas en la cuarentena sean “contra la libertad”. Con mucha libertad, millones de argentinos “nos quedamos en casa”.
Nos parece grave y tramposo plantear, con un dato estadístico más que dudoso, que el riesgo de muerte es 0,005 por ciento, como si se agitara un miedo inútil. Lo que se constata en Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile es todo lo contrario. Los muertos son incesantes.
Nos parece una ironía de mal gusto plantear que el Sr. Presidente no entiende la “angustia” del encierro o que considere que no es importante. Tampoco es cierto que se descuiden otras situaciones de enfermedad. Sabemos que hay un descuido de la ciudadanía en este sentido, pero ¿qué responsabilidad tiene el Sr. Presidente?
Y lo que nos parece más grave es señalar que el Sr. Presidente compara “muertos con muertos”. Es usted, Sr. Periodista, el que compara “muertos con muertos”, con un argumento falaz.
Siempre supimos que la pobreza es muerte, y nos alegra que ahora usted esté tan preocupado por los excluidos. Nos parece acertado plantear que la pobreza es muerte, lo que creemos totalmente injusto es asociar las medidas de la cuarentena en Argentina con esas posibles muertes.
En todo caso, las muertes por la pobreza, de ayer, hoy y mañana, no serán por la cuarentena, sino por un sistema financiero mundial neoliberal, responsable de dramáticas desigualdades sociales.
Quien de verdad conoce el drama de los pobres es este gobierno, que ha tomado múltiples y diversas medidas económicas para cuidar a los empobrecidos, como también para las pymes, las industrias, y la vida económica en general de los argentinos. Millones son asistidos desde el Estado de manera permanente.
En verdad, lo que plantea el Gobierno es vida más vida, de todos y todas, en particular, de los más necesitados.
Diputados de la Coalición Cívica y el PRO presentaron un controvertido proyecto de ley para la creación de un "certificado de inmunidad" para pacientes recuperados de Covid-19. Aseguran que estas personas no podrían ni contagiarse ni transmitirles el virus a otras, a pesar de no tener respaldo científico dicha aseveración.
"Es para que las personas que tuvieron contacto directo con el coronavirus, se han curado y que a través de estudios serológicos se detectaron sus anticuerpos, puedan demostrar que no son personas contagiosas y salir a trabajar", explicó Lucila Lehmann, diputada nacional de la Coalición Cívica, que fue acompañada en la firma por sus compañeros de interbloque Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Paula Oliveto y Mariana Zuvic.
"Estamos ante un escenario de recesión importante. Que esta pandemia no nos lleve a una pandemia de hambre y más muertos por la crisis económica. Esta es una herramienta racional que se puede utilizar y no hay ninguna explicación para no tenerla en cuenta", agregó Lehmann, en diálogo con Radio Rivadavia (Buenos Aires).
Uno de los principales motivos por los que este "certificado de inmunidad" no sería viable es que los estudios más recientes señalan que, aunque la mayor parte de los pacientes recuperados de la Covid-19 tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2, todavía se desconoce si todo el mundo puede producir los suficientes anticuerpos para garantizar una protección en el futuro ni cuánto tiempo duraría esta supuesta inmunidad.
No hay suficientes test de anticuerpos ni son totalmente fiables
El segundo argumento en contra de este "certificado de inmunidad" es que las pruebas para medir los anticuerpos de SARS-CoV-2 en la sangre son interesantes para evaluar la prevalencia y la propagación del virus, pero no cuentan con la suficiente calidad ni eficacia. Los datos preliminares sugieren que la gran mayoría de estos test no son fiables al 100 por cien por no ser específicos y contar con una baja sensibilidad. A su vez, para poder hacer realidad esta especie de pasaporte sería necesario realizar cientos de millones de pruebas serólogicas en un solo país.
Poco volumen de población que haya vencido a la Covid-19
A su vez, en el artículo se explica que si el "certificado de inmunidad" se estableciera como una medida imprescindible para poder salir de casa, la proporción de población sería mínima. La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que sólo el 2-3 por ciento de la población mundial se ha recuperado del SARS-CoV-2. En este sentido, si solamente estas personas vuelven a trabajar y hacer "vida normal" sería inviable para la economía y la seguridad de un país.
Amenaza hacia la Salud Pública y monitorización de movimientos
A su vez, hay varias argumentaciones éticas en contra de establecer un "certificado de inmunidad", por ejemplo,que reflexionan sobre si el acceso a ciertas libertades sociales y económicas -como ir a trabajar- se otorga sólo a aquellas personas que se han recuperado de Covid-19, estos pasaportes podrían incentivar a las personas sanas y no inmunes a buscar la infección voluntariamente, poniéndose a sí mismas y a otras personas en riesgo.
El objetivo principal de esta posible medida es controlar el movimiento de las personas y por lo tanto debe incluir un sistema de identificación y monitoreo que no sea vulnerable a la falsificación, como ocurriría con un papel. Pero tampoco aplicaciones que no protejan adecuadamente los datos personales de los usuarios.
Desigualdad social en la población y minorías
Al incrementar la vigilancia de la población puede recaer un control aún mayor a grupos de minorías sociales. Por ejemplo, en China se ha acusado de obligar a todos los ciudadanos africanos a hacerse las pruebas de coronavirus, mientras que en otras partes del mundo, ciudadanos asiáticos se han visto señalados. Esta situación podría agravarse si la vigilancia de la inmunidad contra la Covid-19 se utilizara por "motivos ocultos", por ejemplo monitorizar determinadas comunidades.
Otro puntos
No toda la población puede tener acceso a un test inmunológico del Covid-19, sobre todo teniendo en cuenta que el número de estos es escaso y depende en muchos casos del poder económico. A su vez, etiquetar a las personas sobre su inmunidad hacia la Covid-19 permitiría dividir a la población entre inmunoprivilegiados y los inmunodeprimidos.Tal etiquetado es particularmente preocupante en ausencia de una vacuna gratuita disponible universalmente.
En el caso de que haya una vacuna de pago, las personas con capacidad económica podrían acceder a ella y obtener una "certificación inmunológica". Privar de la libertad de movimiento al resto de la población iría en contrar de sus derechos. Finalmente, Nature advierte que este mecanismo podría convertirse en el futuro en un "pasaporte biológico", que incluyera datos personalísimos como la salud mental o pruebas genéticas.
Dos propuestas
En lugar de certificados de inmunidad, el estudio publicado en Nature afirma que los gobiernos y las empresas deben invertir el tiempo disponible, el talento y el dinero en dos cosas.
La primera es la fórmula probada de limitación de daños pandémicos -testear, rastrear y aislar- que ha funcionado en algunos países. El estado de salud, los datos personales y la ubicación deben ser anonimizados: se debe dar prioridad a las aplicaciones que permiten a los individuos tomar decisiones seguras sobre sus propios movimientos.
En segundo lugar, el desarrollo, la producción y la distribución mundial de una vacuna contra laCovid-19. Si se hace posible el acceso universal, oportuno y gratuito a una vacuna, entonces podría ser éticamente permisible exigir la certificación de la vacuna para la participación en determinadas actividades. Pero si el acceso a una vacuna se limita de alguna manera, entonces algunas de las desigualdades mencionadas anteriormente podrían seguir reproduciéndose.
"Todas las vidas valen, sí. Pero la realidad nos muestra que no todas importan lo mismo ni del mismo modo. Es en esa diferencia donde cobra personalidad y entidad lo que distingue el All Lives Matter del Black Lives Matter. Veámoslo del modo más progresista posible, o sea del modo más blanco para que la interpretación no deje lugar a las dudas: All Lives Matter es exactamente lo mismo que decir Salvemos las dos vidas, Nadie Menos, y similares.
Las vidas blancas no peligran en manos de la gente no blanca, las vidas blancas peligran por un capitalismo salvaje. Las vidas negras peligran en manos blancas y también en manos de otros negros, porque esa es la fuerza que hace imbatible al capitalismo: el racismo institucional, estructural y constitucional. Esto hace que el movimiento Black Lives Matter sea global. Esto lo convierte en una fuente imbatible para abordar las particularidades raciales de cada país, de cada región, ponerlas en diálogo, comprender las pautas propias y externas, y cómo las externas no sólo intervienen en las propias, sino que también marcan las condiciones y los posibles escenarios futuros, alianzas, o esos “cambios de orden” que están tan en boga por estos días. Por eso suena tan ridículo, y típicamente argentinocéntrico, el “ah, se quejan de lo que pasa allá pero acá no”.
Es cierto que cuando suceden algunos escenarios afuera vemos los desdobles de los discursos de muchos. Pero eso no hace menos grave ni menos revelador lo que está sucediendo afuera. En todo caso, en vez de caer en la ignorancia política, en lecturas demagogas confusas y enfáticamente moralizantes e inútiles, hay que poner la energía no en ser sommelier, sino en generar el diálogo y la vinculación, la construcción política y el hambre formativo para que cuando suceda acá, como está sucediendo, nosotros reaccionemos como reaccionan ellos allá. Uno no solo elige en qué espejo mirarse, también elige en cómo acomodarlo según el reflejo/perfil que me devuelve.
Sin embargo, en este caso, pongan como pongan el espejo, hay un sólo reflejo/perfil: todos somos racistas, incluso las comunidades racializadas. Todos lo somos hasta que no entendamos que no alcanza con no ser racista desde un lugar retórico, que es siempre equívoco, y mucho menos desde un lugar de superioridad intelectual y/o moral. Todos somos racistas hasta que no abordemos el antirracismo, hasta que no nos apropiamos del antirracismo como única lectura política. Es el antirracismo el mapa que contiene todas las causas y es la varita no mágica para ese añorado justicialismo".
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