Mientras de alguna manera había que desvirtuar el previsible cómodo triunfo del FpV en Tucumán (#ElFraude), La Nación completa una semana de reclamos a favor de un nuevo "perdón" para los genocidas de la última dictadura cívico-militar tan cercana a su ideario e intereses concretos.
El domingo pasado: "No es posible justificar los métodos aberrantes utilizados en la represión. Menos aún la desaparición de personas o la apropiación ilegal de menores. Tampoco es de ninguna manera aceptable justificar la violencia de los grupos terroristas con su secuela de asesinatos y destrucción de familias y daño moral. Provocaron más de 1000 muertes. Hubo una guerra interna iniciada por quienes querían implantar el socialismo brutal que la Unión Soviética y Cuba deseaban extender en América latina.
Las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas por el Congreso de la Nación a instancias del presidente Alfonsín, así como los indultos a los condenados de ambos bandos dispuestos por el presidente Menem, fueron pasos en búsqueda de la pacificación. Esta voluntad fue desautorizada en 2003 con la anulación, a nuestro juicio inconstitucional, de tales normas y la decisión hemipléjica de proceder sólo contra quienes habían reprimido.
El encauzamiento hacia una reconciliación requiere un profundo y superador examen de conciencia de todos los involucrados y, particularmente, de la clase política. Su resultado debiera ser la reconciliación, traducida en una amnistía amplia que permita luego mirar hacia adelante y construir el futuro en paz y confraternidad".
El viernes: "Nuestra Constitución Nacional confiere expresamente al Poder Ejecutivo la facultad de indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal y, al Poder Legislativo, la capacidad de amnistiar. Sin limitaciones. No obstante, en julio pasado se sancionó una ley que prohíbe amnistiar, indultar o conmutar las penas respecto de los delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra. Cabe preguntarse en primer lugar si esa norma era necesaria, en virtud de todo lo antedicho. Y, en segundo término, si no conforma una reforma constitucional encubierta.
Pareciera estar llegando la hora de comenzar a revisar las fundadas acusaciones de manipulación de los procesos e investigaciones en materia de delitos de lesa humanidad, incluidas las etapas probatorias. Y de asegurarnos que todas las condenas que se han pronunciado están respaldadas por procesos que acrediten que las acusaciones formuladas se han probado como corresponde, en todos los casos. Esto es, más allá de toda duda razonable.
Es tiempo también de examinar lo actuado por el Gobierno en este campo, con el propósito de asegurar los avances, detectar los errores y abusos cometidos y poner fin a cualquier vestigio de impunidad. Desde que el tipo de delitos a los que nos referimos es imprescriptible, ésos son pasos necesarios para ingresar con la apertura y generosidad del caso en la etapa superadora que supone, luego de conocida la verdad, transitar hacia una reconciliación y pacificación que nos permita caminar juntos hacia el futuro en el clima de amplia unidad que supone la decisión de reconciliarse.
Nos referimos a un cambio profundo de rumbo, para el cual es imperioso reemplazar las ansias de venganza por la disposición a perdonar a partir del conocimiento íntegro de la verdad, asegurando el respeto al debido proceso legal y el imperio cabal de la ley. Con la misma vara para todos y sin que el objetivo real sea el de escarmentar, sino el de acercarnos los unos a los otros desde la compasión y la indulgencia, para poder dejar definitivamente atrás la violencia del pasado".
Hoy: "A lo largo de la perversa década política del llamado "kirchnerismo", la reiterada frase: "Justicia y condena", a veces reemplazada por "Juicio y Castigo", ha repiqueteado cual ariete en nuestros oídos y ante nuestra vista. A la manera de muletilla, ha sido pronunciada con enorme frecuencia y alimentada constantemente con amplios recursos, habitualmente sin generar más reacciones que las de un penoso silencio. Pese a la inmensidad de la verdadera depravación que su contenido real supone y procura imponer: el del bien llamado odio añejado.
Esas dos terribles frases sintetizan la cuota de irracionalidad que se esconde detrás de la sed de venganza que alimenta a quienes las utilizan. Lo grave es que ese sentimiento resentido aún parecería anidar profundo en el corazón de algunos.
No es pedir "Justicia y Sentencia". No es cumplir con el deber de investigar y desentrañar la verdad de nuestras lamentables tragedias de los años 70. No es tampoco absolver o condenar, según surja de la prueba que se produzca, más allá de toda duda razonable, en una investigación independiente y seria, que debería ser siempre veraz y sincera. Para todos por igual.
Se trata en particular de aquellos juicios en los que, con total descaro, se presiona -presencial y físicamente- a nuestros magistrados judiciales, cuyos despachos, salas de audiencia y estrados fueron constantemente transformados en ámbitos vociferantes e intimidantes, muy similares a los que acompañaron el reiterado uso de la guillotina durante las etapas más sangrientas e irracionales de la Revolución Francesa. Todo eso sin que se alzaran voces serenas, que señalaran que esas deplorables pero frecuentes presiones avasallaron y sometieron a la justicia, por miedo.
Son, obviamente, todo lo contrario a la disposición a perdonar. Son un muro más en el que, quienes la pronuncian o gritan, pretenden hacer estrellar los esfuerzos de aquellos que creemos firmemente en la posibilidad de reconciliación".
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“Responden a la búsqueda de impunidad”
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1 comentarios:
No sólo el indulto y el cesar con los juicios en aras de una "reconciliación piadosa". Además, afirman que los juicios realizados se llevaron a cabo en condiciones fraudulentas, sin tener en cuenta las debidas acciones de un buen accionar judicial (por culpa del gobierno, claro está) y que, por lo tanto, deben ser revisados.
¿De verdad creen estas barbaridades, o es un mero ejercicio de hipocresía y/o de defensa común?
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