Distribuidora de Gas Cuyana S.A., concesionaria del servicio de gas natural en Mendoza, San Juan y San Luis a través de Ecogas, registró ganancias por $1.249.716.557,39 durante el año 2019, según su último balance financiero. Esto significa un avance del 4,1% en comparación con el resultado positivo que logró en 2018, que llegó a 1.198,2 millones de pesos.
El detalle al 31 de diciembre muestra que el resultado neto del ejercicio equivale a casi el 15% de su patrimonio, declarado en $8.372 millones. Además, incrementó su capital en más de $4.854 millones en ese lapso, con aumentos de tarifa que sumaron 35% en abril y 8,1% en junio.
A la vez, trascendió que Cuyana, que a partir del 1 de junio pasado comenzó a emitir facturas mensualmente, arrastraría un rojo considerable en concepto de compras impagas de gas en boca de pozo, cuyo costo está dolarizado. El monto, por el momento, no pudo confirmarse, según publicó Sitio Andino.
Estos excelentes resultados contables de la compañía controlada por Central Puerto (uno de sus accionistas principales es Nicolás 'Nicky' Caputo, de íntimo vínculo personal con el ex presidente Mauricio Macri, y que también controla a la ex Centrales Térmicas Mendoza) se dieron en un año signado por los reclamos de sus clientes.
Sin contar las quejas formuladas por los usuarios a través del área de Atención al Cliente de la compañía, durante 2019 ingresaron al ente regulador alrededor de 650 denuncias contra Ecogas por distintos motivos. Alrededor de 1/4 parte corresponde a problemas de facturación o facturación irregular, mientras que el resto se reparte entre "mala atención" y "falta de respuesta".
Ya desde octubre Ecogas comenzó con los cortes de suministro a cuentas residenciales que mantenían importes sin cancelar protegidos por el recurso de amparo admitido por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en mayo de 2018, que justamente impedía efectuarlos a "grupos vulnerables" que no pudieran afrontar su costo, incluidos los beneficiarios de la tarifa social.
Al punto que, tras ratificarlo en 2019, el magistrado impuso multas de entre $1.000 y $100.000 por cortes "ilegítimos". No obstante, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al desestimar la resolución de Ramos Padilla (a su vez apelada por varias asociaciones de defensa del consumidor), le dio luz verde al concesionario del servicio para que empezara con las suspensiones, cuyo número todavía en Mendoza no se conoce.
A principios de año, Caputo exigió al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, una revisión de las tarifas del gas natural ya que, aseguró, el 80 por ciento de sus ingresos se destinan a pagar sueldos y a sostener el mantenimiento de redes. Esto termina relegando los compromisos financieros y la expansión de la red de gas natural, arguyó la compañía del 'amigo del alma' de Macri.
"A solo tres meses de haber asumido, el gobierno de Alberto Fernández soporta desde las 0 horas del lunes su primer paro agropecuario, que en realidad promete ser una suerte de “parito” de poca intensidad. Las cuatro entidades del campo agrupadas en la Mesa de Enlace lo convocaron no sin haber mantenido múltiples discusiones internas, que reflejan con claridad que el bloque ya no es el mismo que en 2008 logró hacer retroceder al gobierno de Cristina Kichner. La mayoría de los dirigentes actuales, en rigor, reconoce en la intimidad que hubieran preferido evitar una protesta tan precipitada como ésta.
El jueves y viernes fueron días febriles dentro de las entidades rurales tradicionales. Tras la confirmación de que el Gobierno subiría otros tres puntos las retenciones a la soja (de 30 a 33%), los máximos dirigentes del sector comenzaron a sentir la respiración en la nuca de las llamadas “bases”, quienes reclamaban una dura reacción contra un gobierno que había vuelto a hacer el ajuste con el dinero de ellos, los productores. ¿Quiénes son esas bases? ¿Y quiénes las conducen? ¿Son realmente “opositores” enrolados en el macrismo, como sugirió el propio Alberto bajándoles el precio a los “autoconvocados” del campo?
Se repitió de inmediato una postal frecuente en el extenso conflicto agropecuario de 2008, donde los cuatro dirigentes de la Mesa de Enlace que negociaban con el gobierno (Buzzi, Miguens, Llambías y Garetto) tenían que mirar de inmediato la reacción de los productores en las rutas para saber si aquellos “piquetes de la abundancia” (como los definió Cristina) habían avalado sus decisiones. Miraban sobre todo hacia el piquete instalado en Ceibas, sobre la ruta 14, desde donde las cámaras de televisión transmitían en dúplex. Allí, un chacarero entrerriano llamado Alfredo De Angeli se había convertido en el ícono de aquella protesta agropecuaria y había acumulado un poder casi tan grande como el de la propia Mesa.
Cuando el miércoles los actuales dirigentes dejaron el despacho del ministro Luis Basterra, ninguno estaba convencido de que había que convocar a un cese de comercialización de granos y hacienda para faena como el que finalmente se lanzó 24 horas más tarde. Las cartas de múltiples economías regionales agradeciendo la baja de retenciones a ciertos productores del campo que acompañó la suba a las de la soja descansaban sobre el escritorio del titular de Agricultura, quien además, había esbozado en la reunión una primera propuesta para compensar a los productores sojeros más chicos. ¿Por qué habrían de protestar si el diálogo había avanzado? ¿Por qué forzar la relación con un gobierno que apenas arrancaba? El primer comunicado de la Mesa de Enlace frizó cualquier posibilidad de protesta.
Pero de inmediato, Carbap (la confederación de rurales de Buenos Aires y La Pampa) y casi en simultáneo Cartez (la confederación cordobesa) insistieron con su reclamo de hacer un paro que ponga de manifiesto el malestar que sienten los productores de granos. Son las dos más numerosas filiales de CRA, y por eso las que más presión sienten desde los grupos de productores autoconvocados, que les disputan la representatividad directamente en el territorio. A Jorge Chemes, el entrerriano que preside CRA, no le quedó más remedio que recoger el guante y comunicó a sus pares de la Mesa de Enlace la decisión de ir a un paro. O lo acompañaban o ellos se cortaban solos. Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y Carlos Iannizzotto, de Coninagro, tragaron saliva: para “salvar la unidad” de la Mesa de Enlace no les quedó más remedio que seguir los pasos de CRA.
Con la Federación Agraria de Carlos Achetoni las cosas fueron mucho más difíciles, pues esa entidad vive desde hace un año un cisma y muchos de sus dirigentes están jugando claramente a favor del Gobierno o por lo menos no quieren cortar lanzas. Es el caso de Omar Príncipe, el ex presidente de la FAA, quien reclamó que la decisión de ir a un paro fuera tomada por el consejo directivo. Como era imposible, Achetoni dejó “en libertad de acción” a sus afiliados.
Por eso nunca se emitió un comunicado formal de la Mesa de Enlace convocando al paro de cuatro días. Y así CRA, este sábado, le bajó los kilates a la protesta: informó que el paro no debe implicar ni aumentos de precios ni desabastecimiento, pues se limita a granos y ganado. Y hasta flexibilizó las condiciones de protestas anteriores: “Dada la inminencia de estas medidas, pedimos que continúe el normal desarrollo de las actividades programadas con antelación tales como exposiciones, remates, etcétera”, aclararon los ruralistas. Toda una señal para llevar tranquilidad a los organizadores de la Expoagro. La muestra de los diarios La Nación y Clarín comienza el martes en San Nicolás y en su desarrollo tenía previstos varios remates ganaderos de envergadura que ahora podrán concretar sin sentir culpas". Fuente
Más: #10M: Verdurazo en Plaza de Mayo contra lockout de Mesa de Enlace
El intendente de General San Martín (La Pampa), Raúl Espir (PRO), anunció que las personas que requieran ayuda social a la comuna deberán devolverla hasta con dinero, según lo expresado por él mismo en la apertura del año legislativo en el Concejo Deliberante local.
Además de advertir que hará un minucioso trabajo de investigación social para determinar la ayuda a los vecinos carentes de recursos económicos, afirmó que Carolina Butti, la funcionaria a cargo del área social, está trabajando en una serie de acciones "tendientes a cumplir con nuestra promesa de campaña. El asistencialismo se retribuirá con trabajo comunitario".
"Se está haciendo un relevamiento profesional de las familias con necesidades básicas insatisfechas, y se está apoyando a las personas que realmente necesitan de la ayuda del Estado. Toda aquella persona que requiera ayuda del municipio, debe colaborar con alguna tarea o en su defecto devolver el dinero", dijo el jefe comunal de San Martín, una pequeña localidad del sur pampeano.
Luego de acusar a la administración anterior de dejar una pesada herencia, Espir también la emprendió contra la pileta municipal: "Se están realizando gestiones tendientes a incrementar el uso del natatorio con municipios vecinos. Es una realidad que la pileta climatizada genera pérdidas importantes al municipio, con lo cual debemos tomar medidas tendientes a disminuirlas".
Las palabras del farmacéutico y ex concejal provocaron la reacción del ex intendente Ariel Stemphelet (PJ), que le habló al nuevo primer mandatario: "Todos nuestros actos fueron refrendados por personal que ahora sigue siendo funcionario de su gobierno. Me rompe las pelotas que se me ponga en un lugar que nunca busqué ni intenté ocupar. Usted gobierne. Sé que el Gobierno nacional ayudará a que las decisiones se direccionen en pos de los que menos tienen y que sean ellos, los primeros beneficiarios. Sinceramente, le deseo el mayor de los éxitos". En abril del año pasado, Espir, como candidato a intendente por Cambiemos, había prometido que si ganaba las elecciones, iba a "gestionar con equidad, con un equipo que quiere hacer mejor las cosas por el pueblo". Otro intendente del PRO, Hernán Viano(foto inferior), anunció que en Rancul -localidad del norte pampeano- solicitará "una contraprestación de servicio" por ayuda social y argumentó que "es la única manera de dignificar el trabajo". Fuente
La Mesa de Enlace, apurada por las bases politizadas por Cambiemos, anunciaron ayer un cierre de comercialización de granos, del lunes 9 al jueves 12, en protesta por la suba de 3 puntos porcentuales en los derechos de exportación que deben pagar los grandes productores sojeros que venden más de 1.000 toneladas anuales (unos 10.000 quintales).
La agitación de sectores que responden a Lilita Carrió y -en menor medida- al ex secretario de Agricultura macrista, Luis Etchevehere, ya había comenzado semanas atrás vehiculizada por la agrupación antikirchnerista Campo+Ciudad, que organizó asambleas de productores y protestas a la vera de rutas tanto en Santa Fe como en Córdoba.
Ayer, un sector de dicho espacio -una especie de reservorio de Cambiemos, que manejan la diputada nacional Lucila Lehmann (Coalición Cívica) y su marido, el diputado lilito-bonaerense Luciano Bugallo, uno de los organizadores de los cacerolazos contra el anterior gobierno K- realizó una marcha de camionetas 4x4 y tractores desde Altos Fierro a la capital cordobesa y amenazó con entrar al Centro Cívico para presionar al gobernador Juan Schiaretti para que cumpla su promesa de proteger los intereses de los empresarios agropecuarios.
Los Campo+Ciudad de Lilita y Etchevehere, rumbo a Córdoba capital para apretar a Schiaretti por la suba de las retenciones a los que venden más de 1.000 toneladas anuales de soja. pic.twitter.com/ZNy4U0O52R
Luego de rodear la ciudad a través del anillo de Circunvalación, los estancieros decidieron hacer una asamblea y no marchar a la Casa de Gobierno, pero sí intensificar las medidas en contra del gobierno de Alberto Fernández. Hoy, harán una asamblea de productores en la Sociedad Rural de Jesús María.
El accionar de los integrantes de Campo+Ciudad, más representantes de Federación Agraria, Sociedad Rural de Río Cuarto y otras localidades, Carbap y la siempre radical patronal Cartez empujaron a la Mesa de Enlace nacional a declarar el lockout, 6 días antes que se cumplan 12 años de la resolución 125 anunciada por el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau.
Justamente, el miércoles 11, en medio del bloqueo estanciero, se llevará a cabo una asamblea nacional de productores en las cercanías de San Nicolás (Buenos Aires), donde estará en funcionamiento una nueva edición de la ExpoAgro, el cónclave agroempresarial organizado por Clarín y La Nación.
Actualmente, ya hay un lockout en el norte del país, llevado a cabo principalmente por empresarios agropecuarios tucumanos, que finaliza hoy viernes, mientras que en enero y febrero, hubo un 20% menos de liquidación de divisas del sector agrícola que en el mismo período de 2019.
En este marco, el productor ovino cordobés Agustín Spina afirmó que la suba en las retenciones a la soja afectará a un porcentaje pequeño de productores: "A nadie le gusta que le toquen el bolsillo porque para hacer una siembra hay muchísimos riesgos. Lo que pasa es que han tocado solamente a la soja con este 3%. Pero dentro de todos los cultivos es el que requiere menos cantidad de gente. Una siembra de soja, dentro de todo, se hace con dos máquinas. Creo que la gente fuerte del campo que tiene más de 800 hectáreas lo puede sentir".
"Yo también soy el campo, el chacarero, las economías regionales y los quinteros también. Sí necesitamos que vuelva el desarrollo del pequeño y mediano productor que realmente genera trabajo y ese dinero vuelve a las ciudades, es importantísimo darle una ayuda", consideró Spina, en diálogo con el programa Así son las Cosas (FM Gospel, Río Cuarto, Córdoba).
"Los cuatro años anteriores fueron muy duros, muchos productores se han fundido. Necesitan una ayuda de los que mejor les va, es una cuestión de solidaridad. Para que un país se sostenga debe haber cooperativismo y seguramente también hay beneficios para grandes productores que son menos de la cuarta parte de la totalidad", evaluó, en referencia a que el nuevo esquema de retenciones supone que el aumento en la soja servirá para ayudar a las economías regionales y a los pequeños productores rurales.
"Cuando Macri dijo que no iba a poner retenciones y puso retenciones, no hubo tantas quejas. Hay un sector muy duro del campo que toda medida que tome un sector nacional y popular no lo va a aceptar. Los del maní están agradecidos de que les bajaron las retenciones a la exportación. Bueno, hay un núcleo que nunca va a estar de acuerdo porque creen que siempre fueron a las arcas del campo para beneficiar al resto. Se preguntan, ¿Por qué a mí y no a otros? Porque ahí se generan dólares que no se generan en otro sector", remarcó.
"Esto, más que nada, es para los campos que tienen muchas hectáreas. Al resto no les toca, no es significativo. Ustedes deben saber los volúmenes de dinero que se necesitan para sembrar 100 hectáreas de maíz o soja alquiladas. Realmente es un buen negocio, si no todos nos hubiésemos metido en los bancos", graficó Spina, que detalló que el nuevo esquema afecta sólo al 26% de los productores del país. Más: Es mentira que la suba en las retenciones va a quebrar a los productores
"Cada vez que se discute el tema jubilaciones aparece la “genial idea” de que podemos resolver el problema bajando el sueldo de diputados y senadores. Últimamente se puso de moda la frase: “Que el ajuste lo pague la política”. La antipolítica tiene muchos años de historia. El discurso afirma que los políticos son todos vagos, corruptos e inútiles. En el siglo pasado, la “solución” venía de la mano de los golpes militares. Ahora, la “solución” viene del lado de los tecnócratas y los CEOs de las grandes empresas “que saben cómo manejar el Estado”.
La verdad: si la solución viniese por allí, más que bajar las dietas, directamente podríamos cerrar el Congreso y crear, por ejemplo, la CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo) compuesta por nueve oficiales superiores, tres por cada fuerza armada, como hizo Videla en 1976.
Ahora bien, veamos en los números qué resultaría de semejante idea, además de convertirnos en la dictadura de Alberto Fernández: el presupuesto de Anses es 3.123.194 millones de pesos, el 61,9% del gasto total. El presupuesto del Congreso Nacional es 26.871 millones de pesos, el 0,5% del gasto total. Cerrando el Congreso y destinando todo ese dinero al Anses, podríamos subir el 0,86%, o sea, menos del 1% todas las jubilaciones. El que hoy cobra $14.000 pasaría a cobrar $14.120, y el que cobra $80.000 pasaría a cobrar $ 80.688. Sospecho que nadie se va a sentir conforme con estos aumentos.
En materia de propuestas absurdas, podríamos seguir: eliminar las Fuerzas Armadas, 1,9% del presupuesto nacional; las relaciones exteriores, 0,8%; el Poder Ejecutivo (presidente, ministros, etcétera), 0,4%. Y así podríamos seguir eliminando el otro 38% del Presupuesto Nacional y transferir todos esos recursos a jubilaciones. Aun así, nos va a faltar un 20% más para cumplir con el aumento del 54% que indicaba la derogada fórmula de indexación de haberes. Esto, en verdad, sería “la quiebra del Estado” de la que habló Cristina en 2010". Completo Más: El mito de "la plata que yo aporté"
"¿Qué tan cierto es que algunas provincias no pueden afrontar aumentos a los docentes? En algunos casos es así. En otros, no podríamos estar tan seguros. Pagar bajos salarios no se debe sólo a no tener los recursos. A veces, es reflejo de otras prioridades.
Quizás el Estado nacional salga a socorrer a esas provincias. Pero los docentes no deben ser presa de las desacertadas decisiones o el desinterés de sus gobernantes. Esto viene siendo de este modo desde hace lustros y atraviesa gestiones de todo tipo. ¿El resultado hasta ahora? Menos ingresos de los que podrían tener para todo el mundo. Sí, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque en Argentina no (sólo) hay que ver si una provincia es rica o no para sostener sus aparatos estatales. Hay que mirar los recursos fiscales de los que dispone para mantenerlos.
Veamos esto con un ejemplo:
Sea A que tiene un PBI (Producto Bruto Interno) per capita de $5.000 y B uno de $2.500.
El sentido común indicaría que A puede pagar más que B.
Y así se suele ver la cuestión a primera vista. Pero el sector público provincial no se financia con el PBI per cápita. La Coparticipación de Impuestos es la principal fuente de recursos de buena parte de las provincias.
Este sistema es redistributivo. Es decir, asigna más recursos a las más pobres, como las B del ejemplo.
Por eso hay que mirar los ingresos fiscales (corrientes).
Así, podría suceder que del conjunto de recursos impositivos propios y nacionales la provincia A tenga $1.400 por habitante y B tenga $1.500.
La jurisdicción A ahora tiene menos que B pues el modo de repartir favorece a las menos ricas.
Ahora supongamos que el gasto por alumno de A es superior al de B. Esto podría ser por mayores salarios, más inversión en infraestructura, menos alumnos, etc. En B sucede al revés.
Ahora resta relacionar el gasto por alumno con los ingresos de cada provincia.
Resultado: en A esa relación es más alta que en B; su compromiso es mayor.
¿Por qué?
Pensemos una persona que gana mucho y compra un Cadillac, y otra que gana menos y adquiere un Fitito. Según los ingresos de cada una, el esfuerzo que hace la segunda es mayor que la primera. Si una provincia tiene más dinero que otra y las dos gastan lo mismo por alumno, el esfuerzo de la segunda es mayor que el de la primera. Eso es lo que ocurre en varias provincias argentinas. Algunas generan menos riqueza, pero tienen más recursos fiscales. Entre las que menos se esforzaban en 2017 (último año disponible) están Santiago del Estero, Formosa, San Juan, Catamarca y La Rioja. Pero hay más. Frente al pedido de auxilio, el análisis correcto sería ver su inversión educativa en función de los recursos disponibles. De verificarse el menor esfuerzo, y para no perjudicar a los docentes, un curso de acción podría ser asistirlas, pero con el compromiso que aumenten gradualmente el gasto sectorial. Esto permitiría liberar los recursos destinados a la compensación de los bajos salarios.
Así se dispondría más dinero para todos los docentes:
a) Los de las provincias que no fueron auxiliadas,
b) Los de las que menos invertían y ahora se vieron obligadas a hacerlo y,
c) Los de las que hacen gran esfuerzo, pero aun así los salarios que pagan son menores. De continuarse como hasta ahora, como siempre, habrá menos inversión educativa de la que podría haber. Y lo único igualitario serán los más bajos ingresos sin distinción: para los docentes de provincias ricas, pobres o indiferentes (que también las hay)". Fuente
"Viendo las críticas y desilusiones de muchos compañeros contra Alberto, me doy cuenta que, paradójicamente, una de las ventajas que tuvo Néstor cuando asumió es que no existían los kirchneristas.
En ese momento nadie tenía demasiadas expectativas, así que nadie exigía demasiado.
Y viniendo de años de ajustes y recortes de derechos, cualquier medida en favor del pueblo, por pequeña que fuera, era celebrada. Nadie se desilusionaba demasiado. En cambio, hoy todo tiene gusto a poco.
¿Se imaginan si Alberto tuviera que tomar la decisión estratégica de permitirle a Clarín la fusión Cablevisión/Multicanal, como tuvo que hacer Néstor en su momento? En ese entonces pasó como si nada, pero hoy pedirían la cabeza de Fernández en una estaca, para quemarla en Plaza de Mayo por traidor.
Creo que uno de los grandes legados del kirchnerismo es haber logrado que millones de personas resignadas, que no creían ni se involucraban en política, hoy tengan una ideología y la defiendan. Pero si no entendemos que el único instrumento para transformar la realidad y llevar adelante las ideologías es meterse en el barro de la política, y que ésta está lejos de ser pura, cristalina y sin contradicciones, sino que tiene sus tiempos, sus relaciones de fuerza, sus negociaciones, y sus tragos amargos, entonces nos convertimos en puristas ideológicos, orgullosos de nunca haber dicho, hecho, ni bancado nada que se mueva un milímetro de nuestras convicciones, pero boicoteando en el camino toda posibilidad de acceder, o permanecer, en el poder, para transformar la realidad en la dirección que queremos.
¡Nos convertimos en troskos, básicamente!
Así que dejen el kirchnerismo de paladar negro para las charlas de sobremesa entre compañeros y entiendan que con un 40% de macristas, y todos los medios y poderes fácticos en contra, la alternativa a Fernández no es el Che Guevara, sino el retorno de uno de los gobiernos más cipayo y antiobrero de toda la historia argentina". Fuente Más: La imprudente prudencia
En los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, las becas para investigación acumularon una pérdida de $166.467 pesos, mientras que un investigador principal perdió $642.633, según un estudio realizado por Mariano Barrera, doctor en Ciencias Sociales e investigador del área de Economía y Tecnología de FLACSO-CONICET.
El informe incluye, entre otros análisis, una comparación salarial con el Poder Judicial, y establece que, con un promedio de $238.219 pesos mensuales, hoy los salarios del PJN cuadruplican al de los científicos, que llegan a $60.507, tras el ajuste impuesto por la gestión Cambiemos. Los salarios del sector científico, desde noviembre de 2015 a febrero de 2020, sufrieron una caída del 39%. Esa cifra puede llegar al 46% si se la compara con junio de 2020, y si no se toman más medidas que reviertan el ajuste, especifica el análisis publicado en el portal Periferia.
Para el cálculo, Barrera analizó los años del gobierno de Mauricio Macri en los que la suba salarial del sector científico quedó retrasada con respecto a la inflación, y toma hasta el mes de febrero de 2020, por lo que en el caso de las becas registra una recuperación como consecuencia de las últimas medidas anunciadas.
Es por eso que, hasta este mes, los salarios de los investigadores registraron una pérdida del 39%, mientras que las becas perdieron un 33%. Para que el salario de los investigadores iguale en febrero la capacidad de compra de noviembre de 2015, tendría que implementarse un aumento del 64%, y un 49% para las becas.
"La caída de las becas es menor porque el CONICET dispuso además aumentos paulatinos de 3 mil pesos hasta junio que permitirán que las becas lleguen a $45.430 (doctoral) y $54.833 (posdoctoral)", considera el informe y afirma que "hacia junio las becas recuperarán mucho de lo perdido durante el macrismo y quedarán 19% por debajo de noviembre de 2015". Sin embargo, como no están previstos aumentos para los investigadores, estos llegarán al primer semestre con una caída del 46%, concluye el cálculo. Por ello, "de no mediar un aumento adicional, durante la gestión macrista y el primer semestre del nuevo gobierno, los investigadores perderían la mitad de su sueldo", establece el estudio. Para igualar el poder adquisitivo que un investigador tenía en noviembre de 2015, en junio los investigadores deberían recibir un aumento del 86% de sus ingresos, mientras que las becas deberían incrementarse un 24% más, teniendo en cuenta la mejora dictaminada por el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, hace dos semanas.
En este marco, la incorporación del 50% de la jerarquización al sueldo básico permitiría un aumento nominal del 66%. Ello implica que el salario de un investigador asistente se iría de $46 mil pesos en febrero a $82.500, en junio de 2020. "Esta suma sería equivalente al salario de noviembre de 2015, que hoy debería ser de $79.500 para mantener el poder adquisitivo", y supondría que el "costo fiscal" de recuperar ese poder adquisitivo ascendería a $12.000 millones de pesos.
Barrera informó que, en su estudio, el salario de un investigador principal se construyó con una antigüedad fija de 10 años y 8 informes aceptados. Por su parte, el ingreso del becario y del investigador es el correspondiente al que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"El estado actual de la situación de los abusos sexuales eclesiásticos en la Argentina constituye un verdadero flagelo para la sociedad", denunció la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, un espacio de sostén afectivo que articula sus actividades con organizaciones estatales y de la sociedad civil en materia judicial y de asistencia y acompañamiento a las víctimas. En un documento dado a conocer ayer, la ong evaluó que en Argentina, la Iglesia Católica "mantiene su funcionamiento dentro de un contexto de privilegios y prebendas políticas, económicas y legales. A las denuncias por abuso sexual, se las ventila en tribunales eclesiásticos, rémoras del colonialismo español, marcadamente inconstitucionales, donde se aplica la legislación canónica, que también ha sido impugnada por inconstitucional".
El documento es muy duro con el accionar del papa Francisco: "Jorge Mario Bergoglio ha llevado a cabo más de 70 acciones tendientes a consolidar el sistema de encubrimiento de sacerdotes y religiosas pederastas. Las respuestas que la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina han dado al flagelo en nada promueven un avance y reparación del daño del que son responsables. Mucho menos, la extirpación de raíz del flagelo".
"La última instrucción que levanta el secreto pontificio, si bien cumple mínimamente con exhortaciones de organismos internacionales, no representa un avance. Es una artimaña grosera que busca engañar a los sobrevivientes y a la opinión pública, consolidando la ilegalidad de las investigaciones y procedimientos canónicos", advirtieron las víctimas.
En este marco, el pronunciamiento enumera 36 casos de abusos por parte de curas, monjas y religiosos católicos y el consiguiente encubrimiento de las autoridades eclesiásticas, no sólo de Argentina sino también de Chile y Paraguay.
"Continúa la manipulación, el abuso de poder y la revictimización de las personas abusadas sexualmente, en especial, se observa en los hipócritas pedidos de perdón, discursos vacíos de contenido y acting del arrepentimiento. Se finge dolor", remarcaron, y acusaron que "el Estado argentino es responsable no sólo de mantener los vergonzosos y anacrónicos privilegios y prebendas eclesiásticos que, en pleno siglo XXI, han perdido vigencia sociológica, histórica y jurídica".
"Nuestro compromiso fundamental es difundir y prevenir, haciendo conocer las características y perfiles de los curas y las monjas abusadorxs, así como su modus operandi, para que no destruyan más nuestras niñeces, adolescencias ni adulteces vulnerables", finalizaron.
"En medio de la negociación argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aparece la discusión sobre la posibilidad o no de efectuar una quita sobre los intereses de deuda. Aunque el organismo internacional manifestó que la deuda nacional “es insostenible”, aclaró que no hay lugar para una quita, alegando que no es una posibilidad contemplada por su estatuto.
Un sector del oficialismo considera que el FMI no mantuvo esa misma rigurosidad para cumplir con el inciso que prohíbe que el préstamo sea destinado a financiar la fuga de divisas. A esta discusión se suma un antecedente donde la entidad condonó a un conjunto de 20 países una deuda equivalente a 4 mil millones de dólares en el año 2005.
Desde el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) que conduce Sergio Arelovich, elaboraron un informe en base a esa decisión que contradice la idea de que el Fondo no realiza quitas sobre las deudas concedidas.
El informe además reconstruye el cronograma de desembolsos a partir del último préstamo solicitado al FMI por parte de la gestión Cambiemos y lo compara con los niveles de fuga de divisas durante ese período. En ese lapso el organismo internacional otorgó 44.100 millones de dólares, mientras que se fugaron capitales privados por 52.530 millones.
El texto elaborado por economistas rosarinos recuerda un antecedente de quita efectuada por el FMI. En diciembre de 2005, la prensa anunciaba que el organismo había declarado “incobrable” la deuda de 20 países. Esta decisión significó una quita del 100% sobre una deuda de 4 mil millones de dólares. En aquel momento, el Fondo lo denominó Iniciativa Para el Alivio de la Deuda Multilateral.
El economista e integrante de Mate, Diego Kofman, recordó que países latinoamericanos como Bolivia, Honduras y Nicaragua formaron parte del listado de acreedores beneficiados por la decisión.
“Fue una iniciativa de los organismos internacionales, había un proyecto importante de condonación impulsado por el Banco Mundial y voluntad de colaborar con los países de África”, explicó Kofman. Fue la decisión que tomaron los principales acreedores internacionales ante las dificultades que iban a atravesar en el intento de cobrar. Otra de las cuestiones que incidió en la postura del FMI fue la cancelación de la deuda con la entidad que llevaron adelante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Ignacio Lula Da Silva en Brasil. “Con el pago de Argentina y Brasil en 2005 el Fondo se pudo capitalizar y de esa manera hacer la condonación efectiva a principios de 2006”, analizó el integrante de Mate.
“Lo que demuestra este caso es que el organismo sí puede efectuar quita, en ese caso extraordinario fue el 100% de la deuda que tenían todos los países”, explicó el economista. Por otra parte analizó que el hecho de incumplir “de manera implícita” puede servir de argumentos para que Argentina pueda reclamar una quita en los intereses de deuda.
Diego Kofman (Mate)
Al analizar los volúmenes fugados, entre junio de 2018 y octubre de 2019 se fugaron capitales privados por 52.530 millones de dólares. Este valor supera los 44.100 millones aportados por el FMI al gobierno de Cambiemos.
“Las divisas provenientes del organismo no tuvieron otra finalidad que la de prolongar el máximo tiempo posible el mecanismo de generar un endeudamiento estatal insostenible para financiar un nivel de fuga de capitales privados también insostenible”, expresaron desde Mate.
Durante el primer tramo, desde junio hasta septiembre de 2018, la fuga (incluyendo al sector privado no financiero, al sector financiero y a los capitales especulativos) de 15 mil millones consumió la totalidad de las divisas prestadas por el FMI. El mecanismo de endeudamiento público no se interrumpió, sino que se profundizó. Desde Mate agregaron que “el FMI continuó financiando, incluso sabiendo el uso que se le daba”.
El segundo tramo se dio entre octubre y noviembre de 2018. La fuga de 4 mil millones de dólares, consumió el 70% del desembolso durante esos dos meses. El 30% restante no alcanzó siquiera para cubrir los intereses de deuda externa pagados esos meses.
Entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 se dio el tercer desembolso y la fuga fue de 6.501 millones. Consumió el 66% del tramo. Se usaron 3.049 millones para pagar intereses y sólo quedaron 234 millones para pagos de capital u otros usos.
Durante el cuarto tramo del préstamo, entre abril y junio de 2019 la fuga fue de 8.592 millones, lo que consumió el 79% del tramo. El resto sólo alcanzó a cubrir el 63% de los intereses pagados en esos tres meses. La quinta y hasta ahora última entrega se dio entre julio y agosto de 2019. En esos dos meses se fugaron 12 mil millones de dólares. De esa manera se agotó no solamente lo correspondiente a ese tramo, sino también el equivalente a la totalidad de los remanentes anteriores". Fuente
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