Igual que Menem, Macri anunció el achicamiento del Estado: lo llamó "modernización", como De la Rúa

El anuncio de ayer del presidente Mauricio Macri de lo que denominó Modernización del Estado hizo recordar la ley 23.696, de 1989, durante el flamante gobierno de Carlos Menem, conocida comúnmente como Ley de Reforma del Estado.
Dicha normativa habilitó el derrotero de privatizaciones que descuartizaron el Estado argentino, acusado de ser ineficiente y presentado como causa de todos lo males argentinos.
La derecha vernácula comenzaba así a aprovecharse de un movimiento popular como el peronismo para llevar a cabo la institucionalización del infierno neoliberal iniciado por la Dictadura cívico-militar en 1976.
"Achicar el Estado es agrandar la Nación", festejaba por esos días el ucedeísta Álvaro Alsogaray, uno de los principales impulsores de estas medidas.
Hoy, Macri justifica los miles de despedios del sector público acusándolos de ñoquis y asigna la ineficacia estatal a su no ingreso en el mundo de las nuevas tecnologías y de la gestión de resultados.
Menem, junto a su ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, plasmaron aquella ley de1989 en un libro titulado Reforma del Estado y transformación nacional (1990).
"Las privatizaciones tenían varios objetivos. Uno era obtener recursos para paliar el déficit fiscal y poder equilibrar el presupuesto del Estado, porque con eso era posible un mecanismo de convertibilidad. Otro era dar eficiencia a los servicios públicos, requiriendo a los inversores una mejor prestación que la que brindaba el Estado. Otro era plantearle a los inversores compromisos importantes de inversión, y esto se puede ver en casi todas las privatizaciones de los servicios públicos", explicó Dromi.
Casi un calco del discurso actual del macrismo, que cuenta con el favor de los grandes medios de comunicación, tanto privados como públicos, y la espera expectante de sus votantes, mientras la oposición lo deja hacer y la gente común ve cómo las medidas económicas de la administración macrista-radical-carriotista erosionan su bolsillo y sus derechos más elementales.

Aquella reforma menemista de privatizaciones y desindustriali­zación redundó en altísimas desocupación y subocupación. En mayo de 1995, la desocupación alcanzó el 18,4%.
Las privatizaciones le permitieron al Estado entregar el control y el poder de los sectores de energía, comunicaciones y transportes al poder económico, empresas públicas que se remataron a precio vil, a empresas privadas a las que el Estado previamente les había estatizado sus deudas multimillonarias.
La venta de las empresas públicas se realizó a precio de remate y los beneficios obtenidos por los privados fueron enormes. Así, fueron rifados muchos servicios esenciales como el transporte aéreo, los ferrocarriles, los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, puertos y los servicios de agua potable, electricidad, gas, teléfono, canales de televisión y correo, entre otras.

Según el docente e investigador social Rodrigo Fernández Miranda, "se plantea que los beneficios del modelo se verán en un futuro cercano, y se piden sacrificios y paciencia hasta que se derrame algún beneficio.
Cuando se radicaliza el modelo y aumenta la conflictividad social, el relato apunta a criminalizar la protesta y a denostar lo público. Así se instalan dos marcos: uno legitima “protocolos para regular” la protesta, otro promueve la desafección y la apatía para someter la política, privatizar y reducir el Estado. Ante la pérdida de legitimidad y apoyo al Gobierno se incorporan protagonistas del capitalismo global (FMI, Departamento del Tesoro, BCE o Foro de Davos) que felicitan su “valentía” o “determinación” por aplicar estas políticas, como sucediera con Menem, Fujimori, De la Rúa, Rajoy, Samaras o Sarkozy.
En el lenguaje neoliberal no existe el término “neoliberalismo”, y se llama “ahorro” al ajuste, “reformas” a la transferencia de recursos, “flexibilización” a la precarización, “racionalización” a los despidos, “moderación” a la reducción salarial, “austeridad” a los recortes de derechos o “modernización” al achicamiento del Estado. E “inevitables” a las medidas antipopulares. Distorsión sistematizada en el uso del lenguaje que contribuye a depreciar el peso de la palabra en la política".
El gobierno de Fernando De la Rúa también tuvo su Plan Nacional de Modernización del Estado, que prometía un gobierno ágil y eficaz, e inclusive más sensible "hacia los ciudadanos y una mayor receptividad a sus demandas, orientando su desempeño en el marco de una administración por resultado".
El proyecto de la Alianza buscaba presentar el achicamiento del Estado por el lado de la forma antes que del tamaño, y lo orientaba su discurso anticorrupción que marcó la campaña electoral de De la Rúa, tanto como rige el de Macri hoy, apurado por el mundo mediático-empresarial para que transparente la "herencia K", el único salvamento que avizoran para legitimar el estallido de la bomba económica que las decisiones gubernamentales han ayudado a apurar.

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