Anuncia: "Imputan a Boudou por el manejo de la plata de los jubilados".
Sabemos que es un tema muy sensible para el Instrumento, el de la plata de los jubilados, porque antes la manejaba él, mediante sus AFJPs. Fue justamente Boudou el que le cortó el chorro al proponerle a NK la re-estatización del manejo de los fondos jubilatorios. Pero más allá de este nimio detalle, el término que importa acá es IMPUTAN.
Es decir, Boudou ha quedado imputado por la justicia argentina en una nueva causa por corrupción. Se cumplió el sueño de Lanata, Nico y equipo: por fin el vicepresidente de la Nación está IMPUTADO. Con la gravedad institucional del caso, que haría rápidamente mañana a las fuerzas opositoras pedir su inmediata renuncia. ¿Cómo va a haber un vice en funciones que está imputado por la Justicia? Puede ser un jefe de gobierno porteño -que además está PROCESADO- que debemos proteger para tapar todas sus inutilidades pero un vice, no.
Vayamos a la nota, aunque si pasamos por la bajada de la tapa, ya algunos indicios de pifffff se nos vienen encima: "También INVESTIGARÁN a Bossio". Sonamos. VAN A INVESTIGAR. Si va a ser en un futuro, no puede haber imputados. Los habrá una vez que se termine dicha investigación. Es el proceso normal que se lleva a cabo en cualquier causa judicial. Pero bueno. Dejemos estas sospechas (devenidas de que además se trata de Clarín el que "informa") y vayamos a la nota.
No tiene firma.
El título repite la imputación de Boudou por malversación de fondos. La bajada, sin embargo, explica que "un fiscal busca determinar...".
Leamos -igual- la "crónica":
"El fiscal Guillermo Marijuán impulsó una investigación para
determinar si el vicepresidente Amado Boudou y Diego Bossio -como
directores ejecutivos de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSeS)- cometieron los delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales por haber derivado los fondos de los jubilados a diversas actividades como el financiamiento del “Fútbol para Todos” (FPT).
El
fiscal le dio curso a la causa judicial a mediados de diciembre, pero
la información trascendió recién durante la feria de enero. El caso se
inició por la denuncia de 64 jubilados que fueron representados por el
abogado Fabián Bergenfeld. La causa está a cargo del juez federal
Marcelo Martínez De Giorgi.
Marijuán es el mismo fiscal que en los
últimos meses tomó dos medidas que favorecieron la situación judicial
del vicepresidente. Ahora pidió a la Comisión Bicameral de
Control de Fondos de la Seguridad Social que le informe al juez si hubo
reuniones o debates en ese ámbito donde se discutiera la afectación de
fondos de los jubilados a otras actividades como la compra de
electrodomésticos, el aporte al programa “Automovilismo para Todos” y
algunos subsidios específicos, además de “Fútbol para Todos”.
Es
que los jubilados plantearon en su denuncia que los fondos previsionales
se usaron por fuera de la Ley 26.425 que, desde la estatización de las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) creó el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y rige el modo de manejar
los recursos.
Todos los recursos del sistema previsional pasaron
al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público
de Reparto. Los denunciantes aseguran que destinar el dinero a financiar
-por ejemplo- el “Fútbol para Todos”, está fuera de lo permitido por
artículo 8 de la Ley que dice que “La totalidad de los recursos
únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del
Sistema Integrado Previsional Argentino”. En ese mismo artículo se
agrega que “el activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de
seguridad y rentabilidad adecuados…”.
Los jubilados que
presentaron la denuncia señalan que mientras la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner vetó la Ley que permitía la aplicación del 82 por
ciento móvil a los haberes jubilatorios deriva fondos a otras
cuestiones.
La denuncia explica que: “Sin embargo ocurrió lo
previsible: el Poder Ejecutivo dio vuelta la espalda a lo resuelto en
consonancia por los Poderes Judicial y Legislativo, vetando la aludida
ley en uso de una facultad constitucional que debe utilizarse con un
criterio restringido. Y ¿cuál fue el fundamento brindado a la sociedad
por el Poder Ejecutivo al vetar la ley? Que el sistema jubilatorio
entraría en colapso porque los fondos que maneja la ANSeS resultarían
insuficientes. Entonces, en lo que constituye una verdadera burla a toda
la sociedad y en particular a nuestros derechos, se acentuó gravemente
la dilapidación de fondos por parte de ese organismo. Así, mientras se
veta una ley para evitar el supuesto colapso del sistema, se lo sigue
saqueando con fines espurios, sea para cubrir al exacerbado gasto
público o tan solo con intencionalidades políticas”, señala la denuncia.
La causa ya fue impulsada, será la Justicia la que determine si los
fondos se usaron por fuera de la Ley".
Eso.
Ya'tá'.
Se entiende por qué no lleva firma.
Un dato positivo: hasta en Clarín sigue habiendo personas con dignidad. Que se niegan a firmar otro eslabón más de la degradación acelerada y sin fin del periodismo independiente y objetivo.
domingo, 3 de febrero de 2013
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