Vuelve La Grieta: en Guatemala tampoco quieren que se divida el país

"Con el argumento de que el fallo que condenó por genocidio y delitos de lesa humanidad al exdictador Efraín Ríos Montt está plagado de vicios e inconstitucionalidades, la todopoderosa patronal guatemalteca, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), ha pedido al Tribunal Constitucional la anulación de un proceso que, desde el punto de vista empresarial, “abona a la polarización y deja una percepción muy clara de que la justicia ha sido presa del conflicto ideológico”. 
El empresariado, que se declaró en sesión permanente a partir del mediodía del domingo 12, “para analizar los alcances de la condena”, demanda del Constitucional “contribuir a la gobernabilidad y asegurar un efectivo Estado de derecho”, mientras “lamenta la intromisión y presión ejercidas por personas y organizaciones extranjeras en un proceso judicial guatemalteco”.

Esta actitud gremial no causa sorpresa. Menos cuando en una parte de la sentencia se lee que “el exterminio contra los ixiles se implementó como una forma de defender los intereses de las élites nacionales”. Esto, en un país donde históricamente el Ejército ha estado al servicio del gran capital. Los dirigentes empresariales rechazan esa tesis.
El historiador José Cal considera que el apoyo de la patronal “es una manera de legitimar la represión” y confirma que ésta contó, desde el principio, con su apoyo. Para Edgar Gutiérrez, quien fuera la mano derecha del obispo Juan Gerardi en la elaboración del informe Guatemala, Nunca Más, el primer documento histórico sobre la represión militar, “la Patronal sobreestima el impacto de la sentencia”, y recuerda que aquí no se juzga al Estado de Guatemala, sino a dos personas en particular.
Gutiérrez considera que recurrir al fantasma del retorno a la violencia política “está totalmente fuera de lógica en momentos en que el proceso contra Ríos Montt demuestra que estamos llegando a una etapa de madurez democrática”".
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"Como parte de las medidas alternativas al reconocimiento de las víctimas, el Tribunal aprobó las peticiones de los querellantes para que el Estado guatemalteco pida perdón al pueblo maya Ixil por los actos de violencia cometidos durante el conflicto armado interno.
La reparación debe hacerse con una ceremonia en el Palacio Nacional, así como en las cabeceras municipales de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gazpar Chajul, además deberán depositar en las municipalidades un pergamino que contenga las disculpas y construir un monumento nacional que homenajee a las víctimas.
Las autoridades educativas de cualquier entidad que desarrolle funciones de prevención e inteligencia deberán incluir procesos educativos permanentes en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
El Ejecutivo deberá incluir en el Programa Nacional de Resarcimiento la categoría de genocidio y delitos en contra de los deberes de la humanidad para acceder al resarcimiento. Se deberá construir en la región Ixil un centro cultural dirigido al rescate de la memoria histórica e identidad cultural de los pueblos.
El Ministerio Público, a través de un mural, deberá reafirmar su compromiso para construir un sistema de justicia respetuoso de la diversidad cultural.
El Ejecutivo deberá presentar un proyecto a través del Ministerio de Cultura para que el Congreso emita un decreto legislativo que disponga que cada 23 de marzo se conmemore el día nacional contra el genocidio".
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La ONU festeja el fallo
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