Pablo y Alejandro no solo son hermanos sino también socios del estudio de abogados Tonelli que asesora a las empresas del grupo Macri en varias causas, entre ellas, la del Correo Argentino. En las últimas horas, han sido noticia: Pablo, por proteger jueces misóginos; Alejandro, por ser acusado de "ñoqui".
A pesar de que el viernes 16 de julio el Consejo de la Magistratura decidió el pase a la Comisión de Acusación de la denuncia contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, investigados por ejercer violencia de género en sus fallos, el tema no está incluido en los puntos a tratar en la reunión de este jueves y es la segunda vez que se evita el tratamiento de esta acusación. La responsabilidad de la omisión corre por cuenta de Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Acusación y diputado del PRO.
Anzoátegui y Rizzi están acusados de varios comportamientos misóginos, pero principalmente de ordenar que se investigue a profesionales de la salud que garantizaron la interrupción legal del embarazo de una niña víctima de abuso sexual, tras llamarlos “sicarios” y “asesinos a sueldo” en un fallo de septiembre de 2020. Además, calificaron la interrupción legal del embarazo como "método de tortura de la mafia" y "rituales de las tribus antropófagas", y llamaron "manual de salvajadas inhumanas" al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud.
Tonelli se opuso a la Ley de Paridad en el Congreso, votó en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y es un férreo defensor de que no se enseñe la ley de Educación Sexual Integral y sus contenidos en todo el país.
Su hermano Alejandro no le va en zaga.
Logró ser reincorporado al Ente Binacional Yacyretá y volverá a cobrar un sueldo de más de un millón de pesos libres de impuestos sin desarrollar ninguna tarea. Llegó a Yacyretá como asesor jurídico durante el macrismo y con el cambio de gobierno fue despedido tras la asunción del radical Ignacio Barros Arrechea. Por sus aceitados vínculos judiciales (¿su hermano Pablo tendrá algo que ver?), logró que la justicia ordenara su reincorporación en tiempo récord. La justificación es que había sido despedido durante la pandemia, cuando estaban prohibidas las cesantías en el Estado. Sin embargo, Yacyretá es un ente autárquico y esa ley no aplicaría al reclamo de Tonelli.
En Yacyretá, los funcionarios perciben anualmente 15 sueldos libres de impuestos, por lo que a su regreso Tonelli embolsó una importante suma que además le asegura un retiro confortable. Ya está en edad de jubilarse: el cálculo de sus haberes se hará en base a los cuatro años de funcionario en Yacyretá, bajo el gobierno de Macri, y al menos los tres que cobró durante la actual gestión.
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