Morales Solá y Sabsay quieren el fin de las prisiones preventivas para los genocidas

El gobierno nacional publicó el martes, en el Boletín Oficial, la resolución que pone límites a las prisiones preventivas, una medida que días atrás desató una polémica por los supuestos beneficios que podría traerle a ex funcionarios kirchneristas y a los actuales macristas cuando dejen el poder el próximo 10 de diciembre.
La medida establece que el fiscal o la querella pueden pedirle al juez el dictado de una prisión preventiva únicamente cuando otras medidas de coerción, menos lesivas, "no fueren suficientes para asegurar" el proceso. Esas otras medidas incluyen desde la promesa del acusado de que no se va a fugar, hasta prohibiciones de asistir a determinados lugares y la vigilancia con medios electrónicos, como una tobillera.
Exigen además la aplicación de pautas más concretas para determinar cuándo existe peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación (los requisitos para disponer prisiones preventivas), todo según lo prevé el nuevo Código Procesal Penal, que establece un sistema acusatorio que empezó a aplicarse en el norte del país, como parte de un plan de implementación progresiva.
La nueva doctrina -contraria a la armada por el juez Martín Irurzun y que fue utilizada por la administración macrista para perseguir a ex funcionarios K- también entusiasma, por estas horas, a referentes cercanos a los genocidas presos por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar.
El periodista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, lo planteó en su columna de ayer y lo relacionó con las palabras del Papa Francisco, que el viernes denunció el "uso arbitrario" de las mismas para perseguir a adversarios políticos, como ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri.
"En nuestro encuentro anterior señalé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva. Lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, la situación se ha agravado en algunos países y regiones donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente el cincuenta por ciento de la población carcelaria. Se verifica periódicamente que se hace recurso a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, avanzadas junto a medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados", advirtió el jefe de la Iglesia Católica.

Ante esto, Morales Solá aprovechó para poner el foco sobre la situación de los militares genocidas: "A principios de julio pasado, Bergoglio le dijo a este periodista textualmente: "El último discurso del Papa que provocó revuelo aquí fue su crítica a los excesos de prisiones preventivas; esto es, a la prisión de personas que no están condenadas y son preventivamente detenidas. El Papa hablaba ante un Congreso Mundial de Derecho Penal que se realizó en el Vaticano. Podría decirse, en primer lugar, que no estaba refiriéndose precisamente a la Argentina. La prisión preventiva sin los debidos fundamentos legales es, de todos modos, un recurso judicial cuestionado por no pocos especialistas del derecho. Sin el respaldo de pruebas contundentes, la prisión preventiva se convierte en una condena anticipada. ¿Por qué no suponer también que el Pontífice se estaba refiriendo, si es que se refirió a algún caso argentino, a todas las prisiones preventivas, incluidas las de los militares argentinos acusados de violar los derechos humanos? De hecho, hace muy poco el vicario castrense, Santiago Olivera, designado en ese cargo por Bergoglio, reclamó por el exceso de prisiones preventivas que pesan sobre ex militares y dio cifras precisas al respecto".
Olivera se había quejado, a fines de octubre, por la prisión preventiva que pesa sobre esos ex militares, en el marco del V Curso Internacional de Formación de los Capellanes Militares Católicos al Derecho Internacional Humanitario, que se llevó a cabo en el Instituto Patrístico Augustiniano de Roma (Italia).
"Querer justificar acciones por violaciones a los derechos humanos, violando esos mismos derechos es un contrasentido. Lamentablemente, a veces, se puede recurrir a prácticas que, intentando ser ejemplares, desembocan en situaciones de flagrante violación a las normativas sobre la prisión preventiva, aún a personas mayores de 70 años y con claro deterioro en su salud, por ejemplo, llevándolos a las salas de audiencias en camillas", quiso sensibilizar el obispo castrense.
Por su parte, el abogado Daniel Sabsay, en una entrevista en el canal La Nación+, consideró que lo que viven estos genocidas es "un vía crucis" y apuntó contra los organismos de derechos humanos por haber mantenido el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia que permitió poder encarcelarlos.
"Todo lo que pasa con los militares longevos, que son pésimamente tratados, no se dan las mínimas garantías de atención de salud, de visitas, en fin, es un vía crucis, el principio de inocencia cae. Yo creo que es como una doble condena, una venganza contra esa gente, porque hay una enorme presión de organismos, no es políticamente correcto acelerar, y los dejamos ahí que se pudran. Ya murieron muchísimos", aseguró el constitucionalista.

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Sabsay sobre los genocidas con prisión preventiva: "Son pésimamente tratados. Es un vía crucis, una venganza". pic.twitter.com/R1kTh6WUgA

— Sergio Villone (@sergioVillone) 21 de noviembre de 2019

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