Mientras denuncia que el gobierno avanza contra la Justicia, Clarín se beneficia de ella

En una semana, el Poder Judicial decidió extenderle una cautelar a Clarín para que siga evadiendo la ley de Medios, rechazar el pedido de indagatorias contra Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre por delitos de lesa humanidad en la causa Papel Prensa y, finalmente, no investigar a Cablevisión por estafa contra el Estado mediante fuga de capitales a través del banco HSBC.
El jueves, mientras Clarín atacaba el domicilio particular del periodista Víctor Hugo Morales, el juez federal del fuero civil y comercial Horacio Alfonso, que ya ha fallado a favor del multimedio varias veces, prorrogó hasta enero del año próximo una medida cautelar que le permite al Grupo Clarín no adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Pero Alfonso no sólo fue concesivo con el Grupo en este punto: también rechazó un pedido de la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) para que se le impida a Cablevisión la incorporación de nuevos abonados, dado que excede los límites establecidos por la ley.

El mismo día, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la resolución del juez Julián Ercolini de rechazar el pedido de citación a indagatoria a los directivos de Clarín y La Nación, en la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa, durante la última dictadura militar. Entre los involucrados por la operación están Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto junto a otras dos personas.
La decisión de la Sala I, conocida más de 20 días después de la audiencia pública, fue por mayoría. Mientras que los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah estuvieron de acuerdo en confirmar el rechazo del pedido, Eduardo Freiler votó en disidencia.
En la audiencia, además de los abogados defensores de los acusados dueños de Clarín y La Nación, también expuso el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes, quien desistió de impulsar la acción.
Finalmente, el viernes se conoció que la Corte Suprema de Justicia convalidó en menos de una semana el fallo de la Cámara en lo Penal Económico que anuló la orden de un juez para que Cablevisión se presente a declarar ante la Comisión Bicameral que investiga 4040 cuentas de particulares y empresas argentinas en el exterior, constituidas de manera presuntamente irregular a través del accionar del banco HSBC.
El máximo tribunal demoró apenas seis días en rechazar un planteo por "retardo de justicia" que había elevado la Comisión Bicameral investigadora de instrumentos bancarios y financieros del Congreso ante la reiterada ausencia de los representantes de Cablevisión a las citaciones cursadas en el marco de la investigación de las cuentas no declaradas por contribuyentes argentinos en el HSBC de Suiza.
Los camaristas Hornos y Repetto, por voto mayoritario (el tercer integrante del tribunal, Marcos Grabivker, se pronunció en disidencia) consideraron que "no se verifica una circunstancia que autorice a 'encauzar' un pedido de una comisión bicameral investigadora de la manera en la que lo hizo el juzgado".
Los camaristas Hornos y Repetto dispusieron "en atención a la entidad y la cantidad de los defectos de fundamentación advertidos, y la inobservancia de las garantías constitucionales indicadas, el apartamiento del magistrado que intervino hasta el momento".  Y la designación, en su remplazo y sin sorteo, de otro juez, Diego García Berro.
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