Ayer, los empleados de la Empresa Provincial de Energía (Epec) tomaron la sede central en protesta por el anuncio del gobierno provincial de un plan de retiros voluntarios que podría llegar a afectar a 800 de ellos, además del recorte de beneficios que habían logrado los trabajadores a lo largo del tiempo y que estaban asentados en su convenio colectivo.
Semanas atrás, los protagonistas fueron los trabajadores de la ex Avex, una planta procesadora de pollos que despidió a medio centenar de empleados, aquejada por las bajas ventas y la escasa faena. Luego de ser comprada por el grupo brasileño BRF, ya había echado a 100 trabajadores en 2016, sólo meses después de que el entonces candidato presidencia Mauricio Macri la había puesto como ejemplo y había prometido para la región un "polo avícola mundial".
Vanesa Ruiz, gerenta del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, detalló que el aceite, la yerba y el azúcar aumentaron entre un 7 y 9% y las harinas un 7%. El lunes, con la llegada de nuevos listados, se reflejó también la suba en las líneas de fideos secos con un 12%, un 15 en galletas y un 16 en el café.
Es que, además, la inflación en Córdoba superó la media nacional informada por el Indec el martes (2,7%). En tierras mediterráneas fue del 3,06%, impulsada principalmente por la suba de alimentos y por el tarifazo en los servicios públicos, que ha provocado varias puebladas en la provincia por parte de vecinos que aseguran que no pueden pagar las boletas.
Las políticas nacionales también afectan a los trabajadores nucleados en cooperativas, que ya fueron informados que Cambiemos decidió discontinuar hasta julio el Programa Nacional de Trabajo Autogestionado. Algo similar le ocurrió al intendente riocuartense Juan Mauel Llamosas (PJ) estos días. Fue a Buenos Aires y le dijeron que no le van a financiar las 200 cuadras de pavimento que el ministro del Interior Rogelio Frigerio le había prometido meses atrás.
Mientras tanto, el gobernador Juan Schiaretti ahora dice que el Senado no debería votar favorablemente el proyecto de ley aprobado en Diputados para frenar el tarifazo macrista, luego de que en la Cámara baja había dado libertad de acción a sus legisladores para que lo votaran afirmativamente.
Justamente ayer, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, estuvo en Diputados para vender su proyecto de urbanización de villas y fue duramente increpada por el ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja, que le reclamó que no ha devuelto las pensiones a las personas con discapacidad, como había prometido.
Franco Orsato, delegado de ATE en la Comisión Nacional de Pensiones, delegación Río Cuarto, aseguró que con la administración macrista "se vació el área y además no se otorgan beneficios. Hay demoras de más de 100 mil expedientes de pensiones por discapacidad, y detrás de ellos hay rostros de gente, algunos con enfermedades terminales".
"El expediente no debería demorar más de 10 meses y actualmente hace más de un año o dos están sin moverse. Hasta diciembre de 2015, salían hasta 9 mil beneficios por mes. Ahora, en lo que va del año, se otorgaron 8 mil", graficó.
Uno de esos sectores son los docentes universitarios, que vienen de dos jornadas de paro nacional el jueves y viernes pasado, reclamando un aumento salarial del 25%, mientras que los docentes de primaria y secundaria preparan su participación en la Marcha Federal Educativa del próximo 23 de mayo -que incluye paro nacional- exigiendo por la paritaria nacional y salarios dignos.
Por si algo faltaba, becarios del Conicet salieron a advertir que este año no se incorporarán nuevos investigadores. "Por tercer año consecutivo se manifiesta una reducción en los ingresos al organismo, violentando el plan acordado de un crecimiento del 10% de la planta hasta el año 2020", especificó Juan Torres, investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, casa de altos estudios a la que el gobierno de Macri le debe 41 millones de pesos destinados al funcionamiento mínimo de la misma.
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