Al término del cinematográfico despliegue y exhibición de fuerza, sólo 9 personas fueron detenidas en la delegación de la Policía Federal en Bariloche. Entre ellos ningún hombre, pero sí una mujer mayor de edad que debió ser trasladada al hospital para corroborar la existencia de lesiones, y cinco chicos, uno de ellos un bebé. Los pequeños llegaron a ser precintados por los efectivos comandados por Cané.
Luego de ese violento desalojo del jueves, las fuerzas federales conducidas por Cané asesinaron, el sábado, a Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, y provocaron heridas de balas de plomo en otros 3 integrantes de la comunidad. Mientras tanto, detuvieron a dos jóvenes, que además de ser testigos de la muerte de Nahuel, denunciaron haber sido torturados.
Ayer, luego de una intensa negociación que duró varias horas entre el juez de la causa, representantes de la comunidad mapuche, organismos de derechos humanos y el obispo de la diócesis de Bariloche con el grupo de jóvenes que se niega a abandonar el predio en el lago Mascardi, se acordó suspender la medida de desalojo y entablar una mesa de diálogo con las autoridades, incluyendo a Parques Naciones, para resolver el tema de fondo acerca de la tenencia de la tierra.
El secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, del Ministerio de Seguridad de la Nación, (tal el cargo de Cané) se volvió conocido por sus intervenciones en la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, introduciendo nuevas hipótesis en el expediente del habeas corpus que fueron rápidamente desmentidas por los hechos."La policía no permitió que familiares directos se hicieran cargo de los nenes. Los tuvieron en un patio... Una situación así solo se puede ver en Palestina. Los niños no tendrían que haber sido llevados. Nadie nos dijo nada" Eduardo Soares #WinkulMapu #Bariloche pic.twitter.com/6WS65Mg0bj— Radio Libre (@RadioLibreFM) 24 de noviembre de 2017
Pronto su constante presencia junto al entonces juez del caso, Guido Otranto, y su injerencia sobre las medidas de prueba que emanaban del juzgado hicieron sospechar que su verdadera función no era otra que la de reconducir la causa, apuntando hacia la comunidad mapuche, para alejarla de la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Cané siempre reportó directamente a Patricia Bullrich, con las atribuciones suficientes para ejercer una férrea marca sobre el juez federal, travestir el expediente y levantar informes reservados que luego constituyeron la presentación de la ministra ante el Congreso.
Antes de dejar Esquel, Cané también supervisó, presentándose con el subterfugio de “auxiliar de la justicia”, el allanamiento del 18 de septiembre a la Pu Lof al cual describió como “el procedimiento, el allanamiento porque no es un procedimiento, más grande de la historia argentina: 380 efectivos, buzos, más de 40 móviles, dos helicópteros, cuatro camiones de comunicaciones de Policía Federal, telefonía satelital, los cuerpos especiales de la PFA, grupo Albatros de Prefectura, etc”.
Cumplida su faena (nunca del todo explicada oficialmente), ya camino al aeropuerto de Esquel, dejó una frase: “Hoy vuelvo por suerte, todo tranquilo, me subo a la camioneta, puede estallar la bomba atómica que no miro para atrás”".
Fuente
Los empresarios de Villa Mascardi celebraron la represión
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