A pesar del fin de semana largo, se incrementa el escándalo político por la difusión de varias cámaras ocultas en las que un empresario delasotista ofrece dinero público de la pauta oficial a un periodista para que perjudique a la oposición con la información que el gobierno le iba a dar.
Legisladores de la oposición al delasotismo que ya han presentado denuncias hasta penales por este caso pedirán ser querellantes en la causa penal que instruye el fiscal anticorrupción, Gustavo Hidalgo, con el fin de controlar la marcha de la investigación.
La presentación se hará mañana, según anticipó el legislador Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal Córdoba. Además, insistirán en que sean allanados el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Britos SA (supuestamente propiedad del operador delasotista Horacio Miró, empresario que fue sindicado en las cámaras ocultas como el que quería pagarle al periodista por sus servicios).
Entre el jueves y el viernes se realizaron allanamientos en Kolektor, la empresa que le brinda servicios de cobro de impuestos y multas al gobierno provincial, Cobrex y Córdoba Bursátil, éstas relacionadas con la primera a través de Hermann Karsten, el empresario que renunció por este escándalo a la presidencia de Kolektor.
Cobrex está involucrada, según la oposición, en defraudaciones al fisco por aproximadamente 2.400 millones de pesos, especialmente a través de maniobras ilícitas en la "recuperación" de créditos incobrables del ex Banco Social y el Banco de Córdoba, causa por la cual están denunciados penalmente tanto De la Sota como el ex gobernador Juan Schiaretti.
Los legisladores también irán a la Inspección de Sociedades Jurídicas para pedir la intervención de Kolektor, para posibilitar que sea investigada “por poner en juego el interés público y realizar operaciones de impunidad no sólo en favor de ellos, sino también del Gobierno provincial y de la empresa Britos, adjudicataria de las principales obras públicas”, aseveró García Elorrio.
Por los videos también está en proceso en la Justicia Federal la denuncia de García Elorrio contra Kolektor por la presunta violación de la ley de Inteligencia, al acusarla de armar operaciones en contra de la oposición provincial.
El dirigente vecinalista también aseguró que va a ampliar la denuncia penal al gobernador José Manuel de la Sota y funcionarios de su gobierno, por el mismo delito (espionaje).
Justamente el gobierno provincial dio a conocer anoche un comunicado, tratando de despegarse del caso y prometió que le rescindirá el contrato a Kolektor (que vence en 2017) si la Justicia determina que cometió delito.
El gobierno delasotista señaló que “no puede hacerse responsable de los dichos o hechos de funcionarios de empresas concesionarias o prestatarias de servicios. Son empresas privadas que deberán responder ante la Justicia, y en caso de ser procesados sus directivos, el Gobierno decidirá la acción a tomar, que podrá llegar hasta la rescisión del vínculo jurídico existente, si así correspondiere”.
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