Miró, sentado al lado de De la Sota, en una gira por España en 2011
Es otro efecto colateral del escándalo de las cámaras ocultas que ya provocó la renuncia del empresario Hermann Karsten al cargo de director de Kolektor, la empresa que le brinda servicios al gobierno provincial en la cobranza de impuestos y multas.
Escándalo de dineros públicos supuestamente manejados por privados para comprar periodistas para realizar operaciones políticas que tiene a la defensiva a la administración delasotista, que trata que la onda expansiva se circunscriba a Karsten y Kolektor.
Por lo pronto, el bloque oficialista en la Unicameral decidió desviar a comisión los pedidos de informes de la oposición, mientras el domingo El Panal dio a conocer un comunicado prometiendo rescindir el contrato con Kolektor si la Justicia encuentra alguna irregularidad.
Ayer, le tocó el turno de la desmentida al empresario Horacio Miró, que sin embargo cada vez más ve cómo las luces y las presiones políticas deben llevarlo al escenario público, lugar al cual siempre quiso escaparle para así operar desde abajo del escenario de la política.
Mediante un comunicado firmado por su abogado, Miró "niega terminantemente haber ejercido conductas indebidas y desestima las injustas, difamatorias e infundadas versiones difundidas que afectan el buen nombre, la trayectoria y el prestigio de la empresa".
Miró fue nombrado por Karsten en la cámara oculta donde éste le ofrece al periodista de Canal 10 de Córdoba, Tomás Méndez, dinero de la pauta oficial vehiculizada a través de Britos SA para que perjudicara, con la información que le iban a pasar desde el gobierno delasotista, a la oposición cordobesa.
En el comunicado, Miró debe admitir que es dueño de Britos SA, junto a Mauro César Britos y Walter Poplawski (otro de los nombrados por Karsten en el video de la polémica). La empresa fue una de las aportantes a la campaña electoral de Unión Por Córdoba (el partido de De la Sota) de 2009, a pesar de ser contratista del Estado provincial.
"La empresa jamás ha contratado pauta alguna, publicidad ni asesoramiento con periodistas o medios de comunicación", sostiene el comunicado, en el que Miró asegura que está a disposición de la Justicia. El texto es firmado por el abogado José Luis Palazzo, ex funcionario durante la dictadura, ahijado del genocida Luciano Benjamín Menéndez y de reconocida cercanía con el delasotismo.
El empresario aprovecha para negar "tener licitación pública ni privada" o haber "celebrado" algún "convenio como contratista de obra pública con la provincia de Córdoba durante la actual gestión del Gobierno provincial".
Sin embargo, en la página web de Britos SA aparecen, en el apartado "obras recientes", las del Camino del Cuadrado, el Camino al cerro Los Linderos y la ampliación del Camino de las Altas Cumbres.
Según el diario Puntal (Río Cuarto), "Britos SA es, por lejos, la más beneficiada (en el reparto de la obra pública provincial). Concentra el 20,83 por ciento de los contratos viales de la Provincia y actualmente está ejecutando obras por 597 millones de pesos. Entre ellas, las dos más importantes -y también las más polémicas-: el Camino del Cuadrado, que implicó un desembolso de 81,7 millones de pesos por 35 kilómetros que aún hoy están inconclusos y con inconvenientes técnicos que producen desmoronamientos y roturas permanentes; y el Camino de las Altas Cumbres, con un presupuesto de 416 millones de pesos.
Este último contrato se canalizó a través de la cuestionada Acif (Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento), que fue creada en 2002 y hoy funciona como una Vialidad paralela pero sin los controles de un área gubernamental. Uno de los cuestionamientos es que la Acif tendría nombres en común con la empresa Britos SA.
Miró fue presidente de la Acif durante los primeros años de la década pasada. Esa agencia terminó contratando a Britos SA en 2010 para el Camino de las Altas Cumbres. Sin embargo, como el presupuesto de la obra es elevadísimo, el gobierno provincial terminó ayudando a la Acif para poder cancelar los certificados de obra de Britos.
Durante este año, la Provincia le transfirió a la Acif el 66 por ciento de la tasa vial que los cordobeses pagan en los combustibles; parte de esos 340 millones de pesos se destinaron a pagar la obra de las Altas Cumbres, a pesar de que ese impuesto no puede utilizarse para la ejecución de nuevas rutas sino a la reparación de las ya existentes.
En el directorio de Britos también han aparecido parientes de Carmen Poplawski, quien también condujo la Acif, encargada de contratar y pagar parte de las obras viales de la Provincia. Es decir, han estado en los dos lados del mostrador".
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